Orihuela rompe con la empresa de las zonas deportivas y la acusa de un presunto delito de apropiación indebida

Ruptura total entre el Ayuntamiento de Orihuela y la empresa que gestiona las instalaciones deportivas del municipio. Clequali comunicaba esta semana al Consistorio que va a dar baja a los trabajadores de la Seguridad Social y que cesaba el servicio este próximo lunes porque, según les transmitió a sus empleados, el Ayuntamiento le debe cuatro facturas. Por su parte, desde el equipo de gobierno han acusado este viernes a la empresa de emplear presuntamente el dinero que le pagaban, en lugar de para abonar las nóminas, para otros usos que desconocen. Algo que, en palabras del asesor jurídico del equipo de gobierno, Emilio Fernández, consideran un supuesto delito de apropiación indebida y otro de alzamiento de bienes, de los cuales, aseguró, van a dar traslado a la Fiscalía.

En una comparecencia en la que también han participado el propio alcalde, Pepe Vegara, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, y la concejal de Contratación, Mónica Pastor, el asesor ha tildado a Clequali de «empresa pirata» y la ha acusado de tratar de «chantajear» al Ayuntamiento y «mentir» al prometerles en sucesivas ocasiones que iban abonar los nóminas pendientes. En estas últimas semanas, sin ir más lejos, los trabajadores ya habían votado a favor mayoritariamente de ir a la huelga y acumulaban dos meses seguidos sin cobrar sus salarios, en concreto, las nóminas correspondientes a agosto y septiembre. Un situación alarmante para muchos de ellos, algunos con familia a cargo y cuyos únicos ingresos proceden de este empleo.

Ante esta situación, el alcalde ha anunciado este martes que rompe relaciones con Clequali y que el Ayuntamiento ha iniciado una contratación de emergencia para poder prestar el servicio durante el tiempo en el que el área de Contratación continúa tramitando el concurso para adjudicar definitivamente la gestión de las zonas deportivas municipales. Una licitación que, a día de hoy, continúa en plazo de presentación de ofertas. Un periodo, por otra parte, que no finalizará hasta el próximo lunes, ya que el Ayuntamiento ha decidido ampliarlo después de que varias empresas solicitarán más tiempo para estudiar los pliegos. Con todo, no se estima que el contrato definitivo sea adjudicado hasta dentro de cinco o seis meses, calculó la concejal de Contratación, Mónica Pastor. Y ello, además, si todo marcha bien y si las empresas concurrentes no deciden a continuación presentar recursos.

Mientras tanto, esa solución provisional que es el contrato de emergencia, por su parte, no llegará hasta dentro de, como mínimo, manifestó el equipo de gobierno, 15 días. Durante ese impás de dos semanas, Pepe Vegara sostuvo, a preguntas de los medios de comunicación, que habrá un servicio mínimo que el Ayuntamiento prestará entre los conserjes con los que cuenta en nómina el Ayuntamiento, así como con personal de limpieza propio. El regidor, asimismo, quiso tranquilizar a los trabajadores y aseguró que serán subrogados todos, tanto durante periodo en el que esté activo el contrato de emergencia, como con la contrata definitiva que se adjudique ya el año que viene.

Esos servicios mínimos, como es evidente, no cubrirán la totalidad del servicio que se venía prestando hasta ahora. Según explicó el concejal de Deportes, el Ayuntamiento tendrá irremediablemente que cerrar de forma temporal las piscinas interiores del Palacio del Agua al carecer el Ayuntamiento del personal propio necesario para su apertura y mantenimiento. Víctor Sigüenza, aun así, declaró que el servicio se retomará una vez se adjudique ese contrato de emergencia. Una modalidad de contratación que solo se prevé precisamente para situaciones excepcionales, con servicios considerados esenciales y que reduce en gran medida los plazos de licitación, de hecho, según explicó la concejal de Contratación, las empresas solo tendrán cinco días para presentar ofertas.

Este mismo viernes, el Ayuntamiento daba más detalles a través de sus redes sociales de la afección que tendrá la marcha de Clequali. En dos carteles, el Consistorio ha informado de la paralización temporal en el Palacio del Agua de las actividades acuáticas, de fitness (zumba, aerostep, stretching y boxeo) y las de artes marciales. También comunicaba el cierre del gimnasio municipal.

Respecto a las relaciones con Clequali, no eran pocos los trabajadores que, en las últimas semanas, manifestaban abiertamente su temor a que la mercantil bilbaína estuviera empleando el dinero que le pagaba el Ayuntamiento para otros usos distintos al pago de nóminas. Algo que el equipo de gobierno también sospecha, según han confesado este mismo martes.

El asesor jurídico ha explicado que la última vez que el Consistorio abonó el dinero que le pedía Clequali fue en mayo y que, en aquel momento, la factura se endosó al banco Santander, con quien la mercantil mantiene deudas. En adelante, el ejecutivo municipal ha reconocido que no han atendido a los requerimientos de pago de la empresa, según explicaron, porque estaban obligados a comprobar previamente que Clequali no tenía contraída ninguna deuda con Hacienda o la Seguridad Social. Algo que, dicen, posteriormente sí pudieron constatar. En este sentido, según la versión del asesor jurídico del ejecutivo municipal, Clequali estaba obligando al Ayuntamiento a pagar una serie de facturas a sabiendas de que, por ley, no podía hacerlo en tanto que la mercantil tenía todavía deudas pendientes con la administración.

El propio concejal de Deportes, durante el pasado pleno de septiembre, ya apuntaba que Clequali se encontraba en situación concursal. Hoy aclaraba que están a la espera de que, efectivamente, se nombre administrador para el proceso y, una vez ese puesto esté cubierto, poder reunirse con él. Según explicó el asesor, el pago de todas las facturas que le requiere Clequali están retenidas a la espera de lo que se determine por parte del juez al mando del concurso de acreedores. En los últimos meses, Clequali, con presencia a nivel nacional en muchos municipios, ha ido renunciando a la mayor parte de contratas que tenía. Hasta el punto, dijo el concejal de Deportes, que el gerente de la mercantil ya reconocía que Orihuela era el último cliente que le quedaba.

La versión de Clequali, sin embargo, difiere evidentemente de la expuesta por el Ayuntamiento. La mercantil, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, manifiesta que el Consistorio ha venido desde inicios de este año causando grandes prejuicios al demorarse recurrentemente en el pago de las facturas. Señala que no fue hasta julio que le fueron abonadas las correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Ese mismo mes, señalan que decidieron endosar las facturas al Banco Santander. Quedaban por pagar entonces las facturas mayo y junio, a los que se han sumado después agosto y septiembre. Según manifiesta el administrador de la mercantil en su notificación al Consistorio fechada el pasado 16 de octubre, el día 2 de este mes el Ayuntamiento pagó la factura de mayo y el Santander después pasó a considerar al Consistorio como «cliente moroso» y expresó su negativa a ampliar su financiación. Motivo que, sostiene Clequali, le lleva a abandonar la prestación del servicio a partir de este próximo lunes, no sin reclamar al Ayuntamiento que le abone las facturas adeudadas, las cuales asegura que ascienden a un total de 1.219.068 euros.

Sea como fuere, lo cierto es que situación en Orihuela con esta empresa empezó a torcerse a principios de este año. Fue cuando se sucedieron los primeros impagos y el alcalde tuvo que salir en rueda de prensa a reconocer que, si bien la situación económica de Clequali era delicada, había alcanzado un pacto verbal con ellos por el cual la empresa se comprometía a abonar las nóminas siempre y cuando el Consistorio abonase religiosamente las facturas. En junio, después de que el Ayuntamiento asegurara que tenía que abonar un cuantioso embargo de Hacienda sobre Clequali, el problema de retrasos en el pago de los salarios se solventaba para volver a reproducirse este agosto.

A toda esta complejidad en los pagos, se suma, cabe recordar, que Clequali lleva prestando el servicio en Orihuela sin un contrato en vigor desde marzo del año pasado, que fue cuando venció la última prórroga del anterior contrato que mantenía el Ayuntamiento con la mercantil. Entonces, todavía con el gobierno PSOE-Cs al mando, el Consistorio empezó a abonar las facturas que le pasaba la empresa a través del procedimiento de omisión de la función interventora, el cual obliga a que cada factura sea fiscalizada por un órgano autonómico externo, el Consejo Jurídico Consultivo, alargando por tanto de manera inevitable el periodo medio de pago a la mercantil.

Durante la presente legislatura, el actual equipo de gobierno, con el concejal Víctor Sigüenza al frente, ha culpado en reiteradas ocasiones de la situación a sus predecesores del gobierno PSOE-Cs por no haber licitado en tiempo el contrato a sabiendas de que su vencimiento estaba próximo.

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