Con la vivienda no se juega
El plan de López Miras para abordar el problema no es la panacea, pero contrasta con el conformismo del Gobierno central y sus erráticas actuaciones en esta materia. La ciudadanía espera mucho más de un Ministerio que debería liderar las políticas públicas precisas que den sus frutos en el menor tiempo posible
A estas alturas del siglo XXI, el derecho a una vivienda digna se ha convertido en un mantra poco creíble para el conjunto de los ciudadanos y casi ilusorio si nos referimos al sector más joven de la población, principal damnificado de los desorbitantes precios de alquiler y venta en las grandes urbes y las zonas costeras, empujados por la falta de oferta y la entrada de capital extranjero, dos condicionantes que alimentan la imparable senda inflacionista de los bienes inmuebles, incluidos los de primera ocupación. La situación se agrava conforme pasa el tiempo sin que las autoridades competentes en la materia sean capaces de adoptar medidas paliativas que de verdad tengan efecto en el mercado y beneficien a las personas que demandan un hogar. No olvidemos que el desasosiego, incluso la ingustia, crece entre quienes ven con impotencia que sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda. Da buena fe de ello el último Barómetro del Cemop (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública), publicado el mes pasado, al destacar la irrupción de la vivienda en los primeros puestos como problema económico y social. En esta encuesta, la vivienda ocupa el quinto lugar entre las preocupaciones más importantes para los ciudadanos de la Región, tras los políticos, la inmigración, el desempleo y la gestión del Gobierno regional, cuyo presidente, Fernando López Miras, ha fracasado en su intento de sacar adelante en la Asamblea el decreto de vivienda asequible, tumbado por la oposición al completo, incluido Vox. Los intereses partidistas se han impuesto, una vez más, incluso en la búsqueda de soluciones a una cuestión tan sensible y urgente como esta. La lucha por el desgaste político del contrario prevalece a cualquier otra consigna.
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No termina de entenderse que PSOE y Vox no hayan colaborado para sacar adelante el citado decreto del Ejecutivo autónomo, aunque fuera con la condición de someterlo después a tramitación parlamentaria con la posibilidad de incorporar enmiendas. La iniciativa del PP, que marcaba el objetivo de edificar 25.000 viviendas asequibles (con todas los matizaciones que se quieran poner al adjetivo asequible), no solo contaba con la bendición de constructores y promotores -hartos ya de reclamar suelo y menos burocracia-, sino que la propuesta impulsada por López Miras era la única factible planteada hasta el momento y además incluía medidas innovadoras, como la prima de edificabilidad de hasta el 50% en solares afectados por restos arqueológicos, compatibilizando la conservación y protección del patrimonio con la puesta a disposición de pisos y la revitalización de los cascos antiguos. Tampoco hay que olvidar que el decreto también tenía el respaldo de colegios profesionales y representantes del Tercer Sector, que no dudaron en arropar al presidente de la Comunidad en la presentación en sociedad de la esperada nueva normativa.
Pero este claro apoyo no debió ser óbice para que López Miras y el Partido Popular destinaran todos sus esfuerzos a consensuar el contenido del decreto, también con aquellos cuya aprobación resultaba necesaria, es decir, las formaciones que componen la oposición. Al líder del PP se le olvida a veces que no dispone de mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos sin necesidad de sumar el aval de los demás grupos. ¿O es que se deja llevar por el mismo juego del desgaste? Gobernar por la vía de los hechos consumados entraña sus riesgos, sobre todo cuando el partido que ha venido siendo tu socio, en este caso Vox, empieza a tomar distancias para afrontar a cara de perro la embarrada carrera electoral que se avecina.
Tras el chasco, el Gobierno regional ha reaccionado rápido y López Miras anunció el pasado jueves que el decreto de vivienda asequible se tramitará como proyecto de ley exprés con la finalidad de que las medidas de la norma derogadas vuelvan a entrar en vigor cuanto antes. Si aceptan tomarlo en consideración, los grupos parlamentarios podrán realizar enmiendas durante su tramitación. No obstante, el proceso se puede retrasar más de lo deseado, pues un proyecto de ley tiene que pasar normalmente por un periodo de información pública y recabar los dictámenes de distintos organismos consultivos, como el CES y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
El plan del presidente de la Comunidad para abordar el problema de la vivienda no es, desde luego, la panacea, pero contrasta con el conformismo del Gobierno central y sus erráticas actuaciones en este campo. La ciudadanía espera mucho más de un Ministerio de Vivienda que debería liderar con mayor énfasis las políticas públicas precisas para armar una estrategia que dé sus frutos en el menor tiempo posible. Ya lo dijo en 2019, en un acto organizado por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas en España (Concovi), Juan Francisco Casado: «El gran cáncer del sector es el desgobierno. La inestabilidad política e institucional genera miedos que afectan a la inversión y las operaciones». Claro como el agua y vigente a día de hoy.
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Mientras tanto, también esta semana nos hemos dado de bruces contra un dato que no por sospechado deja de impactarnos. Y es que la situación de la clase media empeora en la Región, lastrada en gran medida por la dificultad de acceso a la vivienda. Apuntan los expertos que han elaborado el último informe Foessa de Cáritas que este problema constituye uno de los factores que más influyen en la paulatina degradación del bienestar. Nefasta noticia si tenemos en cuenta que la sostenibilidad de lo que llamamos Estado de bienestar pasa precisamente por la buena salud de una clase media sólida y numerosa.
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