La Audiencia juzgará el jueves al exjuez Calamita por un presunto delito de odio
El fiscal pide un año y medio de cárcel para el exmagistrado, que ha pedido perdón y no acudirá a la vista
El nombre del exjuez Fernando Ferrín Calamita, condenado por obstruir la adopción de la hija biológica de una lesbiana por su compañera, regresará la próxima semana a los tribunales. La Audiencia Provincial tiene previsto juzgar el próximo jueves al exmagistrado por un presunto delito de odio.
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La Fiscalía reclama para él un año y medio de cárcel por publicar una carta en una red social asegurando que las mujeres, las mismas que en su día se vieron perjudicadas por su resolución injusta, se habían acabado separando y habían dejado a su hija común en una situación de desamparo.
El exmagistrado, sin embargo, ya ha anunciado su intención de no acudir a la vista, según explicaron fuentes judiciales. En un escrito dirigido a la Audiencia esta semana, Ferrín Calamita, que ya pidió perdón en 2021 por estos hechos, reitera sus disculpas y avanza que, tal y como la ley permite, no acudirá a la vista. «Solo puedo mostrar mi profundo arrepentimiento, ofrecerles mis sinceras disculpas y reclamar humildemente su perdón», remarcó hace dos años en un escrito. «Únicamente decir que en absoluto el móvil ha sido el odio, el rencor, la animadversión o la intención de dañar o difamar».
Inhabilitación para oficio educativo
En este procedimiento, las dos mujeres afectadas no se encuentran personadas. La acusación la ejerce la Fiscalía, que considera que ambas «se vieron sometidas a una humillación pública, escarnio, descrédito» y fueron «cuestionadas en su condición como personas y como madres por su orientación sexual». El Ministerio Público reclama, además de la pena de prisión, que se le impongan al exjuez seis años de inhabilitación para profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre. Reclama además que indemnice a cada una de las afectadas en 3.000 euros.
Calamita abandonó la carrera judicial después de que, a finales de 2009, el Tribunal Supremo lo condenara a una década de inhabilitación. Con esa sentencia corregía el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que le impuso dos años y tres meses de inhabilitación por prevaricación.
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