La construcción se estanca en Cartagena por la pandemia y la falta de un planeamiento actualizado

«Hay una leve recuperación», explicó ayer la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón. Para sustentar esa percepción, sus colaboradores añaden a los mencionados proyectos de obra nueva el de rehabilitación integral de la edificación de la calle Caridad, encima de la panadería Davó. Asimismo, su departamento alienta esa sensación con las informaciones que da casi a diario sobre los proyectos que obtienen licencia, como el anunciado en estos primeros días de febrero a una promoción de diez viviendas en Isla Plana.

Sin embargo, en el sector inmobiliario constatan las dificultades para adecuar las nuevas exigencias de calidad en la edificación, eficiencia energética, lindes, entradas y espacios comunes a una ordenación urbanística aprobada hace 34 años y cuyos intentos de renovación aún no han fructificado. Por eso, gran parte de los proyectos que salen adelante son de rehabilitación y no de construcción de nuevos complejos residenciales.

Iniciativas como el de una torre de viviendas promovida por el empresario Alfonso Torres en un solar segregado del colegio Carmelitas siguen paralizadas por ser incompatibles con una norma municipal, que casi todo el mundo considera obsoleta. Otros como el de Villa París y una nueva urbanización en la Nueva Santa Lucía no arrancan. Si lo hizo, antes del inicio de la pandemia, y sigue en marcha, la edificación de Las Terrazas del Sol, en el lado de San Antón que da a la Avenida Sebastián Feringán, cerca de la rambla de Benipila.

Desde el sector de promotores y constructores repiten que es necesario acortar los plazos para dar las licencias, que se prolongan entre seis meses y un año. En ese trance está el proyecto del complejo Gran Manzana, en Barrio Peral, para construir dos bloques de pisos con piscina.

Castejón anunció, al principio de esta legislatura, la creación de una oficina de agilización administrativa, que incluía una rebaja de los tiempos para obtener todos los permisos. Nada más sucederla en la alcaldía, Noelia Arroyo señaló a su antecesora como la responsable de poner en marcha ese gabinete. Pero las fuentes consultadas en el sector de la construcción indicaron que por ahora no se nota ningún efecto significativo.

Al menos hay tres grandes iniciativas en las que el Ayuntamiento confía para el despegue de la actividad constructiva e inmobiliaria, entre este año y el que viene. Uno es el Plan Rambla, con 1.670 pisos. La liberación de este proyecto del yugo que supone estar en zona calificada como inundable debe facilitar la concesión de los primeros permisos, este mismo año.

En el apartado comercial está la galería Las Dunas, junto a Cabo de Palos. El Ayuntamiento cuenta con el aval de un informe del Consejo Jurídico Consultivo a su legalidad. Lo mismo sucede con un plan parcial en Los Belones.

Con todo, en Urbanismo se consuelan tras haber constatado que existe «un fuerte incremento de las licencias de actividad, que pasaron de 196 en el año 2020 a 283 en 2021», indicó una portavoz del área. Según el análisis de sus técnicos, los permisos de obra también seguirán durante este ejercicio una considerable tendencia al alza.

La Concejalía de Urbanismo anunció ayer que ha acabado el pliego técnico para contratar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, mantiene que estará hecho y aprobado inicialmente en el Pleno antes de las elecciones municipales de mayo de 2023. Informó de que espera que salga a licitación en cuanto el área municipal de Contratación haga el pliego técnico.

En el presupuesto de este año hay 899.000 euros para pagar a la empresa que se hará cargo. Lo que no se aclara es el tiempo que tendrá, aunque sí se destaca que recibirá más puntos en el concurso de méritos aquella oferta que tarde menos. Ese es un factor clave para cumplir con la promesa de tener un proyecto aprobado inicialmente en 16 meses y someterlo a alegaciones.

Así lo constató Castejón, al subrayar que «estamos trabajando de forma simultánea para acelerar la adjudicación» mientras «se avanza en la cartografía, que deberá estar terminada a principios de verano». «Solapamos los trámites y evitamos demoras innecesarias», afirmó.

«Nos comprometimos con vecinos, entidades, empresas y toda la ciudadanía de Cartagena a lograr un documento que permita el mayor consenso posible y garantice un crecimiento ordenado y sostenible del municipio en los próximos 20 años. La idea es conseguir que sea con un urbanismo más amable, pensando más en las personas y en la protección de nuestros espacios naturales, a la vez que da seguridad jurídica al tejido empresarial», explicó la también vicealcaldesa.

Aparte de primar la solvencia y la experiencia de la empresas candidatas, así como la cualificación de su personal, por encima de la rebaja en el precio de su oferta, el Ayuntamiento valorará mejor a la que ofrezcan mejoras cualitativas en el documento. Entre ellas está el grado de detalle de la propuesta tanto en planos, como en fotografías y gráficos. Asimismo, el documento deberá incluir un estudio de movilidad sostenible, un informe de zonificación acústica y un estudio ambiental estratégico.

Con todo ello, el Ayuntamiento espera sustituir con garantías el plan de 1987, actualmente en vigor, y superar el que fue aprobado en 2012 y anulado judicialmente cuatro años más tarde.