El Consejo Jurídico rechaza indemnizar a una promotora por la anulación del Plan General

La anulación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (Pgmou) de Cartagena extendió en 2016 el temor a que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma tuvieran que pagar indemnizaciones millonarias a empresas y particulares, por haber frustrado sus sus expectativas de construir viviendas y otros inmuebles. Las administraciones local y regional han superado, sin embargo, el primer gran envite derivado de la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la normativa de 2012 y recuperar la de 1987. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia acaba de desestimar la solicitud de reparación presentada por una de las promotoras que impulsó un proyecto turístico en Cala Reona en 2009. La firma, Promociones UrbaMenor SL, pidió 9,8 millones de euros en septiembre de 2016.

En una resolución dictada en noviembre pasado y hecho público de forma reciente por el Consejo Jurídico, este órgano consultivo en materia de gobierno y administración en la Región de Murcia recuerda que la ley y los tribunales ponen límites a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En el caso de Cala Reona, el Consejo considera que no ha lugar a resarcir a la propietaria de unos terrenos en el litoral mediterráneo afectada por la sentencia del Supremo, que al igual que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia halló muchos y graves defectos de forma y fondo en el Plan General. La compañía no estaba en condiciones de hace físicamente posible las obras, mediante la oportuna licencia.

El factor determinante, explica el órgano consultivo en su dictamen, es que en el expediente del Avance del Plan Parcial del Sector NCP de Cabo Palos «ha quedado acreditado que no se dieron las condiciones exigidas para que la mercantil hiciera suyo el derecho al aprovechamiento urbanístico». Así, «el Plan Parcial en el que quedaría incluida la finca [de UrbaMenor SL] quedó pendiente de tramitación, al suspenderse la del 'Documento de Inicio de la evaluación ambiental estratégica y avance del Plan parcial'».

«No se puede entender cumplidos los deberes urbanísticos que sobre ella pesasen», afirma el Consejo sobre la promotora. Esta pretendía urbanizar «dos fincas colindantes» que «aparecían como área de suelo urbanizable sin sectorizar».

«No se advierte la concurrencia de un daño real y efectivo que permita declarar que la Administración regional ha incurrido en un supuesto de responsabilidad patrimonial, por la anulación de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 17 de julio de 2012», que aprobó el plan remitido desde el Ayuntamiento, concluye el Consejo.

A la vista de que la Comunidad rechazó su pretensión de ser indemnizada, la empresa presentó alegaciones y dijo que la responsabilidad patrimonial exigible alcanzaría, al menos, la cantidad de 268.317,89 euros. Calculó que era la diferencia entre los 1,5 millones en que fueron valoradas las fincas como urbanizables y los 1,2 de tasación de las mismas cuando dejaron de serlo.

El Consejo insiste en que la tramitación quedó en suspenso en un estado muy inicial, pues el Consistorio emitió un informe con reparos a la propuesta de ordenación del suelo realizada en febrero de 2014 por varias empresas propietarias. La corporación local entendió que el diseño no se adaptaba al Plan General y remitió el expediente al órgano ambiental de la Comunidad.

En 2010, el proyecto de construcción de viviendas y hoteles junto a la última playa virgen situada entre Cabo de Palos y el parque regional de Calblanque levantó una gran polémica. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) recogió 15.000 firmas de ciudadanos contrarios a la recalificación urbanística. Las envió a las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura y Agua, dirigidas entonces por José Ballesta y Antonio Cerdá, respectivamente. ANSE y la Asociación para la Defensa de Cabo de Palos (Adeca) reunieron, además, a más de mil personas en Cala Reona en una marcha de protesta. Allí, mostraron su oposición a construir 500 viviendas y 300 plazas hoteleras en esta zona de la costa, y exigieron a los gobiernos regional y local, del Partido Popular, que pusieran coto a esta urbanización.

Cuatro años después, los promotores volvieron a la carga y presentaron una nueva propuesta ante la Concejalía de Urbanismo. El Ayuntamiento emitió, de nuevo, un informe desfavorable y mandó el expediente a la Comunidad. Esta, a su vez, inició el proceso de consultas a doce organizaciones, entre ellas ANSE y Adeca. Estos dos colectivos denunciaron, una vez más, que el proyecto incumplió el Plan General, al plantear edificaciones en «las zonas con fuertes pendientes que dan al Mar Mediterráneo, entre el límite del Parque Regional y la carretera que da acceso a la playa».

Además, la evaluación ambiental del Ayuntamiento «reconoce la pérdida de 196.145 metros cuadrados de superficie ocupada por hábitats y flora protegida que serían destruidos por la urbanización, incumpliendo también el plan urbano».

Ya en febrero de 2016, la Consejería de Medio Ambiente puso reparos a la propuesta y devolvió la pelota al tejado municipal, al ver un impacto desmedido en la parte montañosa de Cala Reona que da al mar. El futuro de la zona depende, ahora, del nuevo Plan General, que ya está elaborando el Ayuntamiento.