Los 400 murcianos más ricos pagarán a Hacienda 15,5 millones por su patrimonio

La Región de Murcia es la única comunidad autónoma, de las que recurrió el tributo estatal de las grandes fortunas, a la que no le afectará en la práctica el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que avala esta nueva figura fiscal. De hecho, la iniciativa legislativa anunciada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, en respuesta al pronunciamiento del Constitucional y para que la recaudación del impuesto a las grandes fortunas «quede en manos del contribuyente madrileño», es la misma que el Gobierno regional adoptó hace un año.

El nuevo tributo creado por el Ministerio de Hacienda pretende gravar a los contribuyentes con rentas por encima de los tres millones de euros en las comunidades que anunciaron la supresión del impuesto de patrimonio, como es el caso de Madrid, Andalucía y la Región de Murcia.

El Ejecutivo presidido por Fernando López Miras reaccionó en noviembre del pasado año manteniendo el impuesto de patrimonio, pero solo para los contribuyentes con propiedades de más de 3,7 millones de euros. De esta forma, las grandes fortunas de la Región siguieron pagando por sus bienes a la Administración regional, y no a la estatal, puesto que el Ministerio exime a los contribuyentes de pagarle por el nuevo tributo si han cotizado por su patrimonio en sus respectivas comunidades.

Gracias a esta iniciativa, en lugar de la Agencia Estatal Tributaria, serán las arcas regionales las que ingresarán el próximo año unos 15,5 millones de euros procedentes de los 400 contribuyentes más ricos de la Región. «El pasado año, cuando anunciaron el nuevo impuesto, aguantamos hasta conocer el texto normativo, y luego aprobamos el nuestro para que los grandes contribuyentes pagaran a la hacienda regional y no a la estatal», recuerda el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

El fallo del Constitucional rechaza el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el tributo estatal a las grandes fortunas, y lo lógico es que el mismo pronunciamiento reciban los recursos de Andalucía, Murcia y Galicia. La sentencia supondrá un revés jurídico para estas autonomías, pero a la Región no le acarreará ningún perjuicio económico.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recordó ayer en una visita a Lorca que su Ejecutivo ya está aplicando desde el año pasado la medida que acaba de anunciar su homóloga madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, para recaudar el impuesto a las grandes fortunas.

En la misma línea que el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, el jefe del Ejecutivo explicó que, «el Gobierno de la Región de Murcia, al tener conocimiento de que el Estado preparaba un nuevo impuesto de Patrimonio, lo que hicimos fue establecer la desgravación hasta los 3,7 millones de euros para que esa recaudación se quedase en la Región». «De tal manera que, de 3,7 millones de euros hacia abajo, los ciudadanos tienen las bonificaciones y las desgravaciones en la Región de Murcia; y de 3,7 millones hacia arriba se aplica el impuesto del Ministerio a grandes fortunas», agregó.

El recurso de impugnación presentado por el Gobierno de Díaz-Ayuso argumentaba que el impuesto a las grandes fortunas vulneraba los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. La sentencia sostiene, en cambio, que la creación de dicho gravamen no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales. La sentencia recuerda que el nuevo tributo es complementario del de Patrimonio y no afecta ni interfiere en las competencias autonómicas.