Los antiguos becarios, hoy científicos y profesores, ven tambalear su jubilación

Los antiguos becarios se enfrentan a distintos escenarios: pagar de su bolsillo a la Tesorería General de la Seguridad Social 290 euros por mes trabajado sin cotizar, lo que da una suma de 17.000 euros para quienes lo fueron cinco años o más; trabajar hasta los 70 años para seguir acumulando años cotizados; o no hacer nada porque su edad y circunstancias laborales les permitirán llegar a su jubilación con años cotizados suficientes. Las sociedades científicas han puesto el grito en el cielo por la decisión del Ministerio, con la que han tomado conciencia de que el esfuerzo y talento que aportaron para lograr y desarrollar la beca pre y postdoctoral antes de 2011, a efectos de la Seguridad Social, ha desaparecido de su vida laboral.

«¿Dónde están todos esos años de esfuerzo y dedicación? Pues parece que en ninguna parte. Es una injusticia y un disparate absoluto», denuncia la investigadora murciana Soledad Almansa, profesora titular del área de Fisiología Vegetal en la Universidad Miguel Hernández, a quien le indigna que la medida se anunciara el Día del Trabajo. «Estamos hablando en muchos casos de investigadores de primer nivel y que son referentes internacionales en el estudio del cáncer, por ejemplo», reprocha Almansa, quien dedicó años de su juventud a trabajar como becaria sin mirar el reloj, festivos incluidos, en el Cebas. «Dimos mucho; cobrábamos una miseria, en una época en la que el centro de investigación se posicionaba en todos los ránquines; trabajábamos como el que más, y desde luego que no eran unas prácticas; y ahora es como si esos años no hubieran existido para las instituciones», lamenta la científica, a quien le duele el poco aprecio a la aportación de los becarios antiguos al desarrollo de la investigación y la ciencia españolas.

Los científicos afectados, organizados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), critican además la desproporción de las cuotas que deberían pagar quienes quieran acogerse al convenio especial, que utiliza la base mínima de cotización para la jubilación del régimen de 2024, en lugar de la vigente en el año en que se realizó la beca. Esa disparidad ocasiona que un investigador que cobraba una beca media de unos 600 euros al mes en el año 2000 tendría que pagar ahora 290 euros por cada uno de esos meses, lo que representa aproximadamente la mitad del salario que ingresaba entonces. También lamentan que «no se ha tenido en cuenta nuestra idiosincrasia: no éramos estudiantes, sino personal muy cualificado ya trabajando».

Los científicos afectados son los que disfrutaron de sus becas antes de 2011, año que supuso todo un cambio de paradigma. Tras años de reivindicaciones de los colectivos de jóvenes investigadores, que se autodenominaban 'becarios precarios', el Gobierno estableció que los programas de ayuda a la formación del personal investigador eran trabajo y como tal debían considerarse. La normativa se fue desarrollando y las antiguas becas para hacer la tesis doctoral, las de Formación de Personal Investigador o de Profesorado Universitario, las más prestigiosas que otorga el Ejecutivo, debían ser contratos a todos los niveles.

El murciano José Antonio Piqueras Rodríguez es catedrático en la Facultad de Psicología en la Universidad Miguel Hernández de Elche desde hace un par de años. Como muchos de los investigadores y docentes de élite, tiene una vida profesional salpicada de becas muy competidas y salarios de supervivencia. «En su época teníamos una plataforma llamada 'becarios precarios', y vamos camino de terminar con una jubilación complicada también». Con todo, recuerda la consecución de esas plazas de becario con orgullo. «Estaba muy motivado, con ganas de aprender; hacerte un hueco en una de esas becas tan competitivas ya era un logro».

La jubilación de Piqueras está hoy, como la de decenas de becarios de la época, marcada por los interrogantes. «No sé si puedo aspirar al 100% de lo que me correspondería si no cotizo yo mismo por esos años, pero sé que hay compañeros en situaciones más complicadas, que se han pasado años y años en el laboratorio». Si apuesta por completar los años cotizados en el limbo, tendrá que abonar 15.000 euros para ponerse al día con las cuotas de la Seguridad Social.

Los ocho años de becaria en la Universidad de Alicante y en Reino Unido los pasó trabajando como si no hubiera un mañana y sobreviviendo con salarios de 600 euros. «Estudie Biología en la Universidad de Murcia; allí hice la tesis con la beca predoctoral en el área de Genética. Luego estuve contratada de ayudante doctor en la Universidad de Alicante cinco años, y después en Reino Unido, hasta que en 2011 me incorporé a la Universidad de Castilla-La Mancha como contratada doctora; soy titular desde 2018».

Con esa trayectoria laboral, la profesora de Ciencias Ambientales y Bioquímica se plantea estos días que no le quedará otra que trabajar hasta los setenta o pagar ella misma por los años que no le cotizaron sus empleadores. «Me va a tocar trabajar hasta los setenta años», se lamenta la científica, quien no termina de entender por qué no son las entidades que les contrataron las que se hacen cargo, que al fin y al cabo son organismos públicos. Aún no ha hecho cuentas, pero tiene claro que ahora no está en disposición de abonar más de 15.000 euros.

Profesor titular del área de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del grupo del IMIB de terapias moleculares y biomarcadores de tumores sólidos, Luis Sánchez del Campo Ferrer ha trabajó duro para lograr, en competencia con investigadores de excelencia, las becas de la Fundación Séneca para realizar su tesis, que le llevaron hasta el Ludwig Institute for Cancer Research de la Universidad de Oxford. En el año 2010 obtuvo una beca de la Fundación Séneca para realizar una estancia posdoctoral investigando acerca de las bases moleculares del melanoma en el Ludwig Institute for Cancer Research. En su vida laboral y a efectos de cotización, sin embargo, esos años han pasado en blanco. Son ejercicios perdidos, sin derechos laborales ni cotización. «En mi caso tendría que pagar más de 17.000 euros para que constaran, me voy al tope. Y eso que cobrábamos muy poco, pero han aplicado la cuota actual, cuando el salario era el de hace más de una década. Confiamos en que se revise la situación, porque somos la generación que ni siquiera tiene claras sus pensiones».