A vueltas con el Consejo de la Transparencia

Veamos lo que está pasando y vayamos por partes.

Al presidente del Consejo lo propusieron y lo votaron en la Asamblea ellos, PP y tránsfugas, frente a un candidato alternativo propuesto desde la izquierda. Cuando lo designaron, el hombre tenía ya una edad y un estado físico. Nadie debe ahora llevarse a engaños. Fue su candidato. Pero en el poco tiempo que ha podido y le han dejado, sin tener medios, ha demostrado un hacer independiente, sin ataduras y haciendo lo que debía conforme a la Ley.

Cuando llevó al Pleno del Consejo la propuesta de resolución para que se entregara la información de quienes se habían vacunado saltándose el orden establecido, los que lo propusieron votaron en contra y los demás votamos a favor. Por cierto, que esa información la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aún no la ha entregado.

Esa independencia que ha demostrado, haciendo gala del mandato legal y fiel al mismo, le ha pasado factura. Los tránsfugas y el PP quisieron alardear de que ponían el frente de la transparencia en esta Región nada más y nada menos que a un exmagistrado, a la sazón quien fuera presidente del TSJ de Murcia. Pero aquello fue un mero 'postureo', una operación de disimulo. Cuando este hombre, después de fallidos intentos de influir en sus decisiones y funciones, no se ha dejado y no se ha tomado los cafés que le proponían para 'apañar' las cosas los mismos que lo propusieron, ahora quieren no ya que deje su función, pues aquello de la transparencia era una mera apariencia, sino que quieren lincharlo públicamente, desprestigiarlo como persona. Menos mal que no ofende quien quiere, sino quien puede.

Ahora andan pidiendo desde la Asamblea que rinda cuentas de lo que se ha hecho. Pues bien, lo que se ha hecho es conocido y está en la web del Consejo. Ahí están las 710 resoluciones ordenando que se entregue información, muchas de ellas incumplidas. Están los acuerdos instando a que se abran expedientes sancionadores a los incumplidores, desatendidos todos ellos. Y en fin, la vergüenza de la propia Asamblea que ni siquiera ha cumplido con su obligación legal de rendir información al Consejo como marca la Ley; ni lo hizo el año pasado ni lo ha hecho este. Más le valdría a su presidente, Sr. Castillo, en lugar de actuar al pitido y a la orden de su dueña, Sra. Franco, dejar de poner por los suelos a la institución que no es digno de presidir y cumplir sus obligaciones de transparencia. Tampoco les vendría mal a ambos enterarse con cierto rigor de qué va esto de la transparencia en la gestión pública, más allá de modas y oportunismos, que es como ellos la entienden. Pisando a quien haga falta para sacar ventaja en su cortoplacismo. Unas instrucciones básicas de respeto a las instituciones tampoco les vendrían mal.

La Sra. Franco lo que tiene que hacer es no impedir que el Consejo de Transparencia tenga los medios que sus propios representantes, en el Pleno del Consejo, han aprobado. Dejar que se provea de su personal. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, han comparecido, junto a algún particular muy cualificado, en los tribunales defendiendo la legalidad de la actuación del Consejo en materia de personal. Y, por cierto, también debería tomar la sana y educada costumbre de contestar las cartas que se le envían en lugar de vociferar en los medios. Por su conducto, que es el reglamentario, se le envió hace meses una carta en materia de presupuestos a la que no se ha contestado. Como en tantas otras ocasiones.

Y dejen ya de mentir a la ciudadanía con el asunto de la sede electrónica del Consejo y su registro. Es bien sencillo, los papeles que mandan al Consejo los ciudadanos no se los puede quedar la CARM para después ponerlos a nuestra disposición. «El controlado no puede controlar al controlador». Se ha hecho lo que cualquier administración debe hacer poniendo su sede y su registro, y se ha aprobado como marca la Ley, por una resolución del presidente, igual que hizo el Consejo de Transparencia del Estado. Y por favor, léase atentamente el artículo 10 del Real Decreto 203/2021, que regula con carácter básico la materia, y nótese que se trata de un acto administrativo, que no de un reglamento, y que el órgano competente no es otro que el presidente del Consejo. Quizás así dejen de lado esa insana costumbre que tienen muchos políticos, que cuando quieren hacer una cosa y saben que no les asiste ni la razón ni la legalidad, echan mano de informes jurídicos. En este caso de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Flaco favor le hacen a esta institución.

Aquí no hay nada ilegal, lo que hay es una resolución del Consejo que es firme y que tiene que cumplirse, como tantas otras. Pero para eso hace falta tener un respeto por las instituciones, cosa que estos tránsfugas desconocen.