Abogados, procuradores y graduados sociales exigen en la Región de Murcia una solución urgente a la segunda huelga judicial del año

La paralización de la actividad en juzgados y tribunales, salvo en los servicios considerados esenciales, por la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia sacó este miércoles a la calle a decenas de abogados, procuradores y graduados sociales en la Región de Murcia. Dentro de una convocatoria nacional, que se tradujo en concentraciones ante sedes judiciales y de los colegios de letrados, estos profesionales exigieron que el Ministerio de Justicia «reactive de forma inmediata este servicio público» y tome «medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados».

Ello, señalaron, pasa por garantizar los servicios mínimos, evitar la suspensión de vistas orales y buscar soluciones al paro de los funcionarios, el segundo en seis meses tras el de los letrados de la administración de justicia (LAJ). También hubo un amago de jueces y fiscales, que como los LAJ lograron subidas salariales.

 

En las protestas celebradas en Murcia, Cartagena y Lorca, los profesionales insistieron en que se están reduciendo al mínimo los ingresos en los despachos; hay cierres y despidos; y miles de ciudadanos y empresas sufren demoras hasta de años en asuntos de las distintas jurisdicciones: civil, penal, laboral, mercantil y contencioso-administrativo. Así lo resumió el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano, quien leyó a mediodía un manifiesto ante la Ciudad de la Justicia. Su colectivo denunció la «situación insostenible».

Los manifestantes exhibieron pancartas con el lema 'La justicia es una cuestión de Estado'. Y advirtieron de que el conflicto sigue «sin visos de solución». Los servicios esenciales, cuyo cumplimiento nadie discutió, tienen que ver con menores, presos, violencia contra la mujer y pensiones alimenticias, entre otros temas.

Los abogados calcularon que solo en el partido judicial de Murcia el colapso ha obligado a suspender la tramitación de unos 20.000 asuntos, un hecho «gravísimo» que afecta a «un servicio público tan esencial como la educación y la sanidad» y sin el que no hay «Estado social y democrático de Derecho», y en consecuencia tampoco «democracia ni libertad». Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la Región ya ha habido 4.500 suspensiones de juicios, que se suman a las 14.000 de la huelga de los LAJ.

«Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la Justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar», indicó Martínez. Y se refirió también al bloqueo de la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales y a que hay «señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027».

El decano del Colegio de Graduados Sociales de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, exigió el cumplimiento de la legislación sobre huelgas; y, en concreto, el nombramiento urgente de un mediador o árbitro que obligue a los funcionarios y al Ministerio a alcanzar un laudo, es decir un acuerdo de obligado cumplimiento. Hernández cargó con dureza contra la propuesta del Ministerio que dirige Pilar Llop de aplazar la negociación a después de las elecciones generales del 23 de julio.

Y la decana del Colegio de Procuradores de Murcia, María Dolores Cantó, instó a planificar mecanismos que permitan «resucitar» el servicio judicial desde el día siguiente a la resolución del conflicto; esto es, un plan de choque para sacar adelante la mayoría de asuntos pendientes posible y atender los nuevos.

Por último, abogados, procuradores y graduados sociales también reivindicaron que, en la próxima legislatura, se firme un Pacto de Estado por la Justicia, «que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad». El acto fue apoyado por la diputada regional del PP Miriam Guardiola. Y el cabeza de lista al Senado por este partido en la Región, Francisco Bernabé, mostró «el apoyo y la solidaridad» con los afectados por las huelgas y pidió Un Pacto Nacional por la Justicia.

De forma simultánea, funcionarios judiciales, con representantes de cuatro sindicatos al frente (CC OO, UGT, CSIF y STAJ), se concentraron detrás de los abogados. A escasos metros de estos exhibieron una pancarta con el mensaje 'En Justicia. Retribuciones y condiciones dignas'. En representación de este colectivo, Flora Martínez, responsable del sector de Justicia de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, explicó que «la Justicia es un asunto que afecta a todos» y que los empleados públicos llevan «dos meses de huelga, expresando nuestro descontento y buscando una solución». Precisó que en la Comunidad hay afectados 1.500 funcionarios.

