El Canal de Denuncias contra los okupas recibe más de cien alertas en dos meses

El Canal de Denuncias contra la okupación ha recibido en dos meses 117 avisos de ciudadanos alertando de posibles casos de ocupación ilegal de viviendas, según informa la Consejería de Fomento, que puso en marcha este mecanismo que protege el anonimato de los denunciantes. El mayor número de avisos corresponde al municipio de Murcia, seguido de Los Alcázares y Torre Pacheco. El Gobierno regional ha informado de cada incidencia a las fuerzas de seguridad «para evaluar el caso y confirmar que se trata de una okupación ilegal».

La Consejería de Fomento señala que el incremento de los casos de okupación que se registraron el año pasado «generó una creciente alarma social en la Región de Murcia, que provoca focos de tensión social en las comunidades de vecinos o barrios y produce dramas familiares». Por este motivo, en noviembre puso en marcha el canal de denuncias (alertaokupa@carm.es) para alertar de forma ágil y sencilla de presuntos casos de okupación en la Región y, en su caso, activar las ayudas de alquiler social de la Comunidad para personas vulnerables que las pudieran necesitar para salir de esta situación. Es una de las medidas recogidas en el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo regional y que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas, indica el consejero José Ramón Díez de Revenga.

Con todas las denuncias ciudadanas recibidas hasta el momento, la Comunidad Autónoma ha creado un mapa de la okupación en la Región que identifica las alertas en los siguientes municipios: Murcia (33), Los Alcázares (31), Torre Pacheco (12), Cartagena (11), Alcantarilla (7) y Molina de Segura (6). A los que siguen San Javier (4), Mazarrón (3), Águilas, Ceutí, Alguazas y Archena (2), y Totana y Ricote (1).

Tras recibir las denuncias ciudadanas, la Consejería ha activado el protocolo para intentar localizar al propietario de la vivienda okupada y proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación del hogar. En tal caso, el equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la okupación de la Región de Murcia evaluará si los okupas están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de alquiler social, que ascienden a 3,1 millones aportados por la Comunidad Autónoma y gestionados por las mencionadas entidades.

A continuación, la Administración regional envía al denunciante un acuse de recibo del aviso, indicándole que se procede a estudiar la denuncia y que se pone en contacto con el afectado a la mayor brevedad posible. Asimismo, se le remite documentación muy útil para facilitar la detección temprana de casos de okupación y recomendaciones y buenas prácticas para evitar ser objeto de esta práctica ilegal. El Gobierno regional subraya que este canal «se basa en la confidencialidad y en preservar la identidad del denunciante con el fin de garantizar por encima de todo la seguridad de la persona y evitar que sea objeto de represalias y amenazas».

Durante el último semestre del año el Ejecutivo regional ha desarrollado una estrategia de «tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos». Pretende «disuadir a las bandas organizadas de que desarrollen su actividad delictiva en nuestra Región, como ya ocurre en comunidades vecinas, porque este tipo de conductas ilegales, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades», señala.

Además de la aprobación del decreto-ley y la activación del canal de denuncias, el Ejecutivo regional ha constituido la Mesa Contra la Okupación para poner en marcha medidas para luchar contra la usurpación y allanamientos de viviendas y combatir la expansión de este fenómeno ilegal en la Región de Murcia.

Otras acciones llevadas a cabo son la publicación del 'Manual de buenas prácticas contra la okupación de viviendas' y el 'Protocolo de detección temprana', que ha elaborado tras una ronda de contactos realizada en los últimos meses con los colectivos vinculados a la vivienda y que pueden consultarse en la página web de la Comunidad Autónoma.

El 'Manual de buenas prácticas contra la okupación de viviendas' recoge indicaciones sobre cómo evitar la sensación de vivienda vacía o cerrada; recomienda no dar de baja los servicios de luz y agua; avisar a los vecinos o comunidad de propietarios en caso de detectar una sospecha de ocupación, ya que las primeras 48 horas son muy importantes; instalar medidas de aseguramiento como puertas y cerraduras con mayor seguridad; contar con seguro del hogar; contratar alarma; intentar alquilar la vivienda; o evitar colocar carteles de se vende o se alquila.

Asimismo, el 'Protocolo de detección temprana', elaborado también por la Consejería, recopila indicaciones de cómo proceder ante esta situación de okupación, como alertar a los propietarios del domicilio; avisar al 112, 091, 092 o 062, para que se personen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, las empresas de cerrajería tratarán de acreditar que su actuación no colabora en la comisión de este hecho delictivo; las empresas de suministros alertarán de cualquier fraude que detecten; y las entidades propietarias de conjuntos de pisos facilitarán su localización para poder ser alertadas de estos actos.