Juan María Vázquez retiene el Mar Menor bajo la sombra de Antelo

El catedrático de la Universidad de Murcia, exdiputado en el Congreso, exsenador y ex secretario general de Universidades y de Ciencia e Innovación en Gobiernos de Rajoy será de nuevo el encargado de liderar la recuperación del Mar Menor desde la Administración autonómica, aunque en esta nueva legislatura sentirá en la nuca el aliento del vicepresidente José Ángel Antelo (Santiago de Compostela, 1987), que ayer sumó por sorpresa Ordenación del Territorio a su ya anunciada Consejería de Interior y Emergencias.

Extraer la ordenación territorial de su ubicación coherente y habitual, la Consejería de Fomento e Infraestructuras, también en manos de Vox, para sumarla a las responsabilidades de Antelo respondería a la aspiración del partido de Abascal de influir al máximo en la regulación de las actividades económicas en el entorno del Mar Menor, singularmente la agricultura y la ganadería.

Vox ha basado su crecimiento en la Región de Murcia en su apoyo al sector agroalimentario y en el rechazo a la repercusión –documentada en informes científicos– de los cultivos de regadío y las granjas de porcino en la contaminación de la laguna. Hasta el último momento trató de conseguir la Consejería de Agricultura y Agua, y finalmente ha logrado las atribuciones en gestión del territorio, un 'caballo de Troya' con el que su presidente regional se reserva, directamente, la capacidad de decidir sobre posibles limitaciones a las actividades agrícola y ganadera, y también a la construcción, en una amplia zona de influencia que se extiende sobre diez municipios: Murcia, Cartagena, San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Torre Pacheco, Alhama y Mazarrón.

Las claves sobre qué actividades se permiten en las cercanías de la laguna, en qué lugares concretos y con qué limitaciones, se contendrán en el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, un documento técnico promovido por la Consejería de Fomento que acumula retrasos tras la rescisión del contrato con la consultora a la que se encargó la redacción y que actualmente está en revisión por parte de la Consejería de Medio Ambiente.