El circo de Santa Cruz

Tras una semana en la que, de nuevo, las políticas migratorias han vuelto a protagonizar la actualidad regional, con el centro de menores de Santa Cruz (Murcia) y su inminente cierre en la diana, conviene tomar cierta distancia de la polémica y acudir a lo verdaderamente importante, a lo más sagrado, que no es otra cosa que lo que señala la ley, independientemente de que guste más o menos su contenido. Recordemos que la legislación española protege a los llamados 'menas' (menores extranjeros no acompañados) bajo el principio de no discriminación, asegurando su bienestar con los mismos derechos que los menores españoles, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de las Naciones Unidas de 1989 que establece un conjunto integral de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales para todas las personas que no hayan cumplido los 18 años. Este acuerdo vinculante, ratificado por casi todos los países del mundo, incluido el nuestro, obliga a los Estados a armonizar su legislación con estos principios y a asegurar que los niños puedan disfrutar plenamente de sus derechos, incluyendo el interés superior del menor, la no discriminación, el derecho a la vida y la protección contra abusos y explotación. Por tanto, cualquier desviación de estos objetivos debería provocar en la sociedad -empezando por los representantes públicos- una reflexión seria y responsable que, lejos de atisbarse con claridad, se diluye en el mar de la crispación y del enfrentamiento. En un ejercicio de reduccionismo intelectual lamentablemente a la altura del relato que determinados líderes pretenden imponer, y cuyos resultados se perciben mucho más exitosos de lo que una democracia madura merece, los menores migrantes son tratados como arma política arrojadiza.

Lo ocurrido el pasado miércoles a las puertas del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz, a punto de ser clausurado por el Gobierno regional en cumplimiento del pacto alcanzado entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad, escenifica el esperpento por el que deambulan nuestros políticos. La formación de Abascal, con José Ángel Antelo a la cabeza, convocó una concentración frente a las dependencias que acogen a unos 60 menores -gran parte extranjeros, pero también bastantes españoles- para exigir su cierre inmediato y la deportación de los chicos extranjeros a sus países de procedencia. Pero el acto fue abortado por el dispositivo especial de Guardia Civil ordenado por el delegado del Gobierno, el socialista Francisco Lucas, dado que la protesta carecía del permiso necesario y, además, podía incurrir en un posible delito de odio, tan vigilado ahora después de los incidentes racistas de este verano en Torre Pacheco. Como cabía esperar, al 'espectáculo' se sumaron Podemos y su militante más activo y agitador en redes sociales, el exdiputado regional Víctor Egío. La bronca estaba asegurada y las expectivas se cumplieron. Y no podía faltar el intercambio de insultos, claro. Mientras Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, tildaba a los exaltados 'podemitas' de «tontos» e «idiotas», estos lanzaban gritos de «fascistas» y proclamas antirracistas como «Ku Klux Vox». Ese es el nivel de los dos partidos que condicionan -cado uno en su medida- la gobernabilidad en la Región de Murcia y en España. La foto de este penoso episodio -portada de nuestro periódico el pasado jueves- retrata a sus protagonistas, pero sobre todo evidencia una manera populista de hacer política que los medios de comunicación serios estamos obligados a trasladar a nuestras audiencias poniendo en contexto tales actuaciones siempre con criterios periodísticos. Lo contrario sería dar vía libre a la difusión de contenidos propagandísticos, o cuando menos sesgados, a través de las redes sociales, donde los argumentarios de los partidos campan a sus anchas, sin filtro alguno, y los fanáticos vomitan toda su bilis.

Del circo que montaron Vox y Podemos en Santa Cruz ha intentado salir airoso el PP dando lecciones de responsabilidad y condenando duramente el acto convocado por los de Santiago Abascal. El portavoz popular en la Asamblea, Joaquín Segado, no dudó en calificar la actuación de Antelo y sus hombres de «irresponsable» e «indecente», y les acusó de movilizarse «con el único objetivo de generar tensión social». Además, salió en defensa de los internos: «Detrás de las puertas de ese centro lo que hay son niños y adolescentes, extranjeros y también españoles, acogidos por estar en situación de desamparo». Nada que reprocharle a Segado si no fuera porque él mismo y su partido se plegaron a las presiones de Vox y firmaron un pacto de Presupuestos en el que se incluye, sin medias tintas ni lugar a otras interpretaciones, el cierre del centro de menores de Santa Cruz con la fecha límite de este mes de septiembre. Demasiado tarde, cabría pensar, para defender a unos menores que hace solo tres meses se utilizaron como moneda de cambio para sacar adelante las Cuentas de la Comunidad Autónoma. En el PP pretenden borrar de la memoria colectiva el acuerdo con Vox, en la creencia de que el fin justificaba los medios y de que no iba a sufrir las consecuencias. Nada más lejos de la realidad.

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