Reforma de las indemnizaciones: cómo podrían cambiar los despidos improcedentes en España en 2025
El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que las actuales no cumplen su función disuasoria ni ofrecen suficiente protección a los trabajadores
Ana de Dios
Jueves, 12 de diciembre 2024, 18:22
Los trabajadores cuentan con una serie de derechos laborales diseñados para garantizar un entorno laboral justo y el cumplimiento de la legislación vigente. En España, estos derechos están respaldados por la Constitución y diversas leyes laborales. Por ejemplo, la Carta Magna reconoce como derechos laborales básicos la libre elección de profesión u oficio, la libertad de sindicación, la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, el derecho a huelga, la reunión y la información, consulta y participación en la empresa. A estos derechos fundamentales se sumarán nuevas medidas que el Gobierno planea implementar a lo largo de 2025.
La reforma de las indemnizaciones por despido improcedente es uno de los temas prioritarios que debe abordar el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Esto surge tras la evaluación realizada por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que en julio concluyó que las actuales indemnizaciones en España no cumplen su función disuasoria ni ofrecen suficiente protección a los trabajadores, alineándose con las demandas del sindicato UGT. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha emitido desde Estrasburgo una recomendación a España para revisar las indemnizaciones por despido improcedente.
Un despido improcedente ocurre cuando una empresa despide a un trabajador sin seguir el procedimiento legal establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Actualmente, la legislación española establece una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un prorrateo mensual para períodos inferiores a un año y un tope máximo de 24 mensualidades. Este cálculo toma en cuenta factores como la antigüedad del trabajador, el salario y los días de indemnización correspondientes. Sin embargo, el CEDS considera que estas indemnizaciones «no actúan como un elemento disuasorio» y «no proporcionan una protección adecuada a los trabajadores».
El dictamen del CEDS señala que España estaría incumpliendo el artículo 24 de la Carta Social Europea, que garantiza a los trabajadores el derecho a no ser despedidos sin causas válidas relacionadas con su desempeño, aptitudes, conducta o las necesidades de la empresa, así como a recibir una indemnización adecuada en caso de despido.
Cómo podrían cambiar las indemnizaciones
El Ministerio de Trabajo ya ha anunciado su intención de llevar a cabo una reforma en las indemnizaciones. En particular, el Comité Europeo de Derechos Sociales solicita elevar los costes del despido y eliminar el límite máximo. Basándose en estas recomendaciones, el Gobierno podría adoptar varias medidas, entre ellas:
-Permitir indemnizaciones superiores al actual tope legal. Esto implicaría ajustar la normativa para que los tribunales puedan dictar indemnizaciones mayores a los 33 días por año trabajado.
-Reescribir el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Esta medida establecería supuestos de indemnización adicional sin eliminar completamente el tope actual.
-Establecer un tope mínimo de indemnización. Se fijaría un monto mínimo para evitar despidos «baratos» de trabajadores con escasa antigüedad en la empresa.
-Volver a los 45 días por año trabajado. Se restauraría el sistema de indemnización vigente antes de la reforma laboral de 2012.
-Reforzar la causalidad del despido. Se endurecerían los criterios para considerar un despido como nulo o improcedente, incrementando la presión sobre las empresas para justificar adecuadamente el cese.
-Reformar de manera integral el despido. Esto incluiría la introducción de indemnizaciones variables y el fortalecimiento de los supuestos de nulidad e improcedencia en los despidos.
-Estas modificaciones buscan equilibrar las relaciones laborales, aumentando la protección para los trabajadores y promoviendo prácticas empresariales responsables. Sin embargo, su implementación requerirá un análisis profundo y consenso entre los diferentes agentes sociales.
