El Ayuntamiento de Murcia reclama cárcel para su exconcejal Berberena por cohecho

La Justicia nunca llega en hora, pero siempre acaba llegando. Ocho años después de que se abrieran las diligencias por el caso Umbra de supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, las distintas piezas separadas en que se dividió la causa se van cerrando y se aproxima el momento de los juicios. Y, con todo ello, se van conociendo los escritos de acusación, en los que ya quedan delimitadas las responsabilidades penales que se atribuye a cada procesado y las solicitudes de pena que deberán afrontar.

Después de que ayer La Verdad publicara que el exalcalde Miguel Ángel Cámara y los exjefes de Urbanismo Pedro Morillas y Joaquín Peñalver han sido acusados por el fiscal de prevaricación continuada, por lo que se les reclaman penas de diez años de inhabilitación (a los dos primeros) y de ocho años y siete meses (al tercero) por el caso Nueva Condomina, apenas 24 horas más tarde trascendió el contenido del escrito de acusación del Ayuntamiento de Murcia en otra de las piezas claves del caso Umbra: la denominada convenio Casino.

La calificación provisional formulada por la letrada municipal, Amalia Saorín, sorprende por su contundencia, sobre todo teniendo en cuenta que se dirige, en buena medida, contra un grupo de funcionarios del Consistorio y contra un exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, para quienes pide penas de prisión.

Los hechos en los que se sostiene la acusación ocurrieron a partir del 11 de mayo de 2005, cuando un grupo de sociedades -Agromexport, Euroland, Ageco e Inveralrahu- presentaron en el Ayuntamiento una propuesta de convenio urbanístico en la zona norte del municipio. A cambio de un aumento de la edificabilidad, los promotores se comprometieron a compensar al municipio con 16,6 millones de euros, de los que 10,2 se destinaron a la rehabilitación del Casino de Murcia.

La investigación judicial ha puesto de manifiesto que antes de esa fecha, ya en enero de 2005, el presidente del Casino, Juan Antonio Megías, había suscrito un contrato con el ingeniero de origen italiano Renato del Noce, por el que se había comprometido a darle a este último el 20% de los fondos que consiguiera para reformar el emblemático edificio de la calle Trapería.

De esta forma, cuando Del Noce logró poner de acuerdo a los promotores, el Consistorio y el Casino, acabó embolsándose unos 2,5 millones de euros (al sumarle el IVA a su comisión) de los 10,2 millones de dinero público que se destinaron a esas obras de rehabilitación.

Fue la Entidad Urbanística Casino, constituida con el fin de gestionar esos fondos y que estaba presidida por el promotor José Sánchez Fernández y con la vicepresidencia de Megías, quien autorizó esos pagos.

Negocios prohibidos

A la vez, mientras se tramitaba ese convenio urbanístico, altos funcionarios municipales habrían estado envueltos en supuestos negocios prohibidos con impulsores del plan parcial. Así, el entonces jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra Tschuschke, y su esposa, la también funcionaria municipal Isabel Fernández Guerras, tenían supuestos negocios en común con el letrado de los promotores, Higinio Pérez Mateos. Tres de las operaciones inmobiliarias en las que participaban como socios el letrado e Isabel Fernández acabaron reportando a su sociedad unos beneficios de casi tres millones de euros.

A su vez, el día antes de que la firma Fadesa presentara su propuesta de convenio urbanístico en el Ayuntamiento, Alberto Guerra y su esposa adquirieron a esa promotora una parcela en la urbanización Casa del Aire, en apariencia a un precio sensiblemente inferior al de mercado.

También, el entonces jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, habría recibido dinero de Renato del Noce a través de su hermano, Francisco José Peñalver, a quien ingresó casi 92.000 euros.

La investigación ha permitido a su vez averiguar que el exedil Fernando Berberena habría recibido valiosos regalos de otra promotora de otro convenio -el Teatro Circo- también investigado en esta pieza, Mirallevant, consistentes en relojes valorados en más de 50.000 euros.

En base a todas estas circunstancias, la letrada del Ayuntamiento acusa a Berberena de un delito de cohecho, por el que le pide seis meses de cárcel; a Juan Antonio Megías, un delito de malversación de caudales públicos (tres años de cárcel); a Alberto Guerra le atribuye cuatro delitos de cohecho, uno de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas (12 años y seis meses de cárcel y 36 años de inhabilitación); a su esposa, Isabel Fernández, le imputa cuatro cohechos y negociaciones prohibidas (12 años y 6 meses de cárcel y 29 años de inhabilitación); a Joaquín Peñalver, prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas (3 años de prisión y 14 años de inhabilitación); a su hermano, Francisco José Peñalver, cohecho (3 años de cárcel); al intermediario Renato del Noce, un delito de malversación (3 años de prisión); al abogado Higinio Pérez, tres delitos de cohecho, uno de tráfico de influencias y otro de malversación (12 años y 6 meses de cárcel); al promotor José Sánchez Fernández, un delito de malversación (3 años de prisión), y a la representante de Fadesa, Sandra Díaz García, un delito de cohecho (3 años de cárcel).

La representante legal del Ayuntamiento de Murcia sostiene que esta institución no era consciente de que Del Noce se iba a embolsar 2,5 millones de los fondos públicos destinados a la rehabilitación del Casino, y reclama la devolución a las arcas públicas de ese dinero.