No son menas, sino niños y niñas vulnerables que requieren protección

Pero este acuerdo es claramente insuficiente para poder abordar la situación límite que se vive en las Islas Canarias, en donde es necesario el traslado a la península de al menos unos tres mil niños y niñas para poder garantizar una atención que permita el cumplimiento de los derechos humanos, la Ley del Menor, la Ley de Extranjería y la propia Constitución española.

Al no poder alcanzar acuerdos voluntarios en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que den respuesta a la situación creada, desde instancias gubernamentales en Canarias y en España se ha planteado la modificación del articulo 35 de la Ley de Extranjería, para hacer posible que estos traslados sean de carácter obligatorio y no voluntario en el momento en el que una comunidad autónoma alcance el 150% de su capacidad máxima de acogida, estableciendo un plan de respuesta inmediata que incluya la necesaria dotación presupuestaria del Gobierno de España a las comunidades autónomas, que son las que ostentan la competencia de la tutela de los niños y niñas.

La llegada a nuestras costas de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo tiene su origen en las situaciones insostenibles para la vida humana en sus territorios de origen, con una desvinculación a todos los niveles sobre las que es preciso incidir si queremos detener estas llegadas, las cuales no se pueden abordar incumpliendo la legislación vigente, ni vinculando a los menores con imágenes estereotipadas y generalistas no basadas en hechos, sino en imágenes construidas.

La acogida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad no es algo que se esté realizando por primera vez como respuesta a la presente crisis migratoria, por el contrario es una práctica ordinaria que las comunidades autónomas, en el desarrollo de sus competencias, vienen implementando históricamente, tanto con menores extranjeros, como autóctonos en situación de desamparo.

Queremos recordar que solo en la respuesta dada a la acogida de personas y familias de origen ucraniano en Europa y en España, nuestro país ha dado acogida y tutela a más de mil setecientos niños y niñas que llegaron solos, sin acompañamiento de ningún familiar, y lo hicimos desde la solidaridad, sin ruido y sin oposición de ningún actor social, ¿por qué ahora no?

A veces no somos conscientes de que los niños y las niñas menores de edad de origen inmigrante se han convertido en el chivo expiatorio de lo que no nos funciona como sociedad, sin darnos cuenta de que son tan solo el síntoma de la desconexión y la desvinculación los sistemas parentales, de cohesión e inclusión social a los que estamos asistiendo. Cuando a un menor le secuestramos su identidad, su pertenencia, y lo cosificamos tras una denominación genérica, como mena, le estamos privando de su nombre, de su historia, de sus orígenes, y les negamos los vínculos y la pertenencia al territorio de acogida que es vital para su integración. Es importante conocer quiénes son y producto de qué son, aproximarnos a sus historias de vida, conocerlos, mirarlos y reconocerlos, pues en muchas ocasiones descubriremos a nuestros propios hijos e hijas. La invisibilidad a la que les estamos sometiendo está en el origen de muchos de los 'problemas sicopatológicos' que sufren estos menores después de emigrar.

Desde esta ventana queremos recordar que de acuerdo con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño (UNICEF, 2006), así como de lo establecido por las leyes nacionales e internacionales de protección a la infancia, la llegada de un menor migrante no acompañado a cualquier territorio del Estado español supone la obligación legal de su tutela por parte de las administraciones autonómicas como administración responsable de la protección a la infancia. Por tanto, para las comunidades autónomas del Estado español, la acogida de los niños, niñas y jóvenes extranjeros en situación de desamparo no es una opción, es una obligación legal. Una obligación legal que finaliza justo cuanto un joven cumple la mayoría de edad en los centros de tutela, generando a partir de este momento una situación de indefensión que es necesario abordar.

La situación que vivimos pone de manifiesto la urgente necesidad de articular en las comunidades autónomas una red de centros estables de preautonomía que garanticen la atención a los jóvenes extutelados una vez cumplidos los 18 años, asegurando la continuidad de su proceso de integración y autonomía. Al igual que se debe abordar una ampliación de la red de centros de tutela a los niños y niñas menores en situación de desamparo que llegan a las costas españolas, de forma que se garantice el cumplimiento de la legislación en esta materia y la necesaria protección de los menores.