Garre señala la salida a Cámara

No hizo falta que nombrase a Miguel Ángel Cámara, porque todo el mundo le entendió. El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, dejó ayer claro que no es partidario de que el alcalde de Murcia se presente a la reelección en las próximas elecciones municipales. La presencia de imputados en las listas «sería, indudablemente, muy perjudicial», advirtió. Un mensaje que, además, escucharon a apenas dos asientos de distancia sus dos consejeros imputados: Pedro Antonio Sánchez (Educación) y Antonio Cerdá (Agricultura). Más aún, el presidente recordó sus apelaciones a la «generosidad» de quienes dimiten -con las que en su día dejó en evidencia a quienes se sientan en su Consejo de Gobierno- e invocó la reciente marcha de la primer edil de Alicante, Sonia Castedo, acosada como Cámara por la sombra de la corrupción.

Alberto Garre compareció en San Esteban para hacer balance del año flanqueado por todos sus consejeros. Centró su intervención en la mejora de la economía y en las medidas por la transparencia, pero la corrupción terminó protagonizando la cita ante el aluvión de preguntas de la prensa en la misma dirección. La presencia de implicados en sumarios judiciales en las candidaturas sería «muy perjudicial si están imputados en ese momento», subrayó Garre en respuesta a una cuestión directa sobre la posibilidad de que Cámara y otros políticos afectados por escándalos aspiren a repetir en la próxima legislatura. «¿Cómo va a ser bueno (esa presencia de imputados) si lo que se establece en las listas electorales es una razón de confianza con los votantes?, ¿cómo voy a negar lo que las encuestas están diciendo?», añadió. «Ante esta situación, muy preocupante y que nadie debería dejar pasar, tendríamos que fijarnos muy bien en lo que la sociedad está demandando, y los partidos deberían tomar medidas cuanto antes, poner una línea roja de la que no se pueda pasar», aseguró.

Al margen de esos límites de obligado cumplimiento que estarían marcados por una ley que en estos momentos tramita el Congreso de los Diputados, Garre añadió que «es bueno que haya generosidad; la alcaldesa de Alicante dimitió el otro día, y también una vocal del Consejo General del Poder Judicial». Preguntado por este periódico sobre si Cámara debe seguir, en base a ese argumento, los pasos de su homóloga alicantina, el presidente contestó: «Yo ya he dicho lo que hay, lo bueno es establecer líneas rojas. Cuando se da la generosidad tampoco está mal, pero quién soy yo para condenar políticamente a nadie. No lo he hecho nunca ni lo haré precisamente por mi condición de licenciado en Derecho. Hay un principio de presunción de inocencia que no nos podemos saltar».

Respaldo a Sánchez y Cerdá

Garre compaginó su rechazo a la inclusión de imputados en las listas electorales con una defensa de la presencia de dos consejeros imputados en su Ejecutivo: «A mí me consta que hay gente que duerme muy tranquila porque sabe que no ha cometido ningún tipo de actuación que le deba llevar a ningún tipo de renuncia. Si yo tuviese conocimiento de otra cosa actuaría en consecuencia». Tampoco ve contradicciones el presidente entre la permanencia de Pedro Antonio Sánchez y Cerdá y la salida del Gobierno, tras verse envueltas en el 'caso Roblecillo', de las ex directoras del Info y del Instituto de Turismo, Reyes Samper y Mariola Martínez. «Dimitieron; yo no he cesado a nadie ni lo haré salvo que tenga conocimiento directo y personal de alguna actuación que merezca una actuación del presidente en este sentido», justificó.

Sin «dicotomías» con Valcárcel

El presidente de la Comunidad negó que existan tensiones con su antecesor en el cargo, Ramón Luis Valcárcel. La comunicación entre los dos es «total», defendió. «Yo no advierto ningún tipo de dicotomía. Si alguien entiende lo contrario, pues que lo averigüe», sentenció. Sobre el viaje de Valcárcel y su esposa a la Bienal de Venecia en 2009, que costó 14.000 euros a las arcas públicas, como desveló este domingo 'La Verdad', Garre defendió que Murcia Cultural, que pagó la estancia en el Danieli, el hotel más lujoso de la ciudad, así como el resto de facturas, «no tiene nada que ver con el Gobierno de la Región, es una empresa pública con contabilidad al margen de la Comunidad». Murcia Cultural era una sociedad, ahora convertida en el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), que dependía directamente, como el ICA, de la Consejería de Cultura. «Conozco los viajes del presidente Valcárcel y los míos, y son muy parecidos. Siempre hemos intentado no gastar más allá de lo que es un viaje realizado con la dignidad del cargo. Me consta que es así. Ahora, si una entidad pública organiza otro tipo de viaje, eso es ajeno al Gobierno de la Región», zanjó.