Casi 4.000 balsas de riego agrícolas necesitan un plan de emergencia frente a roturas

La Consejería de Agricultura ha tratado en los últimos tiempos de avanzar en esta compleja catalogación. Este proceso, incluso, conllevó hace un año la necesidad de recurrir a una contrata que ayudase a tramitar 200 expedientes atascados por el alto nivel de medios técnicos que se requieren para este trabajo. En conjunto, el departamento que dirige Sara Rubira calcula que 9.000 balsas de riego deben quedar registradas para conocer sus características y evaluar el riesgo de rotura con los consecuentes efectos que tendrían las avenidas de agua por este suceso.

De ese total, 5.500 embalses agrícolas deben estar clasificados, como manda el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A día de hoy, sólo el 2%, es decir, 110 balsas están categorizadas en función de su peligrosidad. La Consejería debe identificar y localizar estas edificaciones, así como a sus titulares. Una vez hecho este primer paso, se debe comprobar qué grado de amenaza registran ante una posible rotura o un anormal funcionamiento de la misma. También se deben elaborar normas de explotación de las mismas.

Lo importante llega a la hora de realizar los planes de emergencia, un documento que en la Región de Murcia requieren 3.900 balsas para atajar los daños que puedan causar en caso de quebrarse la estructura. Las balsas hasta ahora clasificadas han sido comunicadas a la Dirección General de Emergencias, aunque todavía faltaría el aprobado a esos planes.

Hace más de dos años, la Consejería atendía 350 solicitudes de titulares de balsas para clasificar su riesgo. Hasta ese momento, se habían resuelto 70 casos y Agricultura esperaba que antes de acabar 2021 estuvieran resueltos 150 expedientes, por lo que tendría 220 presas de riego localizadas y estudiadas. Sin embargo, las previsiones no se han cumplido.

Ante este inconveniente en la catalogación de las balsas, la Consejería de Agricultura va a publicar un nuevo decreto que mejorará el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora para «ganar en efectividad y que todas y cada una de las balsas estén catalogadas», señalan fuentes de este departamento a preguntas de LA VERDAD. Inciden en que este trabajo es «más complejo» en la Región de Murcia que en otras partes de España debido «a que el número de estas infraestructuras es mayor». Con el nuevo decreto, se espera que, desde la entrada en vigor, se logre registrar la mayoría de las presas agrícolas en un plazo de seis meses.

«El nuevo decreto presenta bastantes cambios respecto al de 2018». En primer lugar, contempla la creación de la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas, que es un órgano consultivo «necesario» para coordinar las tareas de registro y clasificación. En segundo lugar, regula las condiciones para el registro de las Entidades de Colaboración en materia de balsas, remarca la Consejería. Por último, se reducirá el proceso al cambiar la tramitación: «En vez de un procedimiento más largo», se ha separado en tres partes distintas, «por lo que se gana en agilidad».

Este registro de seguridad de las balsas parte de una normativa nacional que todavía no está completa. El Ministerio para la Transición Ecológica debe publicar el real decreto que estipule las normas técnicas de seguridad que deben cumplir las balsas. Antes ya lo había hecho con los criterios técnicos que deben regir en embalses y presas, de competencia estatal.

Por el momento, la normativa pendiente está en fase de borrador y en ella se especifica las obligaciones de los titulares de los embalses agrícolas: clasificación, proyecto, construcción, primer llenado, explotación, plan de emergencia, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de las balsas.