Vox pide en Orihuela la expulsión de migrantes y el fin de las ayudas a las oenegés
Moción «billete de vuelta» ·
El Ayuntamiento subvenciona con 34.000 euros a tres entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo programas de integración de personas extranjeras
En julio, de forma sorpresiva, Vox decidía romper todos los gobiernos autonómicos de los que formaba parte gracias a pactos suscritos con el PP. La excusa entonces fue que los populares no se negaron al reparto de menores inmigrantes propuesto por el Gobierno central. Meses después, el partido de Santiago Abascal ha decidido elevar la cuestión a los ayuntamientos. El líder de Vox condicionó también su presencia en ejecutivos locales a que las instituciones en las que gobiernan se pronuncien nítidamente contra inmigración irregular. Y Orihuela, en este sentido, no va a ser una excepción.
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La formación encabezada en la ciudad por el actual primer teniente de alcalde, Manuel Mestre, ha registrado una moción a la que ha tenido acceso LA VERDAD. En su parte final, Vox expone a la alcaldía-presidencia (que ostenta Pepe Vegara, del PP) una moción que han bautizado como «billete de vuelta». En ella se propone para acuerdo por parte del pleno la exigencia de expulsar a todos los inmigrantes ilegales del término municipal de Orihuela y el rechazo a la apertura de cualquier centro de acogida en la ciudad.
Mandarlos a Bruselas
La formación política también propone el traslado voluntario de inmigrantes a Bruselas, como una forma de responsabilizar a las «élites europeas» por la situación migratoria en caso de que los migrantes no puedan ser devueltos a sus países de origen. La moción, además, insta al Ayuntamiento a celebrar una consulta popular para reforzar la seguridad ciudadana y a promover cambios legislativos para evitar fraudes en el empadronamiento que, según Vox, permiten a los inmigrantes ilegales acceder a ayudas sociales.
El Ayuntamiento de Orihuela, en este sentido, no es ajeno a la concesión de ayudas a aquellas organizaciones humanitarias que prestan servicios al colectivo migrante y buscan su integración social. Sin ir más lejos, el pasado 17 de septiembre, la Junta de Gobierno aprobaba la concesión de 33.999,69 euros para financiar diversos programas gestionados por diferentes oenegés en materia de inmigración.
En concreto, el expediente, elevado por la concejal de Bienestar Social, Agustina Rodríguez (PP), proponía conceder a la asociación Vega Baja Acoge 19.280,39 euros por su «proyecto de intervención integral dirigida al colectivo de origen extranjero residente en Orihuela». Asimismo, se concedían 10.365,80 euros para el programa de «intervención global intercultural con migrantes» de Recicla Alicante y 4.353,50 euros para el programa 'Del odio a la empatía' de la Asociación Praxis Vega Baja. Cantidades todas ellas de las que el Ayuntamiento anticipa el 50% y entrega la mitad restante una vez se justifican los gastos.
De la abstención al no
La propuesta, en este caso, salió adelante pese a los votos en contra de los ediles de Vox Manuel Mestre, Ana Isabel García y Gonzalo Montoya. Y es que los populares cuentan, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito con Vox, con seis ediles, lo que les da un amplia mayoría para llevar adelante todos los proyectos que pasen por este órgano ejecutivo; en los últimos años muy desprovisto de funciones, ya que en su mayoría han sido delegadas en los propios concejales del equipo de gobierno.
Si bien la postura de Vox en la Junta de Gobierno es indiferente puesto que el PP ostenta la mayoría, la formación de Manuel Mestre sí rubricó con esos votos en contra un cambio de postura respecto de la concesión de estas ayudas. La primera vez en la que sus ediles tuvieron enfrentar esta decisión, en septiembre del año pasado, su postura no fue el voto en contra, sino la abstención. La cantidad entonces aprobada para las diferentes asociaciones fue ligeramente inferior: 33.305,86 euros. 21.581,86 para Vega Baja Acoge y 11.724 para Recicla Alicante.
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Exposición de motivos
Vox argumenta en su moción esta postura dura contra la inmigración ilegal en que, según dicen, el Ministerio del Interior señala que la llegada de migrantes a España alcanza ya las más de 42.000 entradas en lo que va de año, un incremento del 59% en comparación con 2023. La formación política atribuye este crecimiento a las políticas de la Unión Europea y del gobierno de Pedro Sánchez, a las que califican de «irresponsables» y de fomentar la inseguridad en los barrios españoles.
Vox sostiene en el mismo texto que la inmigración ilegal trae consigo inestabilidad social, económica y un aumento de la delincuencia, señalando que un 28% de los delitos cometidos en España en 2023 fueron obra de extranjeros, dicen aludiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, alertan sobre el papel de las mafias migratorias, especialmente en la ruta atlántica hacia Canarias.
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Moción contra la corrupción del PSOE
Siguiendo la tónica de llevar temas de política nacional a los plenos municipales, la moción «billete de vuelta» no es la única que la formación de Santiago Abascal ha presentado en Orihuela. A este se sumará también otra contra la corrupción del PSOE. El grupo municipal de Manuel Mestre exige en la misma la dimisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Critican lo que consideran una «corrupción estructural» en el seno del actual Ejecutivo y acusan al presidente de estar rodeado por un entorno vinculado a escándalos de corrupción. Vox señala concretamente el «Caso Begoña» o el «Caso David Sánchez», que implican a familiares cercanos del presidente, y destaca la gestión de los contratos de la pandemia como un ejemplo de tráfico de influencias.
En su exposición, Vox denuncia lo que considera un ataque a la unidad nacional y una degradación institucional que afecta a la soberanía del país. Entre los ejemplos mencionados, figuran los indultos a los líderes del 'procés' y la reforma de delitos como la sedición y la malversación. Además, el partido recalca la supuesta intervención del Gobierno en escándalos como la entrada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en España, pese a las sanciones de la Unión Europea.
Finalmente, la formación pide la convocatoria inmediata de elecciones generales, condena la «persecución» a los servidores públicos que investigan al Gobierno y expresa su repulsa hacia lo que considera una grave amenaza a la democracia y el Estado de Derecho en España.
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