El presidente del TSJ reitera la necesidad de aumentar el número de jueces en la Región

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, reiteró este jueves su petición al Gobierno de la Nación para que aumente el presupuesto que destina a la Administración de Justicia en la Región, después de años de recortes y de colapso de los juzgados y los tribunales pese al esfuerzo del personal al servicio de esta administración por reducirlo. Con motivo del acto de apertura del año judicial, celebrado en Cartagena, Pasqual Del Riquelme reclamó "un especial esfuerzo presupuestario en la Región de Murcia para igualarnos al menos en número de jueces por habitante" al conjunto de España.

En su discurso, pronunciado en la sala de audiencias del Juzgado Togado Militar en presencia de numerosas autoriades (entre ellas el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez), el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces en la Región reconoció que en los últimos años ha habido "un excesivo retardo en los tiempos de respuesta que ofrecen los tribunales de la Región". La causa, argumentó, es que la tarea es enorme y los medios limitados. Y vinculó esta precariedad al hecho de que la crisis económica, que ha traído un "extraordinario incremento de la litigiosidad" y un "parón en la creación de nuevas unidades judiciales".

A pesar de este panorama, añadió Del Riquelme, los tribunales murcianos están "entre los que más productividad tienen de toda España", gracias un trabajo "silencioso y productivo" que merece el "reconocimiento público". En todo caso, añadió el presidente del TSJ, "el Poder Judicial es poder, pero es también servicio público", y por eso los representantes políticos deben elevar la financiación de la Justicia para que ésta tenga más medios personales y materiales.

Para el presidente del TSJ, esta inversión es "vital" por dos motivos: para que la Justicia cumpla "su obligación de ser un instrumento al servicio de la cohesión y la pacificación social, de protección de los más desfavorecidos, de garantía de nuestros derechos y libertades y presupuesto del estado del bienestar"; y para que actúe como "factor económico" positivo en la "incipiente recuperación económica y de agitación inversora". "La Región no puede permitirse el lujo de tener una Justicia demasiado lenta, que desincentive la creación de valor o el número de transacciones de nuestra economía regional", abundó Del Riquelme.

Respecto a los objetivos para el nuevo curso judicial, Pascual del Riquelme citó como prioridades impulsar el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena; agilizar los tiempos de resolución de los pleitos y el carácter previsible de las resoluciones sobre la base de criterios homogéneos; impulsar la mediación intrajudicial y extrajudicial; y proseguir con la modernización, por ejemplo, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información.

Advertencia del fiscal jefe

Asimismo, el fiscal jefe de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, reclamó que se suspenda la entrada en vigor en diciembre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el impacto negativo que puede tener en los procesos penales relativos a la corrupción y la delincuencia económica y fiscal a gran escala.

López Bernal advirtió de que la restricción general del periodo de investigación de las causas a seis meses, unido a otros factores como la falta de medios de investigación por parte de la Fiscalía y a la vaguedad de la ley en cuanto a la regulación de los motivos que permiten prorrogar las diligencias y pedir pruebas complementarias, puede tener como efecto perverso la posible "impunidad" de los presuntos autores de hechos delictivos graves.

El fiscal jefe se refirió, en concreto, a los políticos imputados en causas de presunta corrupción y llamó la atención sobre la posiblidad de que salgan beneficiados de la nueva reglamentación. Y si bien rechazó el "sufrimiento" y el "juicio mediático paralelo" que estos representantes públicos pueden tener que enferentar por el retraso en la resolución de las causas, reflexionó acerca de si a veces no son "ellos mismos" los que alargan deliberadamente los procesos recurriendo cada decisión. Lo que en todo caso debe prevalecer, concluyó el fiscal jefe, es el interés general de que los delitos de esta naturaleza no queden "sin castigo" por cuestiones de medios y de procedimientos.

En el que, según dijo, puede que sea su último discurso en un acto de apertura (debido a su pronta jubilación), López Bernal se preguntó: "cuánto tiempo se tardará en crear" las 10.000 plazas nuevas de jueces de primera instancia necesarias en España, para permitir que las investigaciones se agilicen. Y auguró que, por su experiencia, se tardará "años".