Una estrategia común trata de frenar una delincuencia cada vez más global

La Región de Murcia viene haciendo frente desde hace años a un progresivo aumento de la criminalidad que se está dejando notar también a nivel nacional y que constituye uno de los campos de batalla de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. 2023 cerró con una cifra de infracciones penales denunciadas en la Comunidad que superaba las 74.100, frente a las poco más de 57.100 que se registraron un lustro antes, en 2019.

Una parte importante de esta delincuencia se explica por la acción de las organizaciones criminales que eligen esta zona como escondrijo y centro de operaciones. El crimen organizado es una gran mancha que, aunque salpica a todos los puntos del país, lo hace con mayor incidencia en las principales ciudades y en algunas zonas de Andalucía y el Levante. Cada año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desarticulan en la Comunidad decena de grupos que buscan dinero fácil a través de los robos, el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales, entre otros delitos.

A diferencia de lo que ocurre a escala nacional, donde los grupos de narcotraficantes son los más numerosos, en Murcia la mayoría de las bandas que se desarticulan se han especializado en los robos con fuerza, principalmente en casas o locales comerciales. A expensas de los asaltos, las dos actividades más frecuentes en la Región son el tráfico de cocaína y de hachís, a tenor de los resultados de los últimos estudios realizados sobre esta materia.

La Comisión Europea desplegó, el pasado octubre, la hoja de ruta de la UE para luchar contra esta delincuencia organizada con diecisiete acciones prioritarias. También estrechó la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros y con los países latinoamericanos. Una colaboración que, remarca uno de los responsables de la lucha contra el crimen organizado en el Cuerpo Nacional de Policía de Murcia –que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad–, es fundamental.

«Una de las características de las organizaciones criminales es la movilidad y hoy en día es tremendamente fácil y rápido desplazarse, tanto en un mismo país como entre los diferentes Estados», explica este profesional. «La información que se tenga de los integrantes de cualquier organización criminal en un país, sea porque proceden de ahí o porque han estado un tiempo residiendo y delinquiendo, va a ser siempre muy valiosa para la investigación y la fluidez de esa información es básica».

Este especialista subraya que el poder de esa información cobra especial sentido en zonas como la Región. «Es conocido que en el Levante, tanto por sus condiciones climatológicas como por el tipo de viviendas, zonas residenciales muy discretas, hay responsables de organizaciones que se asientan en esta zona». Subraya, no obstante, que a nivel europeo ya existe una coordinación que da sus frutos. «Lo más importante es la fluidez de la información y existen organismos como Interpol y Europol, que entre otras funciones, son la vía de conexión y comunicación de los diferentes países entre las oficinas nacionales correspondientes».

Gran parte de la delincuencia a la que la Región tiene que hacer frente, sin embargo, no se libra ya en las calles. Una parte cada vez mayor de la criminalidad con la que la Comunidad batalla se hace fuerte en internet. La cibercriminalidad es uno de los nuevos campos de batalla para la Policía Nacional y la Guardia Civil y su persecución no conoce de fronteras. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado registraron el pasado año la friolera de 13.696 denuncias en la Comunidad por ciberdelitos, según la estadística que el Ministerio del Interior puso encima de la mesa. La cifra, que refleja un aumento de hasta un 246,5% respecto a cinco años atrás, da cuenta del empuje de este nuevo tipo de delincuencia y de la necesidad de romper esquemas y cooperar entre países para poder hacerle frente.

«Estos ataques no son obra de simples delincuentes aislados, sino que forman parte de un plan orquestado por grupos de cibercrimen altamente organizados y profesionalizados, junto con actores estatales que patrocinan y dan cabida a dichas acciones delictivas y en algunos casos de ciberguerra», remarca el guardia civil Andrés Soriano, director del departamento de Ciberseguridad (CISO) de Universae.

Este profesional recalca que la Región también está en el punto de mira de estos grupos. Para ello recuerda el ciberataque de tipo 'ransomware' que Lockbit realizó en marzo al Ayuntamiento de Torre Pacheco con el cifrado de gran parte de la información del municipio. Un golpe que, incide, «culminó el pasado 23 de mayo con la difusión de 143 Gb de información y más de medio millón de archivos concernientes a la Administración, la Corporación local y sus habitantes». Para tratar de parar los pies a estos grupos, la comunidad internacional elaboró en el año 2001 el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, un tratado internacional que busca armonizar las leyes nacionales e internacionales y fomentar la cooperación. «Es imperativo que estas legislaciones con más de veinte años en vigor, y otras nuevas que están por venir –como la transposición de la directiva NIS2–, sean adecuadas, actualizadas y endurecidas a la problemática actual, obligando a gobiernos, administraciones y todo tipo de empresas a que adopten un enfoque proactivo hacia la ciberseguridad», subraya Soriano.

La lucha coordinada contra el negocio oculto del sexo es otro de los objetivos que la UE ha fijado en su estrategia contra la delincuencia organizada. Una batalla que en la Región no pasa desapercibida. Solo el pasado año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado rescataron en la Comunidad a 59 víctimas de la trata y la explotación sexual, según los últimos datos que maneja el Ministerio del Interior. Murcia es, junto con Andalucía, la autonomía donde más casos de trata sexual se destapan y la cifra no ha dejado de crecer en el último lustro. La cifra de arrestados por este tipo de explotación alcanza los 156 en la Región en los últimos cinco años.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, remarca que la trata «es la esclavitud del siglo XXI» e incide en la necesidad de tener en cuenta su «carácter claramente internacional» a la hora de combatirla. Solo el pasado año, avanzó el representante del Ministerio Público, los juzgados de la Región tramitaron hasta una veintena de causas por presunta trata de las que fueron rescatadas hasta 32 víctimas. Además, la Fiscalía formuló hasta tres escritos de acusación en esta materia.

Díaz Manzanera explica que la Región, por su situación geográfica y económica, es una de las comunidades que se está viendo más afectada por este tipo de delincuencia en la que, remarca, «es fundamental la colaboración y coordinación». «La gran mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras que traen a España con falsas promesas de trabajo», recuerda el fiscal superior. «Detrás hay auténticas organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de penuria de estas mujeres».

Las propuestas de los partidos en materia de seguridad ciudadana de cara a las elecciones europeas del próximo domingo distan bastante. El PSOE aboga, por ejemplo, por «una mayor colaboración en ciberseguridad y en la protección de las infraestructuras críticas frente a acciones subversivas». Los populares, por su parte, apuestan en su programa por «invertir de forma prioritaria en seguridad y en defensa».

Desde las filas de Sumar sugieren reforzar las capacidades de Europol y del Centro Europeo de Ciberdelincuencia en términos de recursos financieros y humanos. Podemos, por su parte, propone «impulsar la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado». Su programa incluye, además, el compromiso de contar con la «atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos».

Vox propone «el apoyo a los Estados miembros para protegerse del fundamentalismo islámico, empezando por el cierre inmediato de las mezquitas fundamentalistas».