La juez tumba un recurso de Sánchez e insiste en abrir otra pieza del 'Auditorio'

Pedro Antonio Sánchez, presidente del Gobierno regional y exalcalde de Puerto Lumbreras, presentó el pasado día 2 un recurso de reforma en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, con el objetivo de intentar evitar que se abra una nueva pieza separada del 'caso Auditorio', en la que se debe investigar el supuesto 'uso paralelo' que se dio a una subvención pública de seis millones de euros para levantar el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras.

La juez instructora, Consuelo Andreo, rechazó ayer los argumentos legales esgrimidos por Francisco Martínez-Escribano, letrado del presidente regional, y ha desestimado el recurso. Esta resolución sitúa las diligencias mucho más cerca del TSJ, ya que la juez insiste en su convicción de que no es necesario agotar la investigación antes de elevar el asunto al alto tribunal murciano y que la parte que queda por esclarecer, relativa al desconocido uso que durante meses se dio a ese dinero, bien puede hacerse al margen de la pieza principal.

Este recurso de la defensa, cuya presentación no había trascendido, se dirigía contra el auto del pasado 29 de noviembre, por el que la instructora decidió abrir la mencionada pieza separada para conocer las razones por las que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se gastó tres millones de la subvención en 2007, antes de llegar incluso a iniciarse las obras. Algo que obligó a Sánchez a pedir a la Consejería de Cultura un adelanto del segundo pago de la ayuda pública, por importe de otros tres millones.

En octubre de 2008, cuando el Consistorio ya había realizado los primeros pagos vinculados a la construcción del Teatro-Auditorio, de los seis millones solo quedaban 337.141 euros en la cuenta del banco.

La magistrada Consuelo Andreo, que en el auto de 29 de noviembre pasado relataba con todo detalle tales circunstancias, tomó la determinación de investigar al margen de la pieza principal cuál fue el destino que se le dieron a esos casi tres millones de euros, durante los 18 meses en que el Consistorio lumbrerense tuvo el dinero a su disposición sin haberse iniciado las obras.

Y una vez adoptada la decisión de abrir esa pieza separada, envió una exposición razonada a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el propósito de que procediera a investigar al aforado Sánchez por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental.

Recepción y liquidación

Con su reciente recurso, el abogado de Sánchez pretendía evitar que se abriera esa pieza separada y, consecuentemente, forzar a que la investigación se agote en el juzgado de Lorca, lo cual aparentemente cerraría el camino de las diligencias del 'caso Auditorio' hacia el TSJ. Con ello se impediría, al menos durante unos meses, que el presidente murciano se sitúe a las puertas de una posible imputación. Para tratar de lograrlo, la defensa realizó toda una serie de consideraciones, que parecen tener escasa relación con el fondo del asunto que se va a investigar en esa pieza separada: el presunto 'uso paralelo' que se dio a esos tres millones de euros durante un año y medio.

Así, sostenía el abogado que el edificio del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras fue recepcionado, pero que ello no implicaba que se hubiera efectuado la liquidación final. De esta forma, la obra estaría pendiente tal liquidación, por lo que no sería posible mantener que el Ayuntamiento lumbrerense la asumió en septiembre de 2011 pese a que estaba sin acabar y necesitaba todavía de una inversión de 2,2 millones.

Igualmente se ha venido afirmando por parte de la representación procesal de Sánchez que si el edificio no se concluyó totalmente, pese a haberse agotado la subvención de seis millones, se debió a que tuvo que realizarse un proyecto modificado, como consecuencia de la necesidad de retranquear la obra unos metros por la existencia de un vial.

Pues bien, la magistrada sostiene en su auto, que tiene fecha de ayer mismo, que la técnico administrativo general del Consistorio lumbrerense, Caridad García Vidal, certificó en su día que «dicha modificación, de carácter meramente técnico, no supuso variación del precio de adjudicación». Y por lo que se refiere al distingo que efectúa la defensa de Sánchez entre recepción y liquidación de la obra, la juez le otorga la razón a priori, aunque solo para confirmar que efectivamente no es lo mismo una cosa que la otra.

De manera que, a continuación, deja constancia de que «en las actuaciones existe por un lado un acta de recepción de obra, de 20 de septiembre de 2011, y por otro la certificación final liquidatoria, sin que se hayan confundido ambas actuaciones». Con lo cual viene a afirmar que no puede la defensa del presidente aducir que tal liquidación sigue pendiente.

En base a todos esos argumentos rechaza el recurso y despeja el camino de esa causa hacia el TSJ.

Sin embargo, fuentes próximas al caso no descartan que desde la defensa del presidente murciano se pueda volver a alegar, ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, que la investigación sobre el 'caso Auditorio' debe ser concluida en su totalidad antes de ser remitida al TSJ. Y todo ello con el propósito de conseguir que las diligencias emprendan el camino de retorno hacia Lorca, a la espera de que se cierren todos los flecos pendientes.