Ábalos anuncia la eliminación de peajes en la autopista del Mediterráneo en 2020

Los peajes de las autopistas más antiguas, también llamadas de primera generación, parecen tener sus días contados. Al menos en el caso de las tres cuya concesión a empresas privadas vence esta legislatura, entre las que está la AP-7 que conecta todo el Mediterráneo, ya que el Gobierno ha anunciado que las recuperará y serán gratuitas para los conductores, pues pasarán a ser costeadas por el Estado.

Es la idea que ya manejaba el PSOE en la oposición y ahora el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado en una entrevista con 'El País' que llevarán a cabo, dando entender que el Ejecutivo llegará al menos hasta 2020 sin elecciones anticipadas.

En el caso de la vía de pago que conecta desde Alicante con Tarragona el Ministerio prevé recuperarla para el Estado, tras medio siglo de concesión, haciéndola gratuita para los conductores, una vez que acaban en los contratos hoy en manos de Abertis y que expiran el 31 de diciembre de 2019. En concreto, se trata de los 225,3 kilómetros entre Tarragona y Valencia (16.814 vehículos) y los 148,5 kilómetros entre Valencia y Alicante (15.824 tránsitos).

Esta decisión afecta también directamente a otras dos autopistas (AP-1 entre Burgos y Armiñón y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total. Además, según el rotativo, crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto).

Abertis, hoy controlada por las multinacionales ACS y Atlantia (italiana), ingresa por ellas 302 millones anuales al año, que junto a la facturación de la AP-1 suponen un negocio de 370 millones por ejercicio. Ese montante, a priori, podría cubrir los gastos ordinarios de mantenimiento y conservación de esas tres vías, según fuentes gubernamentales. El problema llegaría con la pérdida de recaudación fiscal, al eliminarse la parte de los peajes que eran impuestos, y también por las obras de ampliación pendientes.

En cualquier caso, estos planes del Gobierno coinciden con las demandas de varios partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y, por extensión, la investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas PDeCat y ERC ya anunciaron su intención de ir eliminando peajes en sus autopistas autonómicas e instaron al Estado a hacer lo mismo. Y en la Comunidad Valenciana Compromís y PSOE han promovido, junto a Podemos, que toda la AP-7 sea gratuita en 2019.

Sin embargo, en el País Vasco el PNV sí tiene intención de seguir con la política de cobro, aunque las vías actuales vayan siendo recuperadas por las administraciones públicas. Desde Podemos, en cualquier caso, matizan que lo importante «antes de rescatar autopistas» es hacerlo primero «con los ciudadanos», en referencia al paro y los sueldos, mientras que Cs reprocha al Ejecutivo socialista que hayan tirado de «improvisación y anuncios», sin explicar aún «cuál es su modelo».

También en Seopan, la patronal de las concesionarias y grandes constructoras, dudan sobre cómo podrá costear el Gobierno el rescate, pues calculan un coste anual de 450 millones -obras incluidas- solo en las vías que vencen hasta 2021. Los transportistas hacen otras cuentas: se ahorrarían 1.900 euros al año por vehículo al suprimirse los peajes.

Salvo cambio de última hora, las nueve autopistas de peaje en quiebra -entre las que está la de Cartagena-Vera- volverán a licitarse antes de finales de año, una vez el Estado ha recuperado su control.