CC OO acusa al Gobierno regional de «utilizar a los funcionarios como moneda de cambio»

Desde el sindicato Comisiones Obreras aseguraron este domingo que "la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha despreciado sin matices la negociación colectiva y los derechos económicos, laborales y sociales de los empleados y empleadas públicas. Han sido años de plomo, de desprecio hacia nuestro trabajo, de campañas de desprestigio del empleo público, de denuncia de los supuestos privilegios que ostentábamos, hasta ahora".

CC OO destacó en un comunicado de prensa que en los últimos cinco años "hay dos momentos en los que la Administración regional tendió la manos a sus empleados, y en los dos momentos se firmaron sendos acuerdos, que, a la luz de lo acontecido posteriormente, se demostraron que eran acuerdos políticos".

El primer acuerdo al que se refirieron desde el sindicaro es el que se firmó en febrero de 2011, a pocos meses de las elecciones autonómicas de ese año "y con la sola intención de desmovilizar a los empleados y empleadas públicas que desde diciembre de 2010 nos manifestábamos masivamente contra el primer tijeretazo de la Ley 5/2010. Y lo consiguió".

El segundo acuerdo, se firmó en octubre de 2015, "para la mejora del empleo público, recuperación de las condiciones de trabajo y desarrollo de un nuevo modelo de Función Pública 2015-2019, acuerdo político donde los haya porque ha puesto a los empleados y empleadas públicas en el centro de la discusión política, utilizándonos como moneda de cambio para conseguir la aprobación, por parte del Gobierno regional, de los Presupuestos Regionales para 2016, con fotografía incluida, con manos unidas para proclamar que el tiempo de los recortes ha acabado".

CC OO insistió en que el único objetivo de estos acuerdos era "amansar a las fieras de los partidos de la oposición, con la amenaza del malestar de más de 50.000 empleados públicos a las puertas de las elecciones generales de diciembre de 2015".

Sin embargo, apuntaron que estos acuerdos no ofrecieron nada, ya que aplazan a "2016 y 2017 derechos económicos y laborales que se deberían haber recuperado ya, ofrecen como logro mejoras que forman parte de la legislación básica del Estado y divagan sobre futuros re-acuerdos que fueron suspendidos hace ya un lustro. Nada que ya no hubiéramos conseguido y que fueron arrebatados por las leyes-tijera".

El sector de Administración Autonómica de FSC-CCOO consideró que el Partido Popular "no tiene derecho a hablar en nombre de los empleados públicos para conseguir objetivos distintos a los que afirma perseguir". Además, señalaron desde el sindicato que la negociación colectiva no es asunto del poder legislativo y que "utilizar la pérdida o ganancia de derechos económicos, laborales y sociales de más de 50.000 empleados públicos para forzar la aprobación de unos presupuestos regionales demuestra, en definitiva, lo que se perseguía con el acuerdo".

Finalmente, CC OO concluyó afirmando que "lo que tiene que hacer el Gobierno regional es cumplir los acuerdos que firma, no condicionarlos a sus deseos o necesidades estratégicas. Y sobre todo, no utilizarnos como moneda de cambio porque ya sabemos lo que eso significa. CCOO se opuso a un acuerdo que no ofrecía novedad alguna más allá de una nueva postergación en la recuperación de los derechos arrebatados desde 2010. El rechazo por segunda vez del Techo de Gasto por la Asamblea Regional puede suponer que el acuerdo quede de nuevo en papel mojado. La ineptitud política del Gobierno Popular sería entonces supina" .