Podemos Región de Murcia se persona como acusación particular en el 'caso Pokémon'

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha abierto una pieza separada en el 'caso Pokémon', que investiga presuntos delitos en la gestión del agua por el Grupo Agbar, para dilucidar si ha habido blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho en Aguas de Lorca y Aguas de Murcia (Emuasa).

Así lo anunció el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, cuya formación se personó como acusación particular, quién ha detalló que la jueza lucense investiga si hubo adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios, así como concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de créditos e información privilegiada.

A cambio, la rama del Grupo Agbar en la Región, denominada Hidrogea, entregó dinero, regalos, viajes a funcionarios y cargos electos, además de la contratación de familiares de los responsables políticos en ambos ayuntamientos.

Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción de Lugo ha abierto una pieza separada para determinar si hay indicios que permitan imputar a los investigados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental información privilegiada, cohecho y prevaricación.

Urralburu aseguró que el auto de la jueza se refiere a Agbar como una verdadera asociación ilícita dedicada al engaño para simular transparencia en los contratos que obtienen a través de esos regalos y sobornos, que luego se repercuten en los recibos del agua a los ciudadanos.

Por ello, Podemos Región de Murcia ha decidido que los miembros de Ahora Murcia y Cieza Puede dimitan de los Consejos de Administración de Emuasa y Aguas de Cieza y valorar que sean sustituidos por personal cualificado que pueda detectar si ha habido actividad irregular, además de pedirles que les suministren la información sobre estas empresas.

Además, Podemos ha exigido a los ayuntamientos de Murcia y Lorca, que participan con un 51 por ciento en sus empresas de aguas, que sustituyan a los gerentes porque las mercantiles privadas han terminado "usurpando" el poder de estas sociedades.

El diputado de Podemos Andrés Pedreño reseñó que esta "ausencia de control" por los Consistorios ha favorecido que estas empresas, que cobran el recibo de agua más alto, carguen "sobrecostes injustificados" y aboguen por la sistemática externalización del servicio.

Pedreño ha puesto el foco sobre la forma de actuar de estas empresas, investigadas en el 'caso Pokémon', que "compran silencios con sobornos, viajes y regalos".

Por su parte, María Giménez incidió en que los sitios donde se cobra el "agua más cara" han sido utilizados para financiar, a través de estas empresas, actividades presuntamente ilícitas, por lo que ha reclamado una auditoría global en todas las empresas de Hidrogea.

En concreto, Hidrogea tiene el cien por cien de los contratos municipales de agua en Cartagena, Águilas, Torre Pacheco, San Javier, Las Torres de Cotillas, Abanilla y Cehegín, mientras que participa en las empresas municipales de aguas de Murcia, Lorca, Jumilla y Cieza.