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La Asamblea aprueba la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor
López Miras asegura que «es una buena ley» y reclama de nuevo la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la regeneración de la laguna
La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, desarrollada a partir de la Ley Integral aprobada como decreto del Gobierno autonómico el pasado diciembre, ya es una realidad. Tras una tramitación de urgencia que ha durado casi siete meses, Asamblea Regional la ratificó este miércoles en pleno con los votos a favor de los diputados de los tres grupos mayoritarios, el PSOE, el PP y Ciudadanos, lo que, de entrada, le augura un largo recorrido al margen de los ajustes que pueda tener en los próximos años fruto de la experiencia en su aplicación. Como estaba previsto, los diputados de Vox y Podemos, muy críticos con la alianza de los otros tres partidos, votaron en contra. Tampoco prosperaron las enmiendas presentadas por sus diputados y reservadas para su votación en Pleno.
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Quienes la han hecho posible celebraron la aprobación con un largo aplauso y puestos en pie en el hemiciclo. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, felicitó a los grupos políticos y aseguró que, aunque no es el texto que hubieran querido ni PP ni PSOE ni Ciudadanos, «es una buena ley conseguida desde los distintos posicionamientos». También destacó que la norma hace compatible la complicada tarea de recuperar el Mar Menor con la labor agrícola «sostenible y de precisión» en el Campo de Cartagena.
López Miras trasladó un mensaje a los agricultores, a los que aseguró que el Gobierno regional ayudará a conseguir la transformación necesaria del sector, y pidió una mayor compromiso de la Administración General del Estado. Tras denunciar que la Confederación Hidrográfica del Segura «pone piedras en el camino», criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez «lleva 45 días sin contestar a la carta que le envié para recordarle que la recuperación del Mar Menor también es una cuestión que necesita la implicación del Estado».
La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor establece una serie de medidas para permitir los usos turísticos, urbanísticos y agrícolas con las tareas de regeneración de la laguna salada. Entre las nuevas normas que entrarán en vigor destacan la creación de una franja de protección de 1.500 metros donde solo estará permitida la agricultura ecológica y sostenible de precisión nunca a menos de 500 metros del agua. También serán restringidos los usos de abonos en toda la cuenca, donde las grandes explotaciones agrícolas de regadío deberán controlar con sensores los aportes de riego y fertilizantes para evitar la contaminación del acuífero del Campo de Cartagena, que filtra agua y nitratos a la laguna.
El debate y votación de la nueva ley fue seguido en la Asamblea por representantes de organizaciones agrarias y por el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez. El sector la rechaza por considerar que está elaborada sin el suficiente asesoramiento técnico, lo que puede suponer en los próximos meses el cierre de explotaciones agrícolas y la desaparición de cientos de puestos de trabajo.
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Aprobada la ley para mitigar el impacto de la Covid-19 en infraestructuras y vivienda
Los votos favorables de PP, Ciudadanos y de Pascual Salvador (VOX) y la abstención de los otros tres diputados de VOX han sido suficientes para que el Pleno de la Asamblea Regional pudiera aprobar la ley para mitigar el impacto del COVID en el área de infraestructuras y vivienda.
La normativa introduce enmiendas consensuadas por PP, PSOE y Ciudadanos aunque los socialistas han optado por votar en contra de la misma al considerar que «no justifica los cambios normativos que se proponen, sino que es más bien un atajo con la justificación de la agilización administrativa» añadiendo que la norma supone una «desregulación» de otras leyes.
En cuanto a las medidas que se contemplan en la ley, el diputado del PP Juan Antonio Mata ha destacado la reducción de los tiempos de respuesta entre las administraciones para «acabar con el freno a la inversión generadora de empleo que supone la duplicidad y lentitud de los trámites necesarios para el desarrollo de muchos proyectos».
También se refuerza con ella, según el diputado 'popular', el control del vertido de sustancias contaminantes al medio marino, rebaja también los cánones al sector pesquero y a actividades hosteleras, comerciales, deportivas e industriales vinculadas con los puertos cuando se vean afectados por fenómenos climatológicos extremos.
En materia de puertos Mata ha destacado que «se incluyen medidas de sostenibilidad ambiental, lucha frente al cambio climático y de refuerzo del control del vertido de sustancias contaminantes al medio marino, así como una amplia rebaja de los cánones al sector pesquero y a las actividades hosteleras, comerciales, deportivas e industriales vinculadas con los puertos cuando sean afectadas por fenómenos climatológicos extremos».
En cuanto a las modificaciones que afectan al sector de taxi, la norma «protege a los taxistas autónomos, mejorando sus condiciones de trabajo y su competitividad». Además, «se promueve la sustitución progresiva de los taxis por vehículos híbridos o eléctricos, con la idea de reducir el impacto de las emisiones contaminantes en las ciudades».
Durante el debate parlamentario también se ha expuesto que a través de esta ley 650 familias residentes en viviendas sociales podrán pasar a ser propietarias de las mismas.
El diputado de Ciudadanos Francisco Álvarez ha señalado que la normativa supondrá un «impulso a la reactivación económica» destacando la «voluntad de alcanzar consensos tan necesarios». En ese sentido ha agradecido la labor de los Puertos Náuticos de la Región y ha detallado que en materia de vivienda se mantiene el registro de demandantes para «poner a disposición una vivienda para quien más lo necesita».
No obstante, durante el debate ha habido críticas a la ley por parte del PSOE que, en boca de Pedro López, no entiende que entre las primeras medidas de la ley «se centre en la modificación de la ley de Puertos olvidándose la modificación de las medidas en materia de transporte público. No podemos permitir que la pandemia sea una excusa para seguir precarizando el transporte público», ha dicho.
El socialista también cree que para proteger el Mar Menor «tenemos que pensar en eliminar progresivamente los puertos deportivos de hormigón y fomentar los deportes náuticos de vela». A su vez ha matizado que las modificaciones de la ley «no van a servir para apostar por un modelo urbanístico distinto. La reforma de la ley plantea medidas desregulatorias».
El diputado de Podemos, Rafael Esteban ha apuntado que la «relación entre regulación y crisis del Covid.19 solo podemos declararla como delirio interesado. El decreto desregula», ha dicho resaltando que su grupo decidió no formular enmiendas ni participar en la ponencia ni en el dictamen porque «no se nos hubiera aprobado ni una enmienda, todo funciona en forma de rodillo».
El parlamentario ha asegurado que la norma «desregula la protección del medio ambiente, del Mar Menor y del derecho a la vivienda. Es una ley que robustece a los poderes bajo la excusa de una terrible pandemia».
Tras el debate el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha agradecido a los grupos que hayan enriquecido la ley aludiendo a que ésta «ayudará a salir de la crisis del coronavirus y a generar mayor riqueza y empleo», lamentando también el «cambio de última hora del PSOE».
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