Los sindicatos denuncian que algunos servicios locales se prestan por duplicado

Los portavoces de cuatro sindicatos representados en el Ayuntamiento (CSIF, SIME, CC OO y UGT) apoyaron ayer públicamente a los grupos políticos de oposición, que presentarán mañana en el Pleno una moción conjunta por la remunicipalización de servicios externos, como la limpieza viaria, la gestión tributaria y estadística, entre otros. En rueda de prensa, Antonio Jiménez, del CSIF, denunció que hay desdoblamiento en algunos casos. «Los funcionarios que antes llevaban la gestión tributaria ahora controlan y fiscalizan lo que hace Tribuges» empresa encargada de la recaudación.

Manuel Martínez, de UGT, abundó en la necesidad de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuya elaboración «se aprobó en diciembre por el Pleno. Desde entonces hemos tenido tres reuniones para nada. No sabemos qué gente está trabajando, ni sabemos lo que hacen porque no nos informan», lamentó. Ángel San Andrés, del SIME, opinó que el retorno de los servicios al propio Consistorio «puede ser ventajoso para los ciudadanos y para el Ayuntamiento». Idea que justificó en el hecho de que «no se ha demostrado que la gestión privada sea mejor».

La concejal de Ciudadanos Paqui López señaló que «la mitad del presupuesto municipal está en manos de empresas privadas», por servicios adjudicados en los últimos 20 años por el anterior gobierno del Partido Popular, con el exalcalde Miguel Ángel Cámara en cabeza. «Apostamos por la gestión pública porque creemos que se pueden ofrecer con calidad y eficiencia», manifestó el edil socialista Juan Vicente Larrosa.

Ángeles Moreno Micol, de Ahora Murcia, consideró «imprescindible» que se finalice la confección de la RPT. «Ni siquiera está empezada. No sabemos cuántos trabajadores hay, ni cómo están adjudicando los puestos de trabajo», señaló la concejal, por lo que abogó por terminar con «el enchufismo y el favoritismo de las redes clientelares del PP».

El edil de Cambiemos Murcia Sergio Ramos aseguró que los servicios externalizados son «un foco de corrupción» y denunció que los trabajadores de las empresas adjudicatarias son «precarios», al tiempo que indicó que «la privatización de empresas respondía a intereses privados, como Cespa». Esta última, encargada de la limpieza viaria en el municipio, tiene el contrato más abultado de todos, valorado en mil millones de euros por 20 años.

La moción insta al Gobierno a la puesta en marcha el 1 de abril de una mesa de trabajo para el estudio de la remunicipalización, que se desarrollaría durante seis meses y haría públicas sus conclusiones para elevar al Pleno su aprobación. Durante los seis meses siguientes, se aplicarían dichas conclusiones, «atendiendo siempre a criterios de eficiencia y salvaguardando los derechos establecidos contractualmente».