El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital para reducir en un 80% la pobreza extrema

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya es una realidad tras haberse aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. La medida estrella del pacto de coalición del PSOE y Unidas Podemos corrige un déficit del sistema de protección social español, una 'rara avis' en Europa por no contar con un instrumento estatal de garantía de rentas.

«Es un paso de gigante» en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en España, afirmó la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, que recordó que el gabinete de coalición tenía el compromiso de poner en marcha la prestación a lo largo de la legislatura, pero justificó que la intensa crisis provocada por la pandemia hizo oportuno acelerar los ritmos: «A la bolsa de pobreza ya identificada se han añadido recientemente nuevas pobrezas».

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, subrayó que «nace un nuevo derecho social en España». A su juicio, el IMV es «el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006».

El vicepresidente agregó que la medida aporta un plus de seguridad material y también de libertad. «No hay libertad sin un mínimo de seguridad económica. No hay libertad si no se llega a fin de mes», sentenció.

Que el IMV se articule como derecho subjetivo implica que se recibirá siempre que se cumplan las condiciones para ello. Lo mismo que ocurre con el subsidio de desempleo o con la pensión de jubilación. Además, será una renta garantizada en toda España.La Administración General del Estado establece un mínimo para todo el territorio, que podrá complementarse por las autonomías, que ya prestan ayudas por valor de 1.500 millones anuales a 300.000 hogares. A partir de ahora se contempla que complementen la renta estatal elevando los umbrales, mejorando las ayudas por hijo o diseñando apoyos específicos para el pago del alquiler.

La prestación estatal implicará no solo un salto cualitativo, porque se convierte en un derecho, sino también cuantitativo, puesto que se espera que cubra a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas con una inversión que se calcula en 3.000 millones. Unos 100.000 hogares recibirán la renta de oficio: quienes ya ingresan la ayuda por hijo o menor a cargo.

El umbral de renta que da derecho a percibir la prestación es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola, cifra que sube a un ritmo de 139 euros mensuales por persona adicional en el hogar, hasta un máximo de 1.015 euros. Las familias monoparentales recibirán un plus de 100 euros mensuales.

La prestación cubrirá la diferencia entre los ingresos con que cuente el hogar respecto a la renta que el Gobierno quiere garantizar.

Así, según ilustró Pablo Iglesias en su comparecencia, si una persona que vive sola no cuenta con ningún ingreso, la prestación que recibirá del Estado será de 462 euros (o 5.538 euros anuales, cifra que equivale a las pensiones no contributivas, prestación con la que se actualizará el IMV); pero si cobra 200 euros en un trabajo a tiempo parcial, esta persona recibirá 262 euros por parte de la Seguridad Social. Y si una familia de dos adultos y dos menores, a la que le corresponderían 877 euros al mes, tiene ingresos mensuales de 300 euros, el Estado complementaría sus rentas con 577 euros.

Esta característica, afirmó Iglesias, distingue esta prestación de otras existentes en el mundo: es compatible con la percepción de otros ingresos, incluidos los laborales. Con ello, se evita la «trampa de la pobreza» o la situación por la que alguien se ve obligado a enfrentarse al dilema de tener que optar entre un empleo y cobrar una ayuda pública si es que fueran incompatibles el uno y la otra.

La prestación contará con un estímulo específico al empleo:si un beneficiario de la prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esa renta no computaría a efectos del IMV. Así, siempre resultará conveniente aceptar un empleo y se desincentivará la economía informal, dijo el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Agregó que con el IMV no se busca solo reducir en un 80% la pobreza extrema y de un 90% entre los hogares monoparentales, «sino también mover a esa población hacia una mejor situación, a través de itinerarios laborales o de otro tipo que evite la cronificación de la exclusión social».

Escrivá también explicó que el resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, dijo que «no se puede dejar a nadie atrás», pero puntualizó que el Ingreso Mínimo Vital debería haber sido una medida coyuntural a causa de la pandemia.

Manifestó que no entiende que se haya planteado una medida estructural en pleno estado de alarma. Apostilló que debería haber ido al diálogo social o, incluso, al Pacto de Toledo. «Creo que habría que haberlo trabajado con las regiones y ayuntamientos para estudiar de una forma real cómo debería funcionar», añadió.

Antonio Garamendi remarcó que no tendrá ningún sentido esta nueva ayuda si no tiene un recorrido hacia la empleabilidad de los beneficiarios: «No podemos montar un país subvencionado, porque si no, tendremos un problema real».