La apuesta digital de la banca lleva al cierre de 281 oficinas en la Región en cinco años

Se trata de 281 oficinas menos que las 831 contabilizadas en el año 2017 -un tercio por debajo-, justo cuando acontecía un momento de reactivación económica tras superarse la crisis hipotecaria que estalló en 2008. Sin duda, un desplome muy significativo que aparece vinculado, claramente, a la apuesta estratégica del sector por reducir al mínimo la atención presencial y canalizar a la clientela hacia la banca electrónica. Y es que se focaliza la actividad en las oficinas al asesoramiento especializado y a la gestión comercial.

Con las nuevas incertidumbres que ha traído la pandemia se ha acelerado todavía más esta evolución, ya que entre 2019 y 2021 se produce el principal descenso, con la pérdida de 196 establecimientos; mientras que entre 2017 y 2019 se contabilizaron 85.

En muchos municipios han llegado a desaparecer hasta la mitad de las sucursales que había, y en la mayoría más de un tercio, con los núcleos rurales como los principales perjudicados.

Una tendencia que ha generado un intenso debate social y numerosas criticas como consecuencia de los problemas que este sistema de trabajo ocasiona entre aquellos clientes sin una destreza digital, tal como ocurre, sobre todo, con el colectivo de personas mayores. Con todo, la previsión es que sigan cerrándose más sucursales, dentro de una política global de reducir los costes.

Desde las asociaciones de consumidores y usuarios llevan tiempo dando la voz de alarma al respecto. Adicae en la Región denuncia esta «exclusión financiera» que genera «grandes dificultades en la población más mayor, pero que afecta igualmente a grandes capas de consumidores, incluso al conjunto de la población».

También la organización regional Consumur apunta a los efectos negativos de la fusión de entidades bancarias, tanto por el cierre de oficinas, como por el agravamiento de otras restricciones cada vez más palpables, entre las que destacan la limitación de los horarios de atención presencial y la propia derivación a los cajeros automáticos o a la banca 'online'.

Así que la actual reestructuración del sector «nos lleva a pensar que para operaciones habituales de las personas mayores se les va a seguir expulsando de la oficina y solo se les atenderá cuando quieran realizar operaciones de más de 600 o incluso 1.000 euros», algo que califican de «totalmente abusivo», concluye Adicae.