Medio Ambiente no asumirá el trámite exprés para las fotovoltaicas del Ministerio

El último consejo de ministros del mes de marzo colocó a la Comunidad Autónoma ante una encrucijada fotovoltaica: aprobó un decreto que elimina la obligatoriedad del procedimiento completo de evaluación ambiental, con algunos condicionantes, para plantas solares de entre 50 y 150 megavatios de potencia –entre 100 y 300 hectáreas de extensión–, que por sus dimensiones quedan bajo competencia estatal.

Las instalaciones cuya autorización depende del Ejecutivo autónomo, de hasta 50 MW, afrontarían una tramitación mucho más larga, a no ser que se modifique la legislación autonómica para adaptarla al nuevo patrón y aligerar así la burocracia.

Algo que no va a suceder, asegura a LA VERDAD el Gobierno regional:«Este procedimiento supone una desprotección medioambiental inaudita en Europa y no se va a exponer a los funcionarios a que tengan que informar a ciegas un proyecto de fotovoltaica sin tener en cuenta los informes oficiales y la opinión de los interesados», argumenta.

Esta nueva fórmula acelerada afecta a trece proyectos actualmente en tramitación en la Región, de los 21 bajo la competencia del Estado. Los ocho restantes sí estarían obligados a realizar la evaluación ambiental completa porque su potencia supera los 150 MW. La Consejería de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía tiene sobre la mesa un total de 208 propuestas, 187 de ellas de menos de 50 MW.

La Comunidad Autónoma cuestiona la eximente de evaluación ambiental, la diligencia más farragosa en este tipo de autorizaciones, por parte del Miteco para plantas planteadas en zonas de «sensibilidad baja y moderada». Es decir, que no estén situadas en espacios protegidos de la Red Natura 2000, de acuerdo con la guía 'Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables', elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Otra condición para eludir el trámite ambiental completo es la longitud de la línea de evacuación hasta la conexión con la red eléctrica: el tendido no debe superar los quince kilómetros.

Estos argumentos no convencen sin embargo al Gobierno regional, que ya ha manifestado su negativa a modificar su normativa para incluir este procedimiento exprés en una reciente reunión de coordinación celebrada en el Ministerio, en la que Galicia, Andalucía, Baleares, Madrid y Castilla y León también se habrían pronunciado en este mismo sentido.

El Gobierno central, en su pretensión de abaratar el recibo de la luz en el corto plazo y reducir emisiones contaminantes en el medio y largo, propone un informe ambiental «sin consulta a las administraciones ni a los interesados. Únicamente, una vez realizada una propuesta, consultan a las comunidades autónomas, al órgano con competencia en medio natural. Si no contestan en diez días consideran el silencio como positivo», se queja el Ejecutivo regional.

«Insistimos en lo dicho hace unas semanas, resulta sorprendente que el Gobierno de España haya adoptado esta posición de rebajar la protección ambiental y las garantías establecidas», proclama la Comunidad.

Expertos consultados por este diario consideran que, con esta simplificación normativa, las instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño pueden tener vía libre en un plazo de seis meses. «Van a volar», señalan fuentes del sector. Y por el contrario, los huertos solares de potencia inferior a 50 MW seguirán condicionados por unas exigencias ambientales que alargan su recorrido burocrático incluso durante años.

En la propia Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente son conscientes del tapón administrativo, con más de 2.000 expedientes sin resolver por falta de personal –entre ellos los de plantas fotovoltaicas–, como admitió recientemente en una comunicación interna la Dirección General de Medio Ambiente.