Algunas verdades sobre las leyes de Educación en España

La primera verdad, que apenas ha sido comentada, es el alto número de leyes generales en materia de Educación, conformada por ocho o nueve, si partimos de la Ley General de Educación del tardofranquismo de 1970, vigente hasta el año 1980 y, por tanto, ya en democracia, impulsada por Villar Palasí, que estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años e inició la modernización del sistema escolar. Casi todas las demás leyes, concretamente cinco, fueron impulsadas por el Partido Socialista, otra lo fue por la UCD y dos por el PP, o sea que el 55,55% del protagonismo legislativo en materia educativa ha venido del PSOE, que no quedaba satisfecho de sus propias reformas o de sus resultados, con una cadencia de cinco o seis años. Demostrando un especial afán por la paternidad en la materia. Y consecuentemente el porcentaje de responsabilidad en los logros o no de las sucesivas reformas se repartirá en razón de esa proporción.

Según el informe de PISA, los alumnos españoles de 15 años se sitúan en general por debajo de la media de la OCDE, con tendencia todavía a la baja. Los resultados de 2018 son los peores en ciencias desde que arrancó el test en el año 2000, 13 puntos menos que en 2013. En Matemáticas, 5 menos que en la última edición de 2015. En comprensión lectora, España quedó fuera por anomalías en la prueba de fluidez, siendo difícil, según el informe, extraer conclusiones de la LOMCE de 2013, ya que algunas de las principales medidas que contemplaba para mejorar el rendimiento de los alumnos no se llegaron a implantar. Se trata de hechos objetivos.

La segunda verdad hace referencia, como refleja el informe citado, a la pérdida sucesiva de calidad en las leyes generales, y además a la falta de encuentro y acuerdos para un pacto nacional de Educación, confirmándose el enfrentamiento que no hubo en las de 1970, 1980 e incluso en la de 1985, mas próximas al proceso de la Transición y menos politizadas, a diferencia de las posteriores en las que han sobresalido los intereses partidistas y los sesgos ideológicos.

Manteniendo la objetividad adelantada: la segunda ley, la LOECE, de UCD, de 1980, vigente durante cinco años, recogió la libertad de elección de centros según las convicciones de los padres, bajo un modelo democrático de la enseñanza, resultante del nuevo orden constitucional, recurrida ante el TC, por la compatibilidad de los idearios. La tercera ley, la aireada LODE, del PSOE, de 1985, regula la participación a través de los Consejos Escolares y el reparto de competencias, lo que facilitó la entrada de la política en el colectivo escolar, y sobre todo estableció el régimen de conciertos en la enseñanza obligatoria para los centros privados, con los que se pretendía equilibrar, como en las citadas leyes anteriores, el problema de la relación entre la enseñanza pública y la privada, «consagrando y reiterando el carácter mixto de nuestro sistema educativo, defendiendo la convivencia de la enseñanza pública y de la privada», «con un componente público mayoritario y otro privado de magnitud considerable», según el preámbulo de la citada ley. Aunque la reforma planteada no fue bien vendida, dando lugar a desencuentros en el Parlamento y masivas manifestaciones en Madrid en el año 1985, ocultadas en los medios de comunicación, y que en el caso de la Región de Murcia, tanto por la Dirección Provincial de Educación, como por la Federación de Padres de Alumnos, entre debates, no impidió que concertaran al final todos los centros privados que lo solicitaron.

La cuarta ley, la LOGSE, del PSOE, de 1990, extendió con lógica la educación obligatoria hasta los 16 años, y cambió, sin convencer, el sistema escolar anterior, sustituyendo EGB, BUP y COU, por la actual Primaria, ESO y Bachillerato, dando más participación a las comunidades autónomas. No estuvo exenta de desencuentros. Fue aprobada con los votos en contra del PP. La quinta, la LOPEG del PSOE, de 1995, fue rechazada por los sindicatos de profesores y votaron en contra PP, IU y CC. Otorgó más autonomía a los centros. La sexta, la LOCE, de 2002, del PP, introdujo los itinerarios en la ESO, que la izquierda criticó por segregar demasiado pronto a los alumnos. Recuperó las reválidas y la repetición con más de dos asignaturas suspensas. Apenas pudo aplicarse: en 2004 fue paralizada con el cambio de Gobierno.

La séptima ley, la LOE, del PSOE, de 2006. Aprobada por el Parlamento con el voto en contra del PP y la abstención de CIU. Derogó todas las leyes anteriores salvo la LODE. Mantuvo la Religión como voluntaria, sin contar para la nota, y estableció la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron. Se criticó su carácter ideológico para con los alumnos. Además, se acusó de rebajar la exigencia y calidad de la enseñanza y pasar curso con materias suspendidas. La octava, la LOMCE, del PP, de 2013, que fue solo una reforma de la LOE, originó muchos enfrentamientos, recuperó las reválidas y dio plena validez a la asignatura de Religión, recortó las becas universitarias, extendió los conciertos y determinó que el castellano fuera la «lengua vehicular» de la enseñanza en todo el Estado. Sufrió fuerte oposición de los grupos políticos.

La novena y última ley del PSOE, ya publicada en el BOE, la LOMLOE, contraria a la del PP, también muy criticada, con masivas manifestaciones en coche por las ciudades, supone otro embate legislativo al amparo de la pandemia que siembra división en la comunidad. Es una ley débil por su falta de pluralidad, no promocionar el esfuerzo ni luchar contra el fracaso escolar y eludir el diálogo. Adoleciendo de falta de democracia, al no dar acceso a las partes interesadas y acortando plazos. Elaborada por el procedimiento exprés, toca la libertad de enseñanza, frena el avance y la convivencia consagrada por la LODE con la escuela concertada, a la que prohíbe el aumento de plazas y de centros, suprimiendo la llamada «demanda social», incumpliendo el artículo 27 de la CE; anula el valor académico de la Religión; se hace excepcional la repetición de curso; permite el título de Bachiller con un suspenso; elimina la mención al castellano como «lengua vehicular» de la educación en todo el territorio de la nación.

La tercera verdad visible es que con esta sucesión de leyes se ha llegado al desencuentro extremo, pues el final alcanzado no puede ser más discutible, excluyente y enfrentado; en vez de haber logrado un pacto nacional sobre Educación, que mantenga la convivencia de todos, la igualdad de oportunidades y el valor de los conocimientos, siendo los perjudicados y víctimas los alumnos y los profesores, los principales protagonistas de la libertad de enseñanza y del futuro del país.