«Entendemos la desesperación de los profesionales y de los ciudadanos, a los que pedimos disculpas. Pero lo único que queremos es que el Gobierno se siente a negociar y atienda nuestras justas reivindicaciones. No tenemos ninguna propuesta ni convocatoria de reunión y no vamos a esperar indefinidamente a que se constituya un nuevo Gobierno», señaló Martínez. Y añadió que «el único responsable de esta situación es ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

Reiteraron el reconocimiento salarial de funciones «que estamos haciendo, a pesar de que corresponden a jueces y letrados» (LAJ). El aumento sería de entre 350 y 430 euros brutos. Los sindicatos también criticaron la falta de respuesta, tras un mes y medio, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del juez decano de Murcia a su petición de que «se notifique con la antelación suficiente la suspensión de los juicios a profesionales y ciudadanos». Y se mostraron molestos con el Colegio de Abogados de Murcia por un comunicado en el que afirmó que «la actuación de los colectivos que paralizan la administración de justicia no responde a un criterio de sensibilidad hacia el ciudadano ni a los profesionales, por mucho que se manifieste lo contrario».

«No se nos puede culpar a nosotros, que no tenemos la capacidad de suspender juicios, los suspenden los jueces. Que no nos señalen a nosotros», pidió Martínez.

En Cartagena, la protesta fue frente al Palacio de Justicia. Allí, el decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, denunció que «se está poniendo en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución»; y que «los ciudadanos y los profesionales son los grandes perjudicados por esta sucesión de huelgas, sin que a ningún responsable parece importarle lo más mínimo». Y recordó que la actual saturación se suma a la de la pandemia y a la de la etapa precovid.

En Lorca, medio centenar de abogados se reunieron ante su sede colegial. En esta convocatoria, una de las 83 de toda España, participó el alcalde, Fulgencio Gil, que también es abogado. Se situó junto al decano, Ángel García, y a otros letrados que portaron pancartas con el lema 'La Justicia es una cuestión de Estado', 'Respeto' y 'Dignidad'.

Para el decano del Colegio de Lorca la situación de paralización de la Justicia por las sucesivas huelgas de funcionarios es «completamente insostenible, los profesionales del Derecho no aguantan más» y consideró «lamentable que a nadie le preocupe».

Precisó que a fecha del martes hay 3.000 demandas sin tramitar en el partido judicial de Lorca, 1.500 de ellas se han incoado y no ha avanzado el procedimiento y otras 1.500 están por tramitar. Pero con independencia de las demandas, hay decenas de miles de actuaciones judiciales que se han suspendido, a razón de un centenar al día.

García dijo que la abogacía está diciendo basta ya, como lo están haciendo también funcionarios de la Administración de Justicia y otros profesionales del mundo del Derecho. «Entendemos que no puede ser que una administración tan importante como es la de Justicia lleve seis meses completamente paralizada», señaló.

Según García, las consecuencias económicas de la paralización son incalculables, hay particulares y empresas que está esperando resoluciones judiciales «que pueden ser muy importantes en la vida económica y familiar de muchas personas» y lamentó que el Ministerio de Justicia no esté «dando respuesta» ante esta crisis.

Reconoció que para los profesionales en Lorca «está siendo terrible», muchos están teniendo dificultades para afrontar gastos tan básicos como los recibos de luz, el agua o los alquileres de los despachos. «Llevamos seis meses y en algunos despachos la facturación ha caído un 90%», aseguró.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron este miércoles que «continúa con la misma voluntad negociadora que ha tenido siempre, con la mirada puesta en todo momento en el servicio público». «El Ministerio es sensible y entiende las reivindicaciones. La huelga causa un daño grande a los ciudadanos y a los profesionales. Lo que pide el Ministerio es no ir a maximalismos y mirar por el buen funcionamiento del servicio público de Justicia, por supuesto respetando el derecho de huelga».

En el Gobierno central indicaron que «se han mantenido ya varias reuniones con el comité de huelga y el Ministerio ha hecho propuestas que han sido rechazadas». «Hay que tener también en cuenta que es un momento complejo, debido a la celebración de elecciones autonómicas y gobiernos provisionales. Hay doce comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia y cualquier aumento de retribuciones tiene que pasar por ellas», señalaron. En el caso de la Región de Murcia, las competencias no están transferidas a la Comunidad.

En el departamento de Pilar Llop destacaron «el importante acuerdo alcanzado con los miembros de la carrera judicial y fiscal, un acuerdo histórico que no tiene precedentes y que redundará en la mejora del servicio público de Justicia». Y recordaron que se constituyó «una mesa de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones que lo han rubricado».

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