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Óscar Urralburu, de Podemos, y Rafael González Tovar, del PSOE, antes del Pleno.

La oposición quiere que Valcárcel y Cerdá den explicaciones a la comisión de la Asamblea

El pacto con Ciudadanos obliga al PP a apoyar la investigación, aunque defiende que la planta es necesaria para el desarrollo económico

Gregorio Mármol

Sábado, 18 de julio 2015, 00:31

Luz verde a que una comisión especial formada por diputados regionales investigue cada una de las gestiones que realizó la Comunidad Autónoma para construir y poner en marcha la planta desalinizadora de Escombreras. Su constitución fue aprobada ayer en la Asamblea Regional por unanimidad. Los diputados del Partido Popular (PP) también votaron a favor de la propuesta presentada por el PSOE y que fue acogida como propia por Podemos y Ciudadanos (C's).

Los populares rechazaron hace dieciséis meses que esa infraestructura fuera un «fiasco» y un «fracaso», como la calificaban los diputados de la oposición. Pero a la vuelta del verano verán cómo se constituye la comisión, con la designación de sus miembros, la aprobación del calendario de actuaciones y el listado de las personas que serán citadas a declarar. Ramón Luis Valcárcel y el exconcejero Antonio Cerdá están entre los candidatos.

En un escenario político totalmente distinto al de marzo de 2014, la propuesta de crear la comisión especial fue defendida por el diputado socialista Jesús Navarro, quien no dudó en calificar la planta como un «lastre» y «una chapuza mayor que el aeropuerto de Corvera». En su exposición justificó la necesidad de hacer averiguaciones para aclarar los procedimientos de la Comunidad en los trámites de construcción a través de empresas públicas y privadas, su coste -600 millones de euros, el triple de lo presupuestado- y su infrautilización.

Con la mirada clavada en la bancada del PP, Navarro recordó que la desalinizadora fue construida simultáneamente a otras tres en la Región. Pero éstas fueron promovidas por el Gobierno, con una capacidad de producción mayor y sin coste para el erario murciano. Eran los tiempos, dijo, en que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel «criminalizaba» al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por la construcción de esas plantas. Navarro achacó aquella inversión al interés de Valcárcel y Cerdá por favorecer proyectos urbanísticos como Novo Carthago y Polaris World.

Infraestructura válida

Podemos apoyó la propuesta socialista y, además, introdujo en el debate un aspecto bien valorado por el PP. El diputado Antonio Urbina defendió la utilidad de esas infraestructuras en una región con déficit hídrico: «Las desalinizadoras son necesarias y útiles». Por eso reclamó que, además de investigar la gestación del proyecto, también sea estudiada su viabilidad técnica y las posibilidades de explotarla a menor coste. Este parlamentario, profesor en la UPCT y experto en energías renovables, propuso valorar el uso de energía solar para obtener agua más barata, como se ha hecho en Valdelentisco (Mazarrón). Esa planta produce 57 hectómetros cúbicos anuales, con un coste de 2,5 millones por hectómetro. La de Escombreras, solo 21, con un precio de 5,5 millones por hectómetro si se toma como referencia su presupuesto inicial de 117 millones, según Urbina.

C's reclamó conocer los entresijos de un «entramado complejo, oscuro y que crea escándalo en la Región de Murcia», en palabras de Miguel Ángel López Morell. El diputado reiteró la postura de su partido de apoyar cuantas comisiones de investigación se propongan en aras de la transparencia, pues los detalles de este caso han trascendido solo en los periódicos y no por explicaciones oficiales. También afeó al partido que sostiene al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez que la Comunidad tenga presupuestados este año 21 millones para afrontar los costes de la planta, la misma cantidad que destina al Instituto de Turismo para otra industria clave en Murcia.

Obligado por su pacto de gobierno con Ciudadanos, el PP no tuvo más remedio que votar a favor de la comisión investigadora. Su portavoz, Víctor Manuel Martínez, agradeció la aportación del diputado Urbina por plantear algo más que buscar responsabilidades, pero reprochó al PSOE que pretenda con su iniciativa hacer una «judicialización previa» y dictar sentencia sobre una infraestructura que es necesaria en una región con escasez de agua. Martínez justificó el sí de los populares como la prueba de que su partido no esconde nada en este asunto.

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