Sobre la utilidad de la iniciativa legislativa popular del Mar Menor

El único aspecto positivo que le encuentro a esta iniciativa es que procede de la movilización de la ciudadanía e intenta solucionar de buena fe el desastre medioambiental que tiene su origen en la inacción e incompetencia de las Administraciones actuantes, que son las verdaderas responsables de la situación actual de degradación del ecosistema.

En todo lo demás relativo a la iniciativa, y actuando con honradez intelectual, no me merece una valoración positiva, y no creo que tenga utilidad alguna.

Jurídicamente se le pretende otorgar al Mar Menor personalidad jurídica para que el ecosistema pueda ser titular de derechos y obligaciones. La cuestión es que el respeto del medio ambiente ya es un bien jurídico protegido por la norma constitucional, en concreto por el artículo 47, y las agresiones medioambientales ya están sancionadas por las leyes penales y administrativas, incluso se ha reconocido la responsabilidad penal a las personas jurídicas para que los tribunales puedan tener un arsenal punitivo con la suficiente entidad para que las empresas se vean obligadas a modificar sus conductas.

Como toda persona jurídica, necesitará de unos órganos para ejercer esos derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿cómo se accede a estos órganos?, ¿son designados los promotores 'ex lege' como representantes?, ¿ejercen su cargo de forma gratuita o remunerada?, y en el caso de que esta actividad sea remunerada, ¿quién se va a hacer cargo de las dietas y de los sueldos? En el momento actual de crisis económica la solución no debe ser crear más organismos públicos con sus correspondientes dotaciones presupuestarias, y el consiguiente aumento en la carga impositiva.

Y una vez elegidas las personas que actúen en nombre del Mar Menor, no queda claro su legitimidad para realizar actos con relevancia jurídica en nombre de un bien público de titularidad estatal. Si la opinión pública no está de acuerdo con sus actuaciones, ¿cómo se les podrá remover de sus cargos?, ¿qué tipo de responsabilidad tienen?, ¿es razonable que una profesora de la Facultad de Derecho represente a un bien público de titularidad estatal, sin ningún tipo de legitimidad democrática, o responsabilidad jurídica o penal? En fin, demasiados interrogantes sin respuestas, y un peligro importante en el intento de construir una legitimidad distinta a la democrática para gestionar asuntos públicos, una legitimidad tecnócrata, supuestamente basada en una superioridad intelectual y moral.

Se intenta justificar esta iniciativa indicando que es la forma de solucionar el problema ante el fracaso de las Administraciones actuantes. En este argumento discrepo radicalmente, ya que resulta que las Administraciones competentes sobre la materia tienen plena legitimidad democrática, y se someten a elecciones periódicas, de tal forma que si la ciudadanía no está satisfecha con la forma de actuar de estas Administraciones, tiene la posibilidad de no renovarle su confianza en las urnas.

Otro argumento que se utiliza es que a través de esta iniciativa se permitiría a cualquier ciudadano ejercer acciones jurídicas en defensa del ecosistema. Pues bien, no se tiene en cuenta que cualquier persona, con las leyes procesales actuales, puede denunciar cualquier tipo de delito medioambiental e incluso ser parte del procedimiento penal a través de la acusación popular, sin perjuicio que estas atribuciones en un Estado de Derecho le corresponde al Ministerio Fiscal, y precisamente la Fiscalía especializada en delitos medioambientales funciona en la Región de una forma correcta y eficaz como muestra la multitud de causas abiertas que existen actualmente sobre este tema.

Podemos concluir que tanto las responsabilidades políticas como las jurídicas por el mal estado del Mar Menor se pueden exigir a los culpables sin necesidad de otorgarle personalidad jurídica a ningún elemento geográfico. Dicho de otra manera, nada aporta, ni se defiende mejor a este medio natural por el hecho de otorgarle personalidad jurídica.

Entiendo que la opinión expresada no es popular, y es por ello por lo que casi ningún partido se opone abiertamente a esta iniciativa para no asumir el coste político de este posicionamiento. Sin embargo, a los ciudadanos se les tiene que explicar con claridad que la utilidad de esta iniciativa legislativa es mínima y que poco o nada va a cambiar la situación actual. Entiendo que la ciudadanía no se resigne a que esta joya de la geografía regional se continúe degradando, pero sinceramente, este no es el camino para solucionarlo, ni es el 'bálsamo de Fierabrás' que de forma instantánea devolverá al estado anterior al Mar Menor.

A pesar de lo argumentado, me gustaría equivocarme porque antes que jurista soy murciano. Sin embargo, creo honestamente que esta iniciativa poco o nada va a mitigar la situación actual del ecosistema de la laguna salada y no es la fórmula jurídica ni política para solucionar el problema.