Trabajo contra reloj para que Orihuela Costa no se quede sin mantenimiento en sus calles la semana que viene

Si llega una alerta por fuertes rachas de viento, podrían caerse señales y farolas y nadie las repondría. Si se produce un temporal marítimo y el oleaje se lleva las pasarelas y lavapiés, tres cuartos de lo mismo. Ese es el hipotético escenario al que se podría enfrentar Orihuela Costa la semana que viene si el Ayuntamiento no encuentra 'in extremis' una solución al contrato de mantenimiento de viales. Según indican desde el Consistorio a este periódico, a falta de dos días para que acabe la prórroga del contrato en vigor, el equipo de gobierno PP-Vox continúa sin dar con una solución definitiva para seguir prestando este servicio esencial.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que la empresa contratista, la oriolana Zaplana Caselles, desea abandonar el servicio. La mercantil está harta de los retrasos en los pagos de las facturas, la falta de materiales para ejecutar sus encargos y la nula actualización de los precios del servicio, que fueron calculados en 2019. Una situación que, sostienen los trabajadores, le está generando pérdidas a la empresa desde que, años atrás, se produjeran sendas subidas en los precios del combustible y los costes salariales.

El equipo de gobierno PP-Vox está trabajando un año más contra reloj para dar salida a un servicio que, desde su puesta en marcha, no ha traido más que problemas. La veintena de trabajadores de la contrata amenazan con iniciar movilizaciones. Tienen miedo de que el Ayuntamiento les deje en la calle sin sustento y piden que se les subrogue.

Según los mismos medios, durante la pasada semana, el ejecutivo municipal ha estudiado como solución municipalizar el servicio a través de una nueva encomienda a la empresa municipal Ildo, la cual, además, está casi un año después pendiente de empezar a operar sobre las zonas verdes de la costa.

Durante esta semana, el bipartito PP-Vox, tras solicitar informes, ha valorado finalmente esta alternativa inviable al entender que la mercantil pública no está preparada para asumir tal volumen de trabajo. Más tratándose de un centro especial de empleo que da trabajo a decenas de personas con diferentes discapacidades, cuyo presupuesto depende de ayudas de terceras administraciones y que, ya antes, asumía las zonas verdes de las pedanías y la zona azul en el casco.

Los empleados han informado al Ayuntamiento de que, personalmente, abogan por que el Consistorio ponga en marcha un contrato de emergencia como el que ya tuvo que suscribir con Vectoris para rescatar el servicio en las zonas deportivas municipales, que estuvieron parcialmente cerradas después de que el anterior contratista, Clequali, abandonara el servicio asediada por problemas económicos.

El Ayuntamiento sin duda ha tenido tiempo durante todo el año para preparar unos pliegos y sacar a licitar nuevamente el servicio. Sin ir más lejos, apuntan los mismos medios, el equipo de gobierno fue notificado ya en octubre de la intención de Zaplana Caselles de abandonar la prestación del contrato alegando los impagos que arrastra desde hace meses.

La actual contratista lleva operando en la costa desde febrero de 2020. Fue entonces cuando obtuvo la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, con una duración de cuatro años, prorrogable por dos años más. Entre sus responsabilidades se incluía el mantenimiento de calzadas, aceras, señalización vial, infraestructuras públicas, abastecimiento de agua para los lavapiés de playas.

El contrato, con un coste anual de 766.136,09 euros IVA incluido, se financia con cargo al presupuesto de la Concejalía de Infraestructuras. Sin embargo, el suministro de materiales (asfalto, pintura, señales) no estaba incluido y debía ser proporcionado por el Ayuntamiento. Algo que el Consistorio no ha sido capaz de sacar adelante, lastrando de esta manera el servicio. Ilustrativo es que, como norma general, se han venido tapando los baches en el asfalto con arena y cemento cuando no se ha sido capaz de recabar bituminosos sobrantes de otras obras como las de Hidraqua. Recientemente, sin ir más lejos, se han tapado los socavones en la carretera que conduce al IES Playa Flamenca con cemento.

En febrero de 2024, el equipo de gobierno prorrogó el contrato hasta febrero de 2025. Ya entonces desde la oposición se advirtió de que existían informes en los que técnicos municipales indicaban que la empresa podía estar incurriendo en un posible incumplimiento de contrato al carecer de la nave para vehículos y maquinaria que la mercantil añadió a su oferta durante la fase de licitación. En concreto, el técnico advertía que los vehículos iban a revertir a propiedad municipal al término del contrato y que su conservación y posible deterioro no sería el mismo estando a resguardo que estando aparcados al aire libre.

La ausencia de instalaciones techadas para el servicio es lo que ahora alega el exconcejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), para excusar que no diera su visto bueno al pago de las facturas de la mercantil. Por contra, Zaplana Caselles le acusa a Noguera de retener el pago por animadversión. Una cuestión que ahora está siendo dilucidada por la Justicia, que ha abierto juicio oral al exedil por un supuesto delito de prevaricación. Ahora, el actual equipo de gobierno PP-Vox, pese a que se le puso sobre la mesa una propuesta de sanción contra la mercantil por los mismos motivos esgrimidos por Noguera, no ha dado cuenta hasta el momento de que se vaya a aplicar ninguna penalidad o detracción contra la empresa.

La asociación vecinal Unidos por la Costa ha denunciado este miércoles que, además, existe a su juicio «una incoherencia» en la gestión del contrato. Señalan que, «mientras que el servicio se financia con cargo a la Concejalía de Infraestructuras, las competencias de mantenimiento han sido delegadas por el alcalde en el concejal de Orihuela Costa, Manuel Mestre (Vox)». Desde el partido de Mestre niegan que los viales y su mantenimiento estén entre las competencias del también primer teniente de alcalde y socio de gobierno de los populares.

Si el servicio de mantenimiento se suspende tras el vencimiento del contrato en febrero de 2025, Unidos por la Costa alerta de que el Ayuntamiento de Orihuela podría enfrentarse a un deterioro significativo de viales, aceras y espacios públicos, así como un incremento del riesgo para peatones y conductores debido a la falta de reparaciones y mantenimiento adecuado. Cuestión esta no menor, puesto que puede derivar una cascada de reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial contra el Consistorio oriolano.

Además, si el Ayuntamiento finalmente opta por sacar a licitar de nuevo el servicio en condiciones normales, el proceso hasta encontrar un nuevo adjudicatario podría demorarse meses en los que el servicio se dejaría sin prestar. Una prestación que, además, costaría bastante más ahora que hace cinco años. Fuentes consultadas indican que el coste anual de la contrata ya ronda el millón de euros.

«A pesar de conocer el vencimiento del contrato desde la toma de posesión en junio de 2023, el actual equipo de gobierno no ha adoptado medidas para garantizar la continuidad del servicio. Si la situación no se soluciona a tiempo, los ciudadanos de Orihuela Costa podrán verse gravemente afectados por un fallo de gestión que podría haberse evitado con la debida planificación y coordinación administrativa», denuncian desde Unidos por la Costa.

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