El Consejo Jurídico cuestiona la legalidad de las ayudas a las prejubilaciones municipales en Cartagena

Según afirma el documento redactado por el ente autonómico y al que ha tenido acceso LA VERDAD, fue la misma alcaldesa, Noelia Arroyo, quien, a través de sendas diligencias enviadas a este órgano en diciembre y enero, pidió opinión jurídica sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Consistorio cartagenero. La respuesta es clara. Según el Consejo Jurídico, la gestión de estos montos a los trabajadores jubilados «no está convenientemente amparada en nuestro ordenamiento jurídico».

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia fundamenta su valoración en la jurisprudencia existente. Entre sus apreciaciones, señala que las sentencias del Tribunal Supremo otorgan a estas entregas de dinero carácter retributivo y no las considera ayudas asistenciales destinadas a indemnizar a los trabajadores jubilados durante los años que finalmente no van a trabajar. Para el Consejo, estas entregas de dinero requieren de una base legal que, aseguran, no existe para los funcionarios de las entidades locales.

Asimismo, el organismo de consulta autonómico señala que, si bien estas jubilaciones anticipadas vienen contempladas en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH), esto no anula su presunta invalidez legal. Para los letrados del Consejo, pese a que estén contempladas en un plan municipal, estas ayudas para incentivar la prejubilación continúan sin estar recogidas expresamente en la normativa estatal.

Asimismo, en su tercera apreciación, el Consejo señala que la opción de la externalización a través de una póliza de seguro no cambia la naturaleza retributiva que la jurisprudencia le otorga a estos pagos y, por tanto, tampoco legaliza la práctica, pues el seguro, según señala el dictamen, solo es un mecanismo de pago.

Asimismo, en su cuarta apreciación, el documento deja en el aire la legalidad también de la propia contratación del seguro, el cual argumenta que debe tramitarse, al igual que el resto de contratos, según la vigente Ley de Contratos del Sector Público, por lo que, dicen, podría estar afectado por causas de nulidad.

Fue con el anterior equipo de gobierno cuando, a inicios de la legislatura pasada, se impulsó desde el Ayuntamiento una línea de incentivos a la jubilación voluntaria entre los funcionarios municipales.

Así lo recogen también los antecedentes previos citados en el propio dictamen, que recogen que el 24 de junio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la Fase VIII del PORH, que introdujo las ayudas por jubilación anticipada. Entre esas ayudas, como recogió este periódico, se incluían incentivos desde los 40.000 euros para aquellos que aceptaran la jubilación a los 59 años, según la edad de jubilación y los 5.000 euros para los que abandonaran el servicio público a escasos cuatro meses de cumplir los 65 años.

A partir de ese mismo año, señala el mismo documento, la intervención municipal comenzó a advertir de la falta de cobertura legal de estos incentivos en todos los informes de fiscalización de nómina.

El 28 de noviembre de 2022, la Mesa General de Negociación acordó externalizar mediante póliza de seguro los incentivos a la jubilación y Hacienda elevó la propuesta a la Junta de Gobierno, a donde llegó el 1 de diciembre para su aprobación.

Con los informes favorables de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, en marzo de 2023, el Ayuntamiento adjudicó la póliza a la única aseguradora de las dos consultadas que presentó oferta, valorada en 238.930,33 euros para nueve funcionarios que se jubilarían anticipadamente en 2024.

En octubre del año pasado llegó un primer varapalo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, que desestimó la demanda de un funcionario que reclamaba el cobro de la ayuda. El juez aplicó la doctrina del Supremo y declaró que la ayuda carece de cobertura legal.

Fuentes del equipo de gobierno, a preguntas de LA VERDAD, señalaron que «el Ayuntamiento hizo esa consulta después de la sentencia del Supremo para confirmar si el método actual era viable o inviable. A la vista de que no se puede seguir actuando de esa forma, las delegaciones de Personal y Hacienda están estudiando alternativas».

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia es un órgano consultivo superior en materia de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma. Ejerce su función con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia y no está integrado en ninguna de las consejerías ni departamentos del Gobierno regional. Su objetivo es velar por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, fundamentando en ellos sus dictámenes.

El hasta ahora jefe del área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, se hará cargo de la Dirección General de Vivienda y Promoción Pública, de nueva creación, desde la que el ejecutivo de Noelia Arroyo busca poner en marcha las principales medidas de la estrategia municipal de vivienda. Así se aprobó durante la Junta de Gobierno de ayer a propuesta de la propia alcaldesa.

La nueva jefa de Urbanismo será Alicia García, que desde hace siete meses compatibilizaba la jefatura adjunta de ese servicio con la secretaría general del Pleno.

Martínez Moncada dirigirá además la futura Oficina Municipal de Promoción de Vivienda Pública, desde la que se gestionarán proyectos de construcción, se estudiará su viabilidad económica y se coordinará su ejecución y posterior adjudicación.

«Con su nombramiento, queremos dar un impulso técnico y organizativo al desarrollo de esta nuestros proyectos de vivienda pública empezando por la constitución de la oficina de Vivienda y las primeras promociones que ya hemos diseñado para generar 300 viviendas destinadas al alquiler asequible», indicó Arroyo.

El gobierno municipal, justificó, ha querido que Martínez Moncada, funcionario de carrera del Ayuntamiento con cuatro décadas de experiencia en urbanismo, se mantuviera hasta su jubilación en un puesto de máxima responsabilidad para liderar la gestión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que ya ha sido aprobado inicialmente y se encuentra al final del proceso de revisión de alegaciones.

La Junta de Gobierno también dio luz verde a la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva a asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas para la organización de festejos patronales y populares de los barrios y diputaciones dotados con 100.000 euros en total.

El máximo órgano ejecutivo local también aprobó un nuevo estudio para mantener el condominio C19.2 en el Plan Parcial de Atamaría; así como un acuerdo con ADIF para que el Ayuntamiento abone en cuatro anualidades el justiprecio de las expropiaciones de la vía verde del Barrio Peral, tras el desvío de la línea férrea, por importe de unos 2,6 millones de euros.