Madrid supedita la creación de un nuevo juzgado en la Vega Baja a la aprobación de nuevos presupuestos
El Gobierno central asegura que hará también un estudio de necesidades ante las quejas del Colegio de Abogados
La creación de 32 juzgados de lo Social que demandó en 2022 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre ellos uno en la Vega Baja, estará supeditado a que haya presupuestos este año. Así contestó este lunes a Ciudadanos el Gobierno central sobre las quejas del Colegio de Abogados que ha reclamado la implantación de uno de estos juzgados en Orihuela o Torrevieja para agilizar la justicia en el ámbito laboral. Una respuesta en la que también se compromete a hacer un análisis de la carga de trabajo de las salas que ya están en funcionamiento.
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La pregunta lanzada en diciembre por el diputado naranja por Alicante, Juan Ignacio López-Bas, señalaba que, según un informe del CGPJ de 2022, era «necesaria e imprescindible la constitución de esos 32 nuevos juzgados» y que la distribución territorial aconsejada era la de crear 3 juzgados en Almería, 1 en Cádiz, 1 en Jerez de la Frontera, 2 juzgados en Málaga, 5 en Sevilla, 1 en Barcelona, 15 en Madrid, 2 en Alicante, y 2 en Elche.
Entre los correspondientes a la provincia de Alicante, estaría uno más para la Vega Baja. De hecho, en su pregunta, Ciudadanos expone el caso de Orihuela, donde, según apuntan, el Colegio de Abogados «ha reclamado en varias ocasiones la implantación de un juzgado de lo Social en dicha ciudad (o en Torrevieja), a fin de facilitar la administración de justicia en el ámbito laboral a los ciudadanos de la comarca».
En este sentido, Ciudadanos reinvindica que es necesario por su población, superior a 350.000 habitantes, y porque carece de estos órganos jurisdiccionales, lo que lleva a los interesados a tener que trasladarse hasta Elche o Alicante para asuntos laborales.
El fin de la creación de estos 32 nuevos juzgados en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana sería, pues, «agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta en aquellas provincias en las que se ha detectado que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año».
«La creación de estos 32 juzgados de lo social que se solicitan en el citado acuerdo queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria, a la valoración de la carga de trabajo de los Juzgados de lo Social en funcionamiento, así como a los tiempos de respuesta de los mismos, a las propuestas de creación de las comunidades autónomas para 2023 y a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para 2023», señala el Gobierno en su respuesta.
Además, el Ejecutivo central advierte de que esa petición de creación de nuevos juzgados «se debe recoger en la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales para la programación correspondiente a 2023». Y recuerda que esa propuesta será solicitada en su momento por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, al igual que hará con las peticiones de creación de nuevas unidades judiciales que lancen las 12 comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia.
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Asimismo, Moncloa recuerda que en la programación de la planta judicial de 2022, «ya cerrada y materializada en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre», se aprobó la creación de setenta unidades judiciales. Y avisa de que en el mismo se incluye la creación de cinco nuevos juzgados de lo Social.
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