Las aulas de conciliación siguen en el aire, sin decreto ni dinero para ponerlas en marcha
Familia aún no ha recibido los 7 millones, y Hacienda no concreta cuándo librará el presupuesto para los centros que deben acoger a los niños los días sin clase
Tres semanas después del inicio del curso semipresencial, que obliga a los escolares de Infantil y Primaria a quedarse en casa un día a la ... semana, las prometidas aulas de conciliación para las familias siguen sin fecha de arranque ni decreto que las regule. Los centros, según se comprometió el Gobierno regional, deben acoger a los alumnos cuyos padres trabajen durante las jornadas en las que no les toque ir al colegio. Según lo anunciado, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social debe coordinar con los ayuntamientos el despliegue en edificios municipales y financiar su funcionamiento. El presupuesto asignado, siete millones de euros, procede de la partida de 73 millones que el Ministerio de Educación ya ha enviado a la Comunidad. Según explicaron ayer fuentes de Hacienda, la asignación se está tramitando, y se liberará después de que Política Social presente su proyecto de gasto. Esta última tampoco tiene aprobado aún el decreto que debe regular el funcionamiento de los centros, según la propia Consejería. «No se puede aprobar porque no se puede hacer sin que la cuantía esté generada en nuestros presupuestos», aseguró ayer Política Social. Así, los centros de conciliación están atascados, cuando los colegios empezarán ya mañana con la jornada completa.
A falta de dinero y de decreto, algunos ayuntamientos han empezado a proyectar sus 'aulas canguro' a ciegas, a la espera de poder concretar. En el de Cartagena, aseguran que el diseño está prácticamente cerrado, a expensas de conocer los detalles que deben regir en las aulas sobre ratios, instalaciones... En Murcia, afirman que están «a la espera» para poder trabajar en beneficio de las familias». En el Consistorio de Los Alcázares, trabajan con una subvención añadida, pero aún no están funcionando y, en el de San Pedro del Pinatar, «los espacios reservados están a la espera de instrucciones de la Consejería. Todo depende de las directrices», aseguró ayer la concejal Fuensanta García. Igual ocurre en San Javier, donde aguardan directrices.
El Ayuntamiento de Caravaca tiene también muy perfilado su proyecto de centros de conciliación, que quiere abrir en horario de mañana en distintas dependencias públicas, en función de la demanda, como el Conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas o el Centro Joven.
Las familias siguen haciendo malabares para dejar atendidos a sus hijos cuando no tienen colegio
Otros ayuntamientos socialistas, como los de Torre Pacheco y Lorca, no solo esperan el decreto, sino que también reclaman un informe de la Consejería de Salud que avale la seguridad de esos centros. Los consistorios socialistas denunciaron en su día que los centros de conciliación municipales podrían no ser seguros, porque rompen los 'grupos burbuja', de convivencia estable, que funcionan en los colegios. Al juntar a alumnos de distintos centros y cursos, argumentan, se tira por tierra el esfuerzo por mantener las clases de los más pequeños sin contacto con otros menores.
Unos por otros, las familias en las que los dos progenitores trabajan y no disponen de otros recursos siguen haciendo malabares para dejar atendidos a sus hijos los días sin clase. Es el caso de Leticia, trabajadora en un centro de estética y madre de dos gemelos alumnos de primero de la ESO. «Voy funcionando a base de pedirle favores a mi jefa, y dejando a los niños solos unas horas el día que no tienen clase, pero esto no es una solución», reivindica. Las federaciones de AMPA mostraron ayer su impaciencia por el retraso y reclamaron una reunión urgente a la consejera de Política Social, Isabel Franco. «Los padres necesitan ese recurso, no pueden seguir así», denunció José Antonio Abellán, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres.
La FAPA recurre el modelo semipresencial porque «ataca al derecho a la educación»
El modelo de enseñanza semipresencial «ataca el derecho a la educación de los menores y genera desigualdad», a juicio de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Juan González, que presentará hoy un recurso de alzada contra la orden de la Consejería de Educación que instauró el sistema. La agrupación de 500 ampas denuncia que Murcia es «la única comunidad de España» en la que todos sus alumnos, a partir de los 3 años, tienen que pasar alguna de las jornadas lectivas en casa, con lo que no pueden formarse «al cien por cien en todas las materias».
Lamentan también que la contratación de 1.500 docentes anunciada por la Consejería no ha servido para desdoblar grupos, reducir ratios y garantizar la presencialidad en las aulas a todos los menores, lo que genera un «caos organizativo para el día a día en los hogares» e imposibilita la conciliación. Además, consideran que la «mal llamada teleformación se limita a un volcado de deberes» que los niños deben hacer en casa el día que no tienen colegio.
Por su parte, la Consejería de Educación publicó ayer una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos, para que realicen acciones de prevención y control del absentismo escolar, dotada con 268.000 euros.
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