Bolaños: «El Gobierno de España no permitirá más episodios como los de Torre Pacheco y Jumilla»

Félix Bolaños presidió este viernes la toma de posesión de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, a quien pidió que defienda «los derechos fundamentales, la Constitución, la libertad y que cualquier persona se pueda expresar libremente, cualquiera que sea su orientación sexual o sus creencias religiosas». «No vamos a permitir que haya una discriminación abierta a nadie, por ningún motivo,», expresó el titular de Presidencia, quien recordó al Gobierno de la Región de Murcia la obligación de ser solidarios con territorios como Canarias, Ceuta y Melilla en la acogida de menores no acompañados.

El ministro reivindicó las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la Región de Murcia, asegurando que dos de cada tres euros gastados en la Comunidad en 2024 por las entidades públicas procedieron de la Administración del Estado.

Del mismo modo, avanzó que «la Región contará con todos los jueces y magistrados que necesita» cuando se apruebe la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público en la Justicia. De hecho, Bolaños se reunió tras la toma de posesión con el presidente del TSJ en la Región, Manuel Luna, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, presentes en el acto del viernes, para abordar asuntos relacionados con la Administración de Justicia en la Región.

Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas, inició su discurso anunciando que el salón de actos del edificio multiusos en Alfonso X El Sabio llevará el nombre de Francisco Javier Jiménez, en honor al secretario general de la Delegación, fallecido en julio.

Francisco Lucas afirmó que «el Trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar» y ofreció su lealtad institucional al Gobierno de la Región de Murcia para reforzar la colaboración y evitar el enfrentamiento en esta nueva etapa.

Del mismo modo, compartió con la Comunidad la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, «para lo que se requiere acuerdo y responsabilidad», asegurando que «un buen paso» es la aceptación por parte de Fernando López Miras de la condonación de la deuda autonómica, «que permitiría contar con 3.300 millones de euros adicionales para financiar los servicios públicos».

Al igual que Félix Bolaños, Francisco Lucas avanzó que no va a tolerar «que el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad». En ese sentido, insistió en que la Delegación del Gobierno desplegará «todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz de Murcia».

El acto contó con una nutrida presencia de autoridades civiles y políticas, así como con la plana mayor del PSOE, pues Francisco Lucas es además secretario general del PSRM. Entre otros, estuvieron presentes los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España; y de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz; el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; el presidente de Croem, Miguel López Abad; la presidenta de la Cámara de Comercio en Murcia, Miriam Fuertes; el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes; los alcaldes de Los Alcázares, Beniel, Abarán, Lorquí y Ceutí; y los responsables de Armada, Policía Nacional y Guardia Civil en la Región.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, señaló este viernes que Bolaños, «tiene muy poca credibilidad», ya que considera que «ataca a los jueces, cuestiona la independencia judicial día sí y día también y entiende la política desde la confrontación y desde la división, que es la marca de la casa del Gobierno de Pedro Sánchez».

Ante la llamada que realizó el ministro para que la Región acoja a menores no acompañados, Ortuño recordó que Murcia «es una comunidad solidaria», criticando asimismo que el Gobierno de España «no tiene política migratoria» y que excluya a Cataluña y País Vasco de ese reparto de menores por intereses políticos.

Asimismo, sobre la propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores, afirmó Ortuño que «no es razonable ni sensata», tachándola además de «ilegal». Ya que en caso de aceptarla, «dejaremos a bebés en la calle, muchos de ellos españoles, extranjeros sin hogar, para que acaben siendo un problema de seguridad ciudadana», teniendo en cuenta que en la Región hay unos 700 menores, 350 de ellos aproximadamente menores extranjeros.