Cinco acusados de enterrar bidones con residuos tóxicos en Escombreras solo pagarán 2.520 euros

La Fiscalía pidió condenarles a cinco años de prisión por un delito contra el medio ambiente y de los recursos naturales, en su modalidad de grave daño a la salud de las personas. Pero ante el retraso injustificado en la celebración del juicio y la reparación del daño ambiental causado desde el año 2007 (fecha en la que Befesa adquirió la planta a Trademed) hasta el 2014, acordó con las defensas rebajar la pena a un año. Una disposición legal vigente en el momento de los hechos reduce a su vez ese castigo a la citada sanción económica por uno de los mayores escándalos ambientales de la Región de Murcia en la última década.

Así lo ha establecido el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, en una sentencia donde absuelve a otros dos empleados de Befesa y deja en agua de borrajas la pretensión inicial de la Fiscalía de que las dos mercantiles abonaran a la Comunidad Autónoma y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) los costes de la restauración del ecosistema afectado.

«El daño del vaso del vertedero ha sido reparado a fecha de hoy, conforme al informe emitido por la Dirección General de Medio Ambiente» de la Comunidad Autónoma», argumenta la magistrada Teresa Álvarez. Y añade que «no se han determinado los daños causados al dominio público hidráulico, al no haber podido cuantificarse la totalidad de los vertidos líquidos del vertedero que hayan podido filtrarse a las aguas subterráneas o superficiales fuera del vaso del vertedero». Todo ello, apunta, de acuerdo con el informe de la CHS.

La resolución, dictada el 17 de febrero y a la que accedió LA VERDAD, impone a los cinco condenados seis meses de inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio relacionado con la gestión de residuos tóxicos. Se trata del dueño de la mercantil subcontratada, dedicada a la construcción y el movimiento de tierra; de un trabajador de la misma, quien manejaba la maquinaria «para el enterramiento de los bidones, el depósito de placas de fibrocemento y el traslado de sustancias contaminantes»; del jefe de dirección de Befesa en el municipio hasta agosto de 2015; del jefe de equipo y responsable del vertedero; y de la directora gerente de la planta de 2011 octubre de 2014.

Además, quedan absueltos el gerente posterior y una técnico de calidad medioambiental. Las defensas fueron ejercidas por los abogados Francisco Belda, Carlos José Martínez y Julián Lozano.

Fue una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) la que llevó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a inspeccionar el vertedero el 12 de noviembre de 2014. Junto a técnicos de la CHS, acreditaron el vertido de aguas con níquel y cadmio desde camiones cisterna; y el enterramiento de disolventes con carga de benceno en bidones. Calcularon que había entre 4.000 y 5.000, con mil toneladas en total.

También descubrieron el uso de lixiviados para el riego de viales, lo que causó «un grave peligro para los recursos naturales y la salud de las personas»; el almacenamiento precario y al sol de otros 1.200 bidones; y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por plomo, selenio, mercurio y otras sustancias.