La noria educativa

La sociedad española soporta este comportamiento irritante porque la educación no le preocupa. Lo siento, pero cada palo tiene que aguantar su vela. No es una impresión subjetiva, es lo que muestran las encuestas del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. Entre ellas nunca está la educación. En 2015, en 'Despertad al diplodocus', afirmé que nuestro sistema educativo era un diplodocus dormido, pero que podía convertirse en un sistema de alto rendimiento en el plazo de cinco años. Han pasado seis, sigue igual de dormido, y parece que va a seguir así legislatura tras la legislatura... hasta que la sociedad comprenda que este asunto le afecta profundamente, y firme ella un pacto educativo previo que después pueda imponer a los políticos.

¿Por qué somos incapaces de llegar a un pacto, sin el cual las leyes seguirán yendo y viniendo como las golondrinas? Tal vez la causa principal sea el fracaso de la política en nuestra nación. Hay dos modos de hacer política. Uno, basado en el conflicto. Otro, centrado en los problemas. Voy a llamar a la primera 'política ancestral' y a la otra 'política ilustrada'. Las dos se basan en un hecho evidente: los intereses, las creencias, las aspiraciones de las personas se oponen inevitablemente. La 'política ancestral' plantea este hecho en términos de conflicto. El desenlace debe ser la victoria de un bando sobre otro. Y si la aniquilación es posible, mejor. Es la política tal como la definió Carl Schmitt. Su esencia es la oposición amigo-enemigo. La 'política ilustrada' no lo formula en términos de conflictos, sino de problemas. Tenemos un problema común, ¿cómo podemos resolverlo? En este planteamiento no hay un enemigo al que derrotar, sino alguien con quien tengo que contar para resolver un problema.

Durante la pandemia ha sido necesario recordar una y otra vez que no se trataba de un conflicto entre partidos, sino de un problema común: la enfermedad. Nuestra tradición política ha sido conflictiva. En poco más de un siglo hubo más de veinticinco pronunciamientos militares, cuatro guerras civiles, seis constituciones (1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931, más dos que no llegaron a entrar en vigor). La Transición tuvo éxito porque fue un periodo de 'política ilustrada': las fuerzas políticas no se dedicaron a despedazarse, sino a resolver un problema, y lo consiguieron.

La política educativa sigue planteada en términos ancestrales. Los debates son inútiles porque previamente se falsea al adversario, para quitarle toda legitimidad. Después de falsearle se le alancea fácil e inútilmente. Nadie intenta pensar sobre los argumentos ajenos, porque se considera una debilidad. Piensen ustedes en esas esperpénticas sesiones de control al gobierno, broncas, vacuas y desmoralizadoras.

Pondré un ejemplo para mostrar que la 'política ancestral' domina nuestro panorama educativo: el enfrentamiento entre escuela pública y escuela concertada. ¿De qué se trata? De que, para unos, es el Estado quien tiene que garantizar el cumplimiento del derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para otros, en cambio, atribuir en exclusiva al Estado la educación facilita el adoctrinamiento político, tal como se vio en la España franquista. Los partidos conservadores y la Iglesia temen el poder del Estado, cosa que no temieron durante la dictadura. Los partidos de izquierdas que durante el franquismo querían una escuela libre de la injerencia adoctrinadora del Estado, ahora quieren una escuela pública estatal. Hay una diferencia. En una democracia, el poder adoctrinador del Estado queda reducido, pero para eso tiene que ganarse la confianza de los ciudadanos, cosa que en España no ha conseguido y que solo un pacto puede conseguir.

Planteemos la cuestión en modo problemático. ¿Cuál es el problema? Conseguir que nuestros alumnos reciban la mejor educación posible. ¿Podemos ponernos de acuerdo en definir qué es una buena educación? Si aparcamos las diferencias ideológicas, desde luego. La escuela tiene tres grandes objetivos: ayudar a cada alumno a desarrollar al máximo sus capacidades, preparar para el mundo laboral, y formar buenos ciudadanos, informados y críticos. El Estado debe asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad y, además, intentar corregir el influjo negativo que tiene la procedencia socioeconómica de los alumnos.

Para garantizar este derecho debe financiarlo, regularlo, vigilar su cumplimiento. Y debe preguntarse cuál es el modo de gestión más eficiente, es decir, mejor para los alumnos y para toda la sociedad. No puede dejarlo completamente en manos de la iniciativa privada, porque es el Estado quien tiene la obligación de que en todos los lugares haya una escuela, pero eso no quiere decir que todas las escuelas tengan que ser estatales. La competencia del Estado es que el derecho a la educación –que no es del Estado, ni tampoco de los padres, sino de los alumnos, a ser bien educados– se cumpla. Y para eso debe buscar ayuda en toda la sociedad: en los municipios, en las asociaciones particulares, en las ONG, en las empresas.

La 'política ancestral' no va a resolver nunca el problema educativo. Por eso, una vez más defiendo y añoro una 'política ilustrada'.