Carpetazo a casi mil expedientes para legalizar el uso de aguas subterráneas en la cuenca del Segura en una década

Las razones se limitan al mal estado o sobreexplotación de las masas de aguas subterráneas donde se ubican esos sondeos y por la prioridad que se ha dado a autorizar antes el acceso a recursos hídricos de las plantas desaladoras del ente público Acuamed en el Levante. A modo de ejemplo, la CHS explica a LA VERDAD que de los últimos 221 expedientes finalizados para legalizar el uso del agua del subsuelo, sólo uno ha obtenido el 'sí' para extraer un volumen anual determinado. Dos tercios de estas demandas han sido denegadas o archivadas por desistimiento del propietario, mientras que el otro tercio ha acabado en recursos de reposición o ante el TSJ de Murcia, siempre con el mismo resultado.

El plan hidrológico del Segura para el ciclo 2009/2015 estableció la posibilidad de acceder a una concesión administrativa de aguas públicas para aquellos usos que cumplían con la normativa que regulaba cuáles podían calificarse como consolidados. Solo había dos vías de acceder a esa regularización si el sondeo no estaba inscrito en el registro oficial de la CHS: acreditar la existencia del pozo con anterioridad al 21 de agosto de 1998 pero priorizando el uso de recursos externos (como un tipo de permuta para apostar por la desalación); sin embargo, si el aprovechamiento iba a continuar con agua del acuífero, el titular debía cumplir con una serie de requisitos.

Entre ellos, la extracción de los volúmenes autorizados debía ceñirse a «los objetivos medioambientales en las distintas masas de agua de la cuenca«, y debían ser compatibles con las medidas adoptadas como consecuencia de las declaraciones de masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. La demarcación tiene 38 masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo y otras 23 que no alcanzan el buen estado químico. De estas, sólo 24 tienen declaradas oficialmente el riesgo al que están sometidas por su degradación.

Tanto el anterior plan de cuenca como el actual permiten la posibilidad de regularizar pozos que no están en el radar de la CHS, pero la entrada en el organismo de nuevos casos ha ido disminuyendo con el tiempo frente a unos primeros años de mucho trabajo (solo cinco solicitudes este año).

El problema para la Confederación no está en terminar cuanto antes con los 300 expedientes restantes, de los cuales la inmensa mayoría recibirán una negativa como respuesta, sino en qué pasa con los que ya la tienen. La CHS debe controlar qué ocurre con esos sondeos que se han quedado sin permiso, y además debe sellarlos. «La existencia de sondeos sin clausurar puede suponer un riesgo elevado de detracción de aguas sin autorización ni control del organismo de cuenca, que puede poner en serio peligro la supervivencia de aprovechamientos de aguas legalmente reconocidos en el Registro de Aguas o el Catálogo de Aguas Privadas», subrayan desde la institución que dirige Mario Urrea.

Por este motivo, la Confederación va a contratar a una empresa que ofrezca apoyo técnico y ayude a acelerar el trabajo, todo con un objetivo: «Se considera imperiosa la necesidad» de clausurar esos sondeos. «Estas captaciones ilegales pueden implicar la entrada de contaminantes a las aguas subterráneas y/o la existencia de interconexión de acuíferos superpuestos, con los efectos indeseables que ello conlleva para su gestión y protección frente a la contaminación o la intrusión marina», remarcan desde el organismo.