PSOE y MC de Perín alegarán al Plan General para poder construir casas en zona protegida

Representantes de los partidos que están coaligados en el Gobierno local (MC y PSOE) informaron ayer, tras una reunión con el alcalde, José López, de su determinación en coordinar las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ocho asociaciones de vecinos de la zona oeste. El objetivo es defender el derecho de los propietarios de fincas en 70 asentamientos de hacer nuevas viviendas alrededor. La figura utilizada sería la de los núcleos rurales, que ya se negoció con el Gobierno regional pero que quedó sobre la mesa cuando se suspendió el Plan General en 2015.

Ayer, con el planeamiento urbanístico recién anulado, el presidente de la Junta Vecinal de Perín, Juan Agüera, en representación de MC, y el vocal y máximo responsable del PSOE en aquella zona, José Andreu, se reunieron con el alcalde y con el jefe del Área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada. Ambos les indicaron que tienen la puerta abierta para emitir alegaciones al nuevo texto que está en periodo de exposición pública. Al encuentro para preparar las propuestas están invitados los representantes de Perín, Galifa, El Portús, La Torre de Nicolás Pérez, Cuesta Blanca, Tallante, Rincón de Sumiedo y La Manchica.

En el caso de MC, al que pertenece el alcalde, esta posición a favor de la construcción de viviendas en una zona protegida no es, en principio, contradictoria con la línea del partido. Sin embargo, en el del PSOE, choca la determinación de su secretaria general y vicaealcaldesa, Ana Belén Castejón, en favor de una moratoria en el Mar Menor, mientras quienes representan al partido en Perín quieren permitir más viviendas en un paraje valioso.

Zona natural protegida

Los núcleos rurales y las casas ilegales están en el paraje de la Sierra de La Muela, Monte Roldán y Cabo Tiñoso, amparados por la Red Natura 2000 de ámbito europeo, por sus valores naturales como Zona de especial protección para las aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Ni Agüera ni Andreu quieren entrar en polémicas. Ellos defienden lo que creen que es «justo» para los dueños de viviendas que se construyeron en los años 80 y 90 del siglo pasado. «Nosotros no queremos llenar esto de casas, pero sí defender los derechos de quienes viven aquí», dijo Andreu. Hay unas 300 afectadas por la imposibilidad de mover una piedra, ni para vallar o hacer muros ni mucho menos para hacer un ala o una pequeña casa anexa. Menos de una tercera parte están en situación alegal, según el vocal.

La proliferación de construcciones que salpican el paisaje de Galifa y Perín, fundamentalmente, se generó en medio de cierta laxitud en la vigilancia y la imposición de sanciones. Ambos fueron invitados ayer, durante la entrevista, a presentar alegaciones con la garantía de que serían estudiadas con detenimiento y con la máxima atención a sus intereses. Sin embargo, no recibieron ninguna seguridad de que consigan la legalización. El alcalde ha dicho en todo momento que la resolución de las alegaciones al Plan General «solo depende de los técnicos municipales». «Ellos son los que nos dirán cómo queda el texto refundido sometido a dos meses de propuestas», añadió.

Lo que pretenden los representantes de la Junta Vecinal es acogerse al principio de acuerdo logrado en otoño de 2014 con las autoridades regionales, que abundaba en algunas ventajas que para ellos tenía el planeamiento de hace 30 años. «El Plan General de 1987, que ha vuelto a entrar en vigor, nos es favorable, porque permite los núcleos rurales y la construcción en torno a los caseríos», explicó Andreu. «Sin embargo, en el nuevo se dejó en blanco toda la zona entre Molinos Marfagones y Canteras y el límite del término municipal con Mazarrón», recordó. El motivo es que el anterior Ejecutivo local prefería esperar a que se aprobara el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la zona protegida. Entre tanto, dejó sin margen de crecimiento ni de maniobra a los propietarios.

«El acuerdo de 2014 con la Administración regional reducía de cinco a tres las edificaciones necesarias para considerar un caserío como núcleo rural y rebajaba la superficie de parcela necesaria para poder construir», apuntó el vocal, que ejerce también como presidente de la Asociación de Vecinos de Galifa.

La piscina de Aznar no entra

Para evitar suspicacias, los representantes vecinales que ayer fueron al Ayuntamiento advirtieron de que la piscina y el pabellón con barbacoa construidos en El Palmero por el concejal de Seguridad, Francisco Aznar, cuando aún no lo era y sin la licencia preceptiva, no entran en la alegación. «Está en otro distrito. Nosotros solo ampararemos construcciones de nuestra diputación», según Andreu.