La oposición pide acelerar los mecanismos para recuperar y dinamizar el casco histórico de Cartagena

La oposición también llevó al Pleno varias mociones para acelerar la recuperación y dinamización del casco histórico. En este sentido, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, exigió que se requiera de «forma inmediata» a la Comunidad Autónoma que construya en los solares de su propiedad anexos al Palacio de Aguirre y a la sede del Museo Regional de Arte Moderno (Muram).

Giménez Gallo hizo esta petición al conocer que entre los primeros 40 requerimientos realizados por Urbanismo a dueños de solares del casco histórico para que edifiquen, o de lo contrario tendrán que exponerse a la venta forzosa según la Ley del Suelo, no está la Comunidad Autónoma. «No podemos exigir a la propiedad privada mientras mantenemos los solares públicos en ese estado», reivindicó el líder de MC.

La Comunidad adquirió la parcela situada junto al Palacio de Aguirre en 2009 por 2,6 millones de euros para ampliar el Muram. Dos años después, el Gobierno regional quiso desprenderse de esa propiedad y rebajó el precio de venta en 600.000 euros. Nadie pujó por ella. Desde entonces, ese solar se encuentra en estado de abandono.

Por su parte, el responsable de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, aclaró que el orden en el envío de las notificaciones «no responde a ninguna instrucción política, sino que es una decisión técnica».

La también edil de MC Mercedes Graña propuso la regulación del uso de espacios públicos por parte de los comercios cuya actividad sea la venta de 'souvenirs', dentro de la ordenanza municipal de regulación del ejercicio de venta fuera de establecimientos comerciales. Graña añadió que «no se trata de poner más trabas administrativas a la actividad comercial en la etapa tan dura que están viviendo los cascos históricos de las ciudades, en los que cada día es más difícil asistir a nuevas aperturas de negocios que no sean de hostelería. Pero consideramos necesario su regulación y adaptación, tal y como nos trasladan vecinos y comerciantes».

Al respecto, la edil de Comercio, Belén Romero, destacó que los técnicos municipales estudiarán si la «necesaria regulación» de estos negocios se incluye en la norma de convivencia ciudadana o en otra sobre dominio público.

También fue aprobada una moción de la edil María Dolores Ruiz para que el Gobierno local rinda cuentas sobre la necesidad de revisar el Plan Especial de Ordenación y protección del Casco Histórico (PEOPCH), que adjudicará la próxima semana.

Dos años atrás, la Universidad Politécnica de Cartagena concluyó un análisis encargado por el Consistorio para determinar el grado de cumplimiento, vigencia y actualidad del documento. Unas conclusiones de las que, según Ruiz, la Corporación no ha tenido detalles hasta conocer el pasado mes de octubre la licitación de un servicio de asesoramiento y redacción de la revisión del plan de protección del casco histórico por valor de 149.333.57 euros a financiar en dos años.

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, le trasladó las conclusiones del estudio de la UPCT que recomienda la actualización de ese planeamiento de 2005 por los «notables cambios en la situación económica y social, así como en la realidad del conjunto histórico». Braquehais defendió que es un «documento público disponible en la web de Urbanismo», aunque reconoció la «dificultad» de navegar por la misma.

Según la UPCT, la revisión del PEOPCH permitirá programar las intervenciones en áreas pendientes, impulsar la adecuación de los cerros como espacios públicos naturales y fomentar la edificación y uso de los cerca de doscientos solares vacíos.

Asimismo, los mecanismos que defina este documento podrán contribuir a la remodelación del espacio público en la zona este del caso, adoptar nuevos criterios de protección de elementos y la adaptación ambiental con medidas de reducción de los riesgos.

El equipo de gobierno local rechazó la propuesta socialista para recuperar la calle Cuatro Santos, junto con el arreglo de la fachada del aparcamiento municipal del edificio administrativo, la mejora del pavimento y de la iluminación, porque «está dentro de los parámetros del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico», justificó Braquehais. La empresa adjudicataria de ese documento tendrá 22 meses para redactar el documento.

Torres recriminó a PP y Vox que exigen a los vecinos construir en los solares, pero «no son capaces de adecuar las fachadas municipales», lo que atribuyó a una «disminución presupuestaria» en Patrimonio Arqueológico.

Por último, el portavoz del equipo de gobierno local, Nacho Jáudenes, confirmó que la residencia municipal de la calle Caballero ya está desalojada por la ONG Accem. El convenio de cesión de este inmueble, que fue suscrito hace dos años para acoger a refugiados ucranianos, vence el 5 de diciembre. Arroyo y sus ediles decidieron no renovarlo porque había expirado su objeto y acogía a migrantes con protección internacional y ayudas estatales. El Ayuntamiento define ahora nuevos usos para ese inmueble.

Los grupos de la oposición MC y PSOE, -la portavoz de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, no asistió a la sesión por enfermedad-, también cuestionaron la accesibilidad universal en el municipio, desde los locales sociales y el cementerio de San Antón hasta el entorno del estadio Cartagonova. La edil de Política Social, Cristina Mora, enumeró las medidas realizadas hasta el momento, reconocidas con el Premio Letizia y la candidatura a Ciudad Accesible de Europa.

Otro debate controvertido fue a cuenta de la propuesta socialista de ampliar la plantilla de Protección Civil, en el que intervino también la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El líder socialista, Manuel Torres, solicitó asimismo una auditoría de los protocolos de actuación ante alertas y planes de emergencia del Ayuntamiento de Cartagena. En respuesta, el responsable de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, puntualizó que la plantilla está compuesta de 14 personas y de 12 operadores del 112.

«Actualmente hay 54 voluntarios y están abiertas las inscripciones hasta el mes de enero. Se han firmado convenios con la Universidad y con los centros de formación profesional para facilitar que a, través de créditos de libre de disposición, los alumnos tengan un aliciente para conocer el servicio», dijo el edil.

Llorca propuso incluir una transaccional a la moción socialista para que la ampliación se realice cuando «sea necesario», porque con el personal actual «el servicio está perfectamente cubierto». Torres la rechazó al considerar la necesidad de «profesionalizar» el servicio y anticiparse a cualquier catástrofe como la DANA. «No dependen solo de decisiones políticas. Deben ir consensuadas y negociadas en la Mesa correspondiente», añadió Noelia Arroyo.