Arroyo recrimina al Gobierno central que pone en riesgo a los inmigrantes del Naval de Cartagena

Arroyo ha solicitado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que reconsidere esa decisión y que acelere el cierre de la instalación de atención a extranjeros, prevista para finales de junio de 2025 en el mejor de los escenarios.

Esta declaración permite a Migraciones eludir el control municipal para hacer obras en el recinto sin licencias urbanísticas. El objetivo inmediato es instalar carpas y hacer reformas interiores en el antiguo hospital militar, en desuso desde 2012.

El Ministerio podrá mantener la última ampliación de 300 plazas con tres nuevas carpas montadas en octubre, que pese a estar pendientes de la regularización municipal han seguido acogiendo a inmigrantes llegados desde Canarias. La capacidad total del recinto es de 1.072 plazas.

Migraciones abre la puerta también a ejecutar las obras en el inmueble propiedad del Ministerio de Defensa, paralizadas en junio por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena al carecer de licencia. «No sabemos lo que harán a partir de ahora porque no tienen la obligación de solicitar licencia. Seguiremos vigilantes para que se cumpla el compromiso de temporalidad», subrayó Arroyo.

Al respecto, el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Torres, defendió que la intención ministerial es «acondicionar la zona que se solicitó hace ya más de cinco meses y que el Ayuntamiento, a pesar de que se ha aportado toda la documentación requerida, no había autorizado». Aseguró que la orden de Saiz es «imprescindible para usar las instalaciones provisionales y hacer los acondicionamientos necesarios, ante el bloqueo municipal».

La mejora de las infraestructuras podría llevar aparejada nuevas ampliaciones de capacidad, porque el flujo de llegada de cayucos con inmigrantes a las costas canarias es incesante. De hecho, en los últimos días Migraciones ha aumentado las plazas en dos centros madrileños similares al de Cartagena, los de Carabanchel Alto y Alcalá de Henares. Ahora tienen 400 y 100 plazas más, respectivamente. Y también planea abrir uno con capacidad para 400 personas en Torrevieja.

En este contexto, desde la Delegación del Gobierno en la Región recordaron que la declaración de urgencia es un procedimiento «amparado por la ley, que tendrá todas las garantías jurídicas».

Las actuaciones ministeriales desarrolladas en Cartagena sin autorización municipal motivaron dos expedientes sancionadores del Consistorio. Como alternativa, Migraciones ha optado por saltarse los permisos de Urbanismo para mantener su ampliación y hacer las que estime oportunas dentro de la gestión de la crisis migratoria nacional. El campamento del Naval ha recibido a más de 4.600 usuarios desde su apertura en noviembre de 2023, según datos municipales.

Los técnicos de Urbanismo han realizado el informe preceptivo solicitado por Migraciones en el que advierten de la falta de seguridad contra incendios en las carpas instaladas, así como la ubicación del recinto en una zona inundable que se corresponde con las zonas de aparcamiento del antiguo hospital. Este documento concluye que los proyectos de Migraciones son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que clasifica la parcela como sistema general de equipamiento comunitario, reservado para funciones de defensa y protección.

Torres negó el riesgo de inundación en el edificio del hospital, así como en ninguna de las zonas actuales utilizadas. «Si no fuera así, tendríamos un problema con su futuro uso como residencia sociosanitaria aprobado por toda la Corporación».

Arroyo manifestó también la disconformidad del Ayuntamiento por esta decisión «unilateral» del Gobierno de España. «Es una falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad de España que recibe a inmigrantes en patera a través de sus costas, así como en avión desde Canarias. Es ilógico e injusto», aseveró.

Vox, socio del PP en el Gobierno local, no se conforma y mantendrá «actuaciones de presión donde tenemos presencia y en apoyo a los vecinos para que el centro no acabe siendo definitivo, como prevemos», dijo su portavoz, Gonzalo López Pretel.

También se pronunció la Federación de Asociaciones Vecinales, a quien la alcaldesa comunicó la situación. «Las instalaciones no reúnen las condiciones de seguridad para acoger a inmigrantes ni a nadie. El Ministerio no ha cumplido nunca su palabra y hace lo que quiere», dijo su presidente, Tomás Sánchez.

Por último, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, lamentó que «el juego político entre PSOE, que nos impone el CETI, y PP que transige para luego quejarse, victimiza a los cartageneros». El edil remarcó la «discriminación que sufre Cartagena, donde instalan un centro que nadie quiere y no nos compensan con inversiones para el desarrollo del municipio». En la misma línea, la portavoz de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, añadió que «desde que llegaron los huéspedes de Vox al Gobierno de Arroyo este tema se ha convertido en un pulso para ver quién gana».