El juez investiga el nombre del yate en el que aparece el delegado del Gobierno

El juez instructor del caso Novo Carthago, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en el proyecto de construcción de 10.000 viviendas y campos de golf que afectaban a terrenos protegidos, ha abierto una investigación para descubrir el nombre del yate en el que se ve al exconsejero de Obras Públicas y delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.

Bascuñana figura entre los imputados en la causa, por ser quien aprobó, en su condición de consejero del Gobierno murciano, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que hacía viable la ejecución del proyecto.

La nueva investigación emprendida por el juez es consecuencia de un escrito presentado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación en esta causa, en el que le comunicaba la aparición de dos fotografías en un periódico digital en las que figuran políticos murcianos y empresarios a bordo de un yate.

El magistrado ha requerido al fotógrafo que captó las imágenes, en una de las cuales se ve a Bascuñana, "para que aporte a esta causa, si existen, aquellas donde aparezca el nombre del yate, para conocer quién es el titular del mismo", para lo que le da un plazo de diez días.

En la misma providencia, el instructor ordena unir a las diligencias, "a los efectos oportunos", la certificación del Tribunal Supremo acreditativa de la condición de diputada en el Congreso de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

Así mismo, tiene por interpuesto el recurso que, en nombre de Barreiro, presentaron sus abogados, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, contra una providencia del juez del pasado uno de julio.

En la misma, el magistrado no accedió a la petición hecha por los letrados para que se suspendieran unos señalamientos, al no haber tenido tiempo suficiente para acceder al contenido de la causa por su reciente personación en las diligencias.

Para los abogados, que han pedido amparo a la Junta de Gobierno de su colegio profesional, la decisión del instructor supone "una vulneración arbitraria del plazo interesado y concedido por él mismo para ejercitar adecuadamente el derecho de defensa".

Para los letrados, la denegación de solicitud de suspensión supuso una vulneración de los derechos constitucionales de Barreiro.