La bajada de la morosidad permite recaudar 782.000 euros más del IBI que en 2018

Recaudar más dinero con menos esfuerzo es uno de los logros municipales, este año, en el periodo de abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que acabó en agosto. Nueve de cada diez contribuyentes (el 89,72%) pagaron en plazo voluntario y solo una décima parte obligó al Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria a requerirle el abono, hacer recargos e incluso embargar la cantidad adeudada, si es posible encontrar el dinero. La bajada de la morosidad ha permitido cobrar ya 782.000 euros más que en el mismo periodo en 2018. Se debe a que las fórmulas que se aplican para favorecer el plazo fraccionado han funcionado. Además, ponen de manifiesto que son muchos menos los que no disponen del dinero para pagar, cosa que pasaba cuando la crisis económica estaba en pleno apogeo.

El IBI ha permitido recaudar 42,5 millones en periodo voluntario de pago. Su previsión de ingresos es de 47,1. De ellos, 46,5 millones corresponden a 191.700 contribuyentes propietarios de bienes inmuebles de categoría urbana y 635.000 euros son de los 3.380 dueños de bienes rústicos. A esa cantidad se suman los 18,6 millones que pagan los propietarios de Bienes Inmuebles de Categoría Especial (BICES), entre los que están, por ejemplo, las grandes empresas del Valle de Escombreras. Estos grandes contribuyentes no llegan a los 200.

En total son 65,3 millones de euros. Esa cantidad representa casi un tercio de los ingresos previstos (el 32,5%) en el presupuesto anual del Ayuntamiento. Y eso que hay 57 inmuebles exentos, porque corresponden a edificios de interés cultural y de dominio público, edificios públicos, centros educativos y de la universidad, propiedades de la Iglesia y de fundaciones, ferrocarriles y las Fuerzas Armadas. Eso supone perdonar 1.277.00 euros. También hay 1.891 recibos bonificados, correspondientes en su mayor parte a familias numerosas, por los que se dejan de percibir 590.000 euros,

El control de la contribución es más sencillo en el 40% de los casos, ya que el cobro está domiciliado en una cuenta corriente. El resto son enviados a las direcciones de correo de los contribuyentes, para que ellos los que los ingresen en tres entidades bancarias o a través de la página web www.oagrc.com.

El IBI subió considerablemente a principios de esta década. Además, hubo una actualización de los valores catastrales en 2013, penúltimo año de gobierno de Pilar Barreiro (PP). Con José López (MC) los contribuyentes notaron una reducción del 6% en el pago, al principio de su mandato. El resto de la rebaja que planteó sirvió para compensar el aumento del valor catastral, que sirve como base para calcular el impuesto. En los dos años de Ana Belén Castejón ha habido bonificaciones sectoriales. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) consiguió la exención para todos sus edificios en el casco urbano.

Los ingresos podrían bajar el año que viene con la aplicación de las bonificaciones prometidas por el Ayuntamiento para los propietarios de edificios que se hayan visto afectados por la DANA. El equipo de gobierno incluyó esa iniciativa en el paquete de ayudas.

Otra de las novedades es la aplicación de una sentencia sobre el cobro del IBI en los últimos años a propietarios de terrenos de la ribera sur del Mar Menor. La Justicia obliga a devolverles medio millón de euros cobrado para compensar a los propietarios de fincas en la zona donde Hansa Urbana pretende construirse la urbanización Novo Carthago. Se trata del paraje de San Ginés de la Jara.

La recaudación de esa cantidad tuvo lugar porque estos terrenos figuraban como urbanizables residenciales ya sectorizados, durante el tiempo en el que se permitió el avance de los trámites de la promoción prevista allí. Eso supone un tipo fiscal mucho mayor que el de un suelo sin sectorizar. La anulación de la planes de urbanización supone que el Catastro reconoce la incorrecta calificación que tenía el suelo.