Díaz impulsa una ley para blindar a los empleados que denuncien la corrupción de sus empresas

El Ministerio de Trabajo sacó este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que modifica varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores para asegurar que la protección del trabajador no se limite a la indemnización por despido improcedente. La propuesta incluye periodos de prueba, despidos por causas objetivas y disciplinarias, y cualquier decisión empresarial que implique trato desfavorable o represalia frente a quien informe de infracciones. Es decir, la iniciativa busca que los empleados puedan denunciar irregularidades sin temer represalias económicas o profesionales.

La iniciativa refuerza y amplía la Ley de 2023, que ya establecía obligaciones para empresas con más de 50 trabajadores y protegía a los informantes frente a represalias. Díaz propone ahora extender esa protección a todas las compañías, incluyendo empleados, extrabajadores y hasta personas vinculadas indirectamente al ámbito laboral, como familiares o voluntarios que colaboren en la revelación de irregularidades.

El objetivo de la norma, que consta de dos artículos y tres disposiciones finales, es garantizar a las personas trabajadoras la «protección de su derecho a no recibir un trato desfavorable ni a sufrir represalias con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación» de la posible comisión de un delito por parte de la empresa contratante del denunciante, según expone la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

La propuesta de Díaz se enmarca en un momento de parálisis legislativa y su avance está sujeto al apoyo de una mayoría parlamentaria que ha paralizado ya varias de sus iniciativas en el Congreso de los Diputados y que tampoco contaba con el apoyo del diálogo social con la patronal en otros asuntos como la reducción de la jornada laboral o la implementación del registro horario obligatorio.