Más de 3.800 'sin papeles' han recuperado el acceso al sistema sanitario

Un total de 3.892 inmigrantes que viven en la Región en situación irregular han recuperado su derecho a la asistencia sanitaria desde que en noviembre de 2015 la Consejería de Sanidad derogó 'de facto' la reforma que hasta entonces los mantenía excluidos del sistema. La fórmula utilizada: un documento equiparable a la tarjeta sanitaria que permite a los 'sin papeles' acceder al Servicio Murciano de Salud (SMS) en igualdad de condiciones que el resto de la población. La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, se reunió ayer con las principales organizaciones sociales que trabajan en el campo de la inmigración para analizar la aplicación de la medida. «El derecho a la salud y a la integridad física de las personas» debe primar «sobre cualquier otra cosa», subrayó.

La reforma sanitaria aprobada en 2012 por la entonces ministra Ana Mato dejó fuera del sistema a los inmigrantes en situación irregular, con la excepción de la atención urgente. En la Región, la Consejería elaboró una instrucción para suavizar el impacto de la ley y mantener la asistencia a los enfermos crónicos, pero el resto de 'sin papeles' perdieron irremediablemente la tarjeta sanitaria. El vuelco político en las elecciones autonómicas de 2015 supuso el principio del fin para esta polémica exclusión, contestada desde el primer momento por organizaciones sociales y sanitarias. Las comunidades gobernadas por el PSOE pasaron a ser mayoría, y empezaron a aprobar normativas que restituyeron la asistencia universal. Murcia y Madrid, en manos del PP, hicieron lo mismo. El Gobierno central no tuvo más remedio que aceptar la situación. La reforma sanitaria había pasado, al menos en este apartado, a mejor vida, pese a seguir en principio vigente en el BOE.

Desde noviembre de 2015, el Servicio Murciano de Salud ha otorgado el documento que da acceso al sistema a 3.892 inmigrantes en situación irregular. 2.160 son hombres, frente a 1.732 mujeres. El colectivo más numeroso es el marroquí (1.420 personas), seguido de ucranianos (312) y bolivianos (280). También 212 inmigrantes provenientes de Paraguay han podido incorporarse a la sanidad pública regional, así como 170 senegaleses.

El documento les permite recibir una asistencia completa en la Región. Sin embargo, no es válido en otras comunidades autónomas, ni tampoco fuera de España. En cuanto a los medicamentos, deben hacer frente a un copago del 40%, un porcentaje que para las ONG es excesivo, teniendo en cuenta que se trata de personas sin recursos. Para poder acceder al documento, se requiere contar con ingresos inferiores a 532 euros mensuales.