Año nuevo, reglas fiscales nuevas

Durante los cuatro años de 'suspensión', las administraciones públicas han aprovechado la relajación en el control del déficit y la deuda para gastar con 'manga ancha', lo que casi duplica la ratio de deuda pública establecida como umbral de referencia (60%), al elevarla del 98% en 2019 a un previsto 110% en 2023, y manteniendo el déficit público claramente por encima del nivel de referencia del 3%. Más allá de la reactivación de las reglas fiscales, estos datos se interpretan como un claro signo de vulnerabilidad y deterioro de las finanzas públicas españolas.

En este contexto de altos niveles de endeudamiento, el Consejo alcanzó un acuerdo de reforma del marco de gobernanza económica con el objetivo de compatibilizar las prioridades de construir un futuro más digital, ecológico y resiliente con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este acuerdo, que aún está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, pretende volver a dotar de certidumbre a los mercados financieros y reforzar la confianza en las economías europeas.

Las nuevas reglas incorporan una aplicación gradual para que no afecte al crecimiento y son más flexibles en su ritmo de ajuste, siempre que los países aseguren cada año una trayectoria descendente, pudiendo beneficiarse de un plazo de hasta siete años, cuando se comprometan a realizar reformas e inversiones en favor de la sostenibilidad y el crecimiento. A priori, parece que España, con los datos que presenta, se acogerá al plan de 7 años que le exigirá un plan de reformas estructurales adicionales y será responsabilidad del Gobierno de España establecer una estrategia fiscal más ajustada y exigente con el gasto que el actual Plan de Reequilibrio.

Ahora es el Congreso quien tiene que debatir cómo las nuevas reglas fiscales participan en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas. El centro de la discusión se encuentra en los criterios de reparto del déficit propuesto por Bruselas, pues definirá el objetivo de déficit para las comunidades autónomas y necesariamente implicará la elaboración de sus propios planes de reequilibrio. Este proceso debería estar basado en el diálogo y la negociación, en lugar de las amenazas desde la 'posición dominante' de la Administración Central.

Por su parte, es tarea del Gobierno regional evaluar con escenarios alternativos cómo puede afectar a la estabilidad presupuestaria regional el contexto actual y al que nos encaminamos. A priori las nuevas reglas para las CCAA serán más restrictivas en el cumplimiento del déficit, lo que requerirá seguir trabajando en la reasignación y eficiencia de los recursos públicos para hacer frente a los servicios esenciales.

Finalmente, sería conveniente que la aprobación de los nuevos objetivos de déficit para las CCAA vaya acompañada del compromiso de revisar el sistema de financiación autonómica con criterios de equidad real, transparencia y eficiencia. De ello depende que la prestación de los servicios públicos fundamentales, como sanidad o educación, sean garantía del estado del bienestar. Además, para modular las políticas de uso discrecional en el sentido de sus prioridades, las CCAA deben competir en igualdad de condiciones para ganar en competitividad y así reducir la amplia brecha existente en términos de productividad y renta per cápita, porque una deficiente financiación produce desigualdades territoriales, perpetuando diferencias en los niveles educativos, reduciendo el atractivo a las inversiones, generando un empleo de peor calidad y, en consecuencia, limitando las oportunidades de las próximas generaciones. La cohesión territorial requiere de una mayor redistribución de renta y para ello es imprescindible que exista mayor solidaridad territorial. Tomen nota las llamadas comunidades autónomas más competitivas.