Me quedo con el titular de la entrevista que Antonio Arco le hace a la exconsejera Adela Martínez-Cachá en la que, a propósito de ... haber sido absuelta del delito de prevaricación que le imputaban, expresa: «Se acabó esta puñetera pesadilla que me ha robado mucho tiempo de mi vida»... No he tenido el gusto de conocer personalmente a la exconsejera, pero me alegra triplemente esta absolución. Por ella misma, porque en la sentencia absolutoria va incluido el ingeniero Martínez Francés, al que sí conozco, desde niño, y, por último, me alegra que no habiten entre nosotros unos prevaricadores a cuenta de unas obras de emergencia para derivar caudales de la Rambla del Albujón. La Audiencia ha sentenciado que no hay caso. Los denunciados son inocentes, pero... ¿Quién les restituye el daño que han padecido? ¿Cómo se les compensa el sufrimiento, la maledicencia, las penurias judiciales, las dudas sobre su persona, los juicios paralelos, la congoja familiar y el dinero gastado en demostrar su inocencia?
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La lentitud de la Justicia está en el centro del problema y del 'daño colateral' que alarga e incrementa la pena del enjuiciado «una justicia lenta es menos justicia», como ha dicho la magistrada Margarita Robles, hoy ministra, pero no parece que tal lentitud (que afecta a otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia) tenga una fácil solución. Sí que supondría un alivio dotar a la Administración de Justicia de más recursos humanos y materiales, pero también pueden colaborar los políticos, demasiado acostumbrados ya a utilizar de forma abusiva las instancias judiciales.
Sea cual fuere la difícil solución, lo que preocupa a las personas sensibles a la injusticia es el daño gratuito que una denuncia sin sustento causa a una persona y a sus allegados. El caso de Martínez-Cachá y Martínez Francés es el más reciente y que aprovecho para recordar otro caso más sonado del que, hoy, se cumplen exactamente 31 años: la dimisión forzada de Carlos Collado, blanco de todo tipo de improperios y dudas deshonrosas sin que, hasta ahora y a excepción del fallecido exalcalde lorquino Miguel Navarro («perdona, Carlos, por lo que te hicimos») se le haya restituido públicamente.
El caso que acabó con el último candidato ganador del PSOE fue la compra de Casa Grande, que sus detractores convirtieron en caza grande.
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