'Minerva' amenaza la Oficina Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido pedir al Ministerio de Justicia que paralice la implantación de la nueva Oficina Judicial hasta que se resuelvan los «graves problemas» detectados, según ha informado el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, que ayer inspeccionó la marcha de la oficina en Burgos. Ese mismo sistema está siendo aplicado de forma experimental en la Región de Murcia, donde ha despertado numerosas críticas por parte de jueces y otros profesionales vinculados a la Administración de Justicia.

Cinco vocales del CGPJ encabezados por De Rosa, entre ellos los dos designados para Castilla y León, Almudena Lastra y Miguel Collado,mantuvieron ayer una serie de reuniones con jueces, fiscales, secretarios y otros colectivos, entre ellos abogados y procuradores.

Al término, De Rosa afirmó que tras un exhaustivo seguimiento del funcionamiento de la oficina judicial, «la implantación no se está produciendo como esperaba el Consejo». Incluso advirtió de que, «si no se resuelven los problemas de funcionamiento en los Juzgados que está provocando, lo que a priori apoyó el Consejo como una buena modernización, podría estar en peligro».

Cuando han pasado más de cinco meses desde la puesta en servicio de este modelo de funcionamiento, que supone la modificación de toda la estructura de apoyo a los jueces y magistrados en su labor de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, se ha constatado que tiene un «defecto estructural grave» por el mal funcionamiento del sistema informático, el llamado 'Minerva NOJ'.

Este fallo en un sistema que De Rosa ha calificado de «pilar esencial» para el modelo de la nueva oficina judicial se ha apreciado en Burgos, aunque también en otros lugares donde se ha implantado de forma parcial este sistema, como Murcia, Cáceres y Ciudad Real.

De Rosa ha anunciado que, además de hacer llegar al Ministerio las deficiencias detectadas, el CGPJ pedirá que se paralice la extensión de la oficina judicial a otras zonas hasta que se solucionen «estos graves problemas». Además pide que se mejore la formación del personal y que se estudie su redistribución.

De Rosa ha insistido en que «el modelo es adecuado pero su desarrollo lo está poniendo en peligro» y ha recordado que se trata de la aplicación de una Ley Orgánica aprobada en 2003 y «al Consejo le corresponde cumplir la ley», por lo que ha considerado que deben ser los legisladores los que decidan si es necesario realizar alguna modificación